"A día de hoy, Ceuta cerraría el ejercicio 2026 en situación de quiebra". Así lo confirman a este diario fuentes del Gobierno de la Ciudad Autónoma.
El Ayuntamiento sigue esperando los 40 millones de euros para sufragar los gastos extraordinarios derivados del asalto masivo de finales de julio, que el Ejecutivo local califica de "invasión".
El decreto, anunciado para mediados de septiembre, acumula dos semanas de retraso pese a estar "técnicamente terminado", según sostiene el Gobierno.
El vicepresidente y portavoz ceutí, Alejandro Ramírez, atribuye estos aplazamientos a "razones políticas".
Ramírez considera que Moncloa quiso centrar la atención en los decretos de vivienda y evitar que Ceuta apareciera en las comparecencias posteriores al Consejo de Ministros. "Yo entiendo que habrá sido porque todo estaba focalizado en los alquileres y los desahucios", señala en declaraciones a este periódico.
Ramírez admite que no puede dar por seguro oficialmente ese motivo concreto, pero el reproche coincide con el vuelco en la actividad del Ejecutivo de Pedro Sánchez desde el desahucio de Maricarmen, el pasado 23 de septiembre.
Sin embargo, la espera compromete las cuentas municipales, porque los servicios extraordinarios ya se están prestando, "desde hace 70 días", y generan gasto cada jornada. Sin esa financiación, advierte el portavoz, "Ceuta no va a poder atender a sus gastos ordinarios".
La presión resulta especialmente intensa en la atención a menores: la ciudad acoge ya a 2.857 menas, es decir, una treintena más en las últimas 24 horas, según el dato actualizado este jueves. Con un coste estimado de 100 euros diarios por menor, la factura mensual roza los 8,6 millones de euros.
Además, la incertidumbre tampoco tiene una fecha de finalización: el Gobierno ceutí no conoce cuándo comenzarán las devoluciones a Marruecos ni cuándo recuperará la normalidad.
A pesar de las cifras de las que presumía Ángel Víctor Torres este jueves en Ceuta, Ramírez asegura que no les consta "ningún expediente de devolución" no voluntaria culminado con la entrega de la persona a las autoridades marroquíes.
Y es que "los 5.603 retornos" de los que habló el mando único designado por Sánchez a finales de agosto son, esencialmente, migrantes marroquíes que regresan de manera voluntaria: al iniciarse los expedientes de expulsión y los triajes, muchos deciden regresar al constatar que no hay posibilidad de regularización.
El Gobierno central los contabiliza como "retornos", pero el Gobierno local de Ceuta no los considera devoluciones oficiales ejecutadas por el Estado.
Tres consejos sin Ceuta
El ministro Torres prometió el 29 de septiembre que el decreto se aprobaría en el siguiente Consejo de Ministros. No salió adelante ni en el de aquel martes, ni en el extraordinario del lunes 5 de octubre, para las elecciones anticipadas, ni en el del día siguiente.
El lunes, Sánchez disolvió las Cámaras y convocó urnas para el 29 de noviembre. El martes, el Ejecutivo volvió a aprobar los decretos de vivienda que PP, Vox y Junts habían tumbado el viernes 2 de octubre, acumulando tres consejos de ministros sin abordar la emergencia de Ceuta.
Ramírez admite que desde Moncloa se les ha transmitido la seguridad de la aprobación del decreto "próximamente". Y Torres reiteró este jueves que los 40 millones cubrirán "costes esenciales de emergencia, con especial prioridad en la alimentación y el mantenimiento de los espacios de acogida temporal".
Pero el gobierno local rechaza que la ayuda se presente como una aportación para asegurar "la suficiencia financiera" de Ceuta. Su finalidad, sostiene, es "compensar gastos los extraordinarios generados por la invasión que, si se hubiese evitado o, después, gestionado con eficacia, no tendríamos que estar afrontando desde Ceuta".
Incluyen limpieza, recogida de residuos, seguridad, recuperación de montes y playas, vallados como los instalados alrededor de la desaladora, actuaciones en materia educativa y alimentación desde Asuntos Sociales. Son servicios adicionales que absorben recursos municipales mientras la financiación sigue pendiente.
"Más que garantizar la estabilidad presupuestaria", se trata de "evitar que el Ayuntamiento vaya a la quiebra", ha afirmado.
El portavoz estima que permanecen en Ceuta más de 15.000 personas, entre adultos y menores, y reclama recuperar la situación anterior a finales de julio.
Además, esos 40 millones tampoco cubren gastos si la emergencia se prolonga durante 2027, "y a este ritmo, es lo más probable". Esos fondos responden al gasto previsto hasta el fin del mando único, el 31 de diciembre.
Por ejemplo, respecto a los menores, la ciudad ha pasado de tres recursos ordinarios de acogida a 10 en total justo antes del asalto masivo de julio, y ya ha alcanzado la veintena actualmente. Ramírez cifra la sobreocupación en el 9.750% y reivindica el trabajo de los equipos municipales para acondicionar instalaciones y atender a los menores.
El portavoz reclama ayuda no sólo financiera, sino también de personal y medios materiales. Rechaza que se descargue la responsabilidad sobre el área de menores y sostiene que la situación desborda las capacidades de la ciudad.
Seguridad y recuperación ambiental
Además, el Consejo de Gobierno ha autorizado un convenio de 121.000 euros con la Fundación Raíces para la integración social y laboral de menores tutelados.
También ha aprobado este jueves 98.100 euros adicionales para contratar vigilancia urgente frente a posibles actos de vandalización en el cementerio musulmán de la ciudad. El refuerzo permitirá liberar policías locales para otras tareas y se pagará con el fondo de contingencia, al tratarse de un gasto sobrevenido.
La limpieza del Trampolín acumulaba este jueves unas 300 toneladas de residuos retirados, según Ramírez. A la recogida se añaden maquinaria pesada, tratamiento de desechos y recuperación ambiental, costes que se deberían cubrir con el dinero del decreto, "cuando llegue".
La ciudad evalúa con agentes medioambientales del Ministerio de Transición Ecológica los daños en el Trampolín, Benítez y su entorno. Tampoco el Ejecutivo central ha entregado un calendario para recuperar esos espacios: el portavoz afirma que los trabajos dependen de los requerimientos del Gobierno central y las fuerzas de seguridad.
Ramírez critica que el desalojo del Trampolín haya desplazado a numerosas personas al entorno del Colegio Príncipe Felipe, junto al Tarajal, sin resolver su alojamiento. Calcula unas 6.000 alojadas en campamentos y menciona otro previsto junto a la nueva cárcel para otros 2.000 migrantes.
Tras dos meses y cerca de 4.000 triajes, reclama medios suficientes para terminar "cuanto antes" los expedientes de devolución. "No tenemos fecha de inicio de las devoluciones a Marruecos ni fecha estimada de vuelta a la normalidad", ha lamentado.
La falta de plazos prolonga también la presión financiera. Mientras continúen los servicios extraordinarios y no llegue la ayuda, advierte el Gobierno ceutí, el Ayuntamiento seguirá comprometiendo recursos que necesita para atender sus obligaciones ordinarias.