El censo de españoles que viven fuera de España no para de crecer. Pero hay un país donde en el último mes está pasando justo lo contrario: Cuba.
Según los datos de la Oficina del Censo Electoral, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), la lista de españoles que viven en el extranjero y pueden votar, ha sumado otros 15.141 electores en septiembre. Y ya son 2.762.829.
En ese mismo mes, Cuba ha perdido 1.018, todos en el consulado de La Habana. Y eso que es el quinto país del mundo con más votantes españoles: 168.020, solo por detrás de Argentina, Francia, Estados Unidos y México.
¿Qué ha pasado? Fuentes diplomáticas consultadas por EL ESPAÑOL lo tienen claro: "Una vez obtenida la nacionalidad, habrán venido a España o ido a otro país".
Es, según estas fuentes, "lo más normal con cubanos o venezolanos de origen que adquieran nuestra nacionalidad". De hecho, Venezuela también ha perdido electores en septiembre (-197), aunque menos que Cuba.
Para entenderlo, hay que saber cómo funciona el censo. Un cubano que obtiene la nacionalidad española se inscribe en el consulado de La Habana. A partir de ese momento entra en el CERA y puede votar en las elecciones españolas desde Cuba.
Pero si después hace las maletas y se instala en España, se da de baja en el consulado. Ya no cuenta como español en el extranjero.
Cuba vive desde hace años un éxodo sin precedentes. Según las cifras del INE, al menos 35.200 cubanos emigraron a España en 2025, y eso sin contar a quienes llegaron ya con pasaporte español, que la estadística registra como españoles.
Ahí está la clave, alertan esas mismas fuentes diplomáticas. El debate sobre la ley de nietos se ha centrado tanto en sus efectos electorales que se está pasando por alto su otra gran consecuencia: abrir a cientos de miles de personas la puerta para venir a vivir a España.
Crece el CERA
La ley de nietos, incluida en la Ley de Memoria Democrática de 2022, permite pedir la nacionalidad a hijos y nietos de españoles que se exiliaron por la Guerra Civil y la dictadura.
La ley exigía demostrar que el abuelo huyó por motivos políticos. Pero una instrucción del Gobierno de octubre de 2022 dio por hecho que era exiliado todo el que se fue de España entre 1936 y 1955, aunque fuera a buscar trabajo.
Esa presunción abrió la puerta a cientos de miles de solicitudes y ha disparado el censo exterior. Desde las generales de julio de 2023, el CERA ha sumado 435.441 electores, un 18,7% más.
El censo de españoles en Cuba también ha crecido en esta legislatura. En las generales de 2023 había 152.796 electores. En agosto de este año eran 169.038, unos 16.000 más.
Pero casi todo ese crecimiento se produjo en 2023 y 2024. Desde entonces, el censo de Cuba apenas se mueve: en todo 2025 sumó 1.653 electores, y entre enero y agosto de 2026, solo 127.
En septiembre, cae con fuerza. Ya había perdido electores en abril (-176) y mayo (-236), pero nunca tanto: la caída de septiembre es más de cuatro veces mayor.
Tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática, se produjo un aluvión de peticiones que ha desbordado los consulados.
El más afectado es el de Buenos Aires, con unas 645.000 solicitudes. Le sigue La Habana, la segunda oficina del mundo con más interesados, con unas 350.000.
Para hacerle frente, Exteriores contrató por 1,1 millones de euros al grupo Palco, una empresa del régimen cubano, para poner 87 auxiliares en el consulado de La Habana, como ya publicó EL ESPAÑOL.
El contrato lo firmó el cónsul general, Antonio Álvarez Barthe, el 1 de enero de 2025, y es plurianual.
Palco no es una empresa cualquiera. Es un conglomerado del Gobierno cubano, fundado por Abraham Maciques, amigo personal de Fidel Castro, y tiene el monopolio de los servicios a las embajadas extranjeras en la isla: alojamiento de diplomáticos y contratación de personal local.
También gestiona el Palacio de Convenciones de La Habana, donde se celebran los congresos del Partido Comunista de Cuba.
El PP ha pedido explicaciones al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por este contrato.
Freno del TS
El 10 de septiembre, a petición de Vox y de Iustitia Europa, el Tribunal Supremo congeló de forma cautelar el voto de quienes se nacionalizaron sin acreditar el exilio. Y frenó sus nuevas inscripciones en el censo.
Ese freno todavía no se ve en estos datos porque este censo es anterior y recoge las altas anteriores a ese auto, que llegó diez días después.
Ahora el Supremo tiene que decidir si mantiene esa congelación para el 29-N. El Gobierno y la Fiscalía piden levantarla. Vox pide endurecerla, e Iustitia Europa ha llegado a pedir que se aplace la votación. La decisión se espera en los próximos días.
Según la Abogacía del Estado, La Habana está entre los consulados con más afectados.