El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez vuelve a presionar a los jueces, en este caso a los magistrados del Tribunal Supremo para que no priven del derecho a voto a quienes han adquirido la nacionalidad española a través de la ley de nietos.
En el marco de un acto del PSOE en Ponferrada (León), el líder del Ejecutivo cargó contra la posibilidad de que el alto tribunal deje fuera del censo a este colectivo, cuestionando si en las próximas urnas "los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar, y los nietos del régimen franquista sí".
Las tajantes palabras del mandatario se produjeron de forma paralela a las deliberaciones de la Sala de lo Contencioso-Administrativo, que finalmente no hizo pública este domingo su resolución definitiva sobre el asunto
Durante su intervención, Sánchez defendió la plena legalidad de las nacionalidades concedidas —la mayoría a residentes en Latinoamérica— y apeló directamente a los magistrados para que detengan lo que calificó como un "atropello" impulsado por Feijóo y Abascal, esgrimiendo que en democracia el voto se garantiza y no se prohíbe.
Nunca les gustó la Ley de Memoria Democrática. ¿Qué pasa, que los nietos de los exiliados del franquismo no van a poder votar y los nietos del régimen franquista sí? Le pido al Tribunal Supremo que frene este atropello. Porque en una democracia, el derecho al voto no se prohíbe, ¡se garantiza!
— Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) October 11, 2026
El litigio judicial se remonta al 8 de septiembre, fecha en la que el Supremo dictó medidas cautelares a petición de Vox e Iustitia Europa.
La decisión dejó en suspenso la inscripción censal de quienes obtuvieron el DNI español apoyándose en la instrucción dictada por Sofía Puente, directora general de Fe Pública y hermana del ministro de Transportes.
Dicha directriz eximía a los solicitantes de probar persecución política para ser considerados descendientes de "exiliados" entre 1936 y 1955, facultándoles además para adscribirse a la provincia electoral que desearan sin haber vivido jamás en España.
Pese al recurso de la Abogacía del Estado el 21 de septiembre —donde alertaba de la imposibilidad consular de cribar expediente por expediente antes de 2027, obstáculo agravado tras el adelanto de las elecciones al 29 de noviembre—, la Sala optó por congelar la totalidad de las inscripciones de esta vía al no poder certificar el Gobierno cuáles corresponden a la polémica norma de Puente.
El presidente remarcó que estos electores ya ejercieron su derecho en los comicios generales de 2023 y en las citas autonómicas de 2024 y 2025, tachando de "bulos" las denuncias de la oposición sobre el voto por correo y acusándoles de buscar "urnas vacías".
Maricarmen por bandera
En otro orden de cosas, Sánchez buscó abanderar el ámbito social situando el caso de Maricarmen Abascal —fallecida tras ser desahuciada en Madrid— como eje de su promesa para un futuro "Gobierno de la gente".
Aunque achacó el lanzamiento a la inacción del Gobierno municipal y autonómico del PP, la expulsión de la vivienda se ejecutó bajo el paraguas de la Ley de Arrendamientos Urbanos aprobada bajo el mandato de Felipe González.
Frente al desalojo, el Consistorio madrileño facilitó un acuerdo con los propietarios para prolongar la estancia y la Comunidad tramitó una plaza en residencia previa a su fallecimiento el pasado miércoles en el hospital.
Desde la llegada de Sánchez a la Moncloa se contabilizan más de 270.000 ejecuciones hipotecarias y desahucios en el país.
El jefe del Ejecutivo concluyó el mitin de precampaña sin dedicar ninguna alusión a Ceuta, que visitarán los Reyes Felipe y Letizia el próximo martes tras contar con la preceptiva autorización de Moncloa.