El Partido Popular modificará la Ley de Extranjería para ejecutar las devoluciones en un plazo máximo de 48 horas en cuanto asuma el Gobierno de la nación. Ésa será la primera medida en un eventual Consejo de Ministros presidido por Alberto Núñez Feijóo, para empezar a solucionar la crisis abierta tras el asalto masivo a Ceuta los pasados 30 y 31 de julio.
Tras el adelanto de los comicios al próximo 29 de noviembre anunciado por Pedro Sánchez, Feijóo sitió la crisis en la ciudad autónoma en la cima de sus prioridades ejecutivas al prometer que, si se convierte en presidente, su primer Consejo de Ministros situará esta emergencia como la "primera carpeta" sobre la mesa del Gobierno.
El líder popular eligió Ceuta, el pasado martes, para lanzar su ofensiva electoral, en la que fue su quinta visita desde "la invasión".
La portavoz del PP, Ester Muñoz, garantiza que "no van a volver a pasar meses hasta que la gente que entra ilegal en nuestro país se vaya". Según la dirección popular, el Ejecutivo de Sánchez se ha negado de forma deliberada a aplicar este mecanismo exprés pese a ser "totalmente viable" dentro del ordenamiento jurídico europeo vigente.
"Blindaremos la frontera para evitar que Ceuta vuelva a sufrir entradas masivas", añade Muñoz, remarcando que "España no va a volver a ser invadida, como ha ocurrido ya dos veces bajo el mandato de Sánchez, en 2021 y en 2026".
Para lograrlo, los populares comprometen un mayor despliegue policial, firmeza en las leyes y un refuerzo permanente de la vigilancia en el perímetro fronterizo.
El compromiso de Génova pasa por cortar de raíz el "efecto llamada" e impedir que las entradas irregulares se prolonguen en el tiempo sin respuesta del Estado.
De hecho, la dirección popular recuerda que ya presentó el pasado 16 de julio, antes del asalto masivo, una proposición de ley para reformar la normativa migratoria, pero "el Gobierno la dejó parada en el Congreso". A su juicio, con aquella iniciativa "se habría evitado gran parte de la invasión".
También el vicesecretario de Cultura y portavoz nacional, Borja Sémper, ha garantizado que, con Feijóo en Moncloa, "ninguna ciudad española volverá a sentirse sola si es asaltada". Es más, advierte de que "España no puede absorber más inmigración irregular sin trabajo" y promete que el PP reparará de inmediato "el daño causado" en la frontera sur.
Sémper ha enmarcado el drama fronterizo en la "degradación y erosión de las instituciones" provocada por el sanchismo. "A los políticos se nos elige para solucionar los problemas, no para engordarlos; para apagar los fuegos, no para avivarlos", ha sentenciado.
Esta batería de propuestas, lanzadas en un coloquio celebrado en el Club Siglo XXI, contrasta con la posición del Gobierno de Sánchez máxima en Bruselas, que llegó a votar en contra del nuevo reglamento europeo de retornos que buscaba agilizar las expulsiones en el conjunto de la Unión Europea.
Borja Sémper y Ester Muñoz, portavoces de campaña del PP para el 29-N, junto a Paloma Segrelles, el pasado jueves en el Club Siglo XXI.
A esa negativa se suma la falta de activación de los mecanismos de respuesta rápida que la propia legislación europea pone a disposición de los Estados miembros ante crisis fronterizas graves, tal como denunciaron hasta 22 primeros ministros, en una carta conjunta a inicios de agosto, tras la invasión.
Pese al colapso del perímetro y la saturación de los servicios locales, el Ministerio del Interior declinó recurrir a Frontex y sus herramientas de emergencia o pedir el despliegue inmediato de efectivos internacionales de apoyo, hasta pasado un mes del asalto.
"Ninguno ha sido devuelto"
En el plano operativo interno, la parálisis fue aún más drástica a los pocos días de registrarse el asalto masivo. La Delegación del Gobierno en Ceuta dio la orden expresa de paralizar el impulso a las "salidas voluntarias" hacia Marruecos, frenando el canal que permitía descongestionar el flujo de personas en las primeras horas.
Esta directriz dejó congelados los retornos inmediatos y empujó a la ciudad autónoma a "una crisis acumulativa sin precedentes", según denuncia su presidente, Juan Jesús Vivas.
Frente a este escenario de bloqueo, el Gobierno de Ceuta ha denunciado abiertamente la "falta de prevención, inacción y abandono" por parte del Ejecutivo central.
Las autoridades locales critican la mutación repentina de criterio en Moncloa, que pasó a someter la gestión al "procedimiento ordinario de la Ley de Extranjería". Una vía burocrática que el propio Ejecutivo local considera "inviable e incomprensible", sabiendo que "la única solución es el retorno de todos los invasores".
Tras más de dos meses de crisis y poco más de 4.000 triajes realizados, Ceuta no tiene constancia de "ningún expediente de devolución ejecutado" ni de un calendario de retorno a la normalidad.
La parálisis administrativa mantiene congelado el destino de "no menos de 15.000 personas que permanecen en la ciudad". Y sobre todo, incrementa las alarmas en el gobierno local sobre la reacción de quienes rechazan ser filiados cuando reciban las notificaciones oficiales de expulsión.
El portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, ha alertado de que Ceuta soporta una sobreocupación del 9.750% en los recursos de menores tutelados, albergando a 2.857 menas en 20 centros de emergencia, a fecha oficial de 8 de octubre.
Ramírez advierte además de que el consistorio está ya "en situación de quiebra financiera", dado que el Consejo de Ministros sigue retrasando la aprobación del decreto con los 40 millones de euros prometidos para sufragar los sobrecostes en seguridad, residuos y la urgente restauración ambiental de la playa del Trampolín.