Ana María Fuentes, la elegida por el PSOE para administrar la campaña de Pedro Sánchez para el 29-N está imputada por nueve delitos en el caso de las cloacas socialistas, conocido como caso Leire.
La gerente del partido fue nombrada el pasado lunes responsable de Administración del Comité Electoral mientras sigue investigada como presunta autora de falsedad mercantil y, "al menos como supuesta cómplice", de los demás delitos atribuidos a la trama.
El juez Santiago Pedraz investiga su posible participación en organización criminal, cohecho, revelación de secretos, inducción al falso testimonio, acusación falsa, falsedad en documento mercantil, prevaricación, tráfico de influencias y delito contra las instituciones del Estado.
La investigación sitúa el origen de los encargos a Leire Díez en abril de 2024, durante los "cinco días de reflexión" de Sánchez tras la imputación de su esposa, Begoña Gómez.
Según el escrito de la Fiscalía Anticorrupción, el grupo liderado por Santos Cerdán, entonces secretario de Organización del PSOE, habría utilizado la estructura logística y financiera del partido para desestabilizar procedimientos judiciales y actuaciones policiales que podían afectar a la formación política, al Gobierno o a familiares del presidente.
Las diligencias recogen ofrecimientos de dinero o favores a guardias civiles y fiscales, así como maniobras para interferir en investigaciones y atacar la credibilidad de la UCO. El objetivo atribuido al grupo era proteger intereses políticos y personales que resultaban afectados por la apertura de distintas causas judiciales.
La investigación también alcanza el presunto acoso a Beatriz Biedma, la juez que instruyó en Badajoz la causa contra David Sánchez, como desveló EL ESPAÑOL en primicia.
Una presunto miembro del clan de Los Rochos, Cintia Rocho, declaró ante la UCO que el ex juez Luis José Sáenz de Tejada, intermediario de la fontanera del PSOE, le dijo que la magistrada era "un puto grano en el culo" y que "había que eliminarla". La testigo interpretó que pretendían causarle "daño físico".
Biedma declaró este jueves como perjudicada por los seguimientos y el hostigamiento sufridos.
La gerente del PSOE habría aportado el soporte económico y documental de las operativas. Anticorrupción la sitúa en el circuito de encargos y facturas que habría permitido canalizar pagos hacia Díez a través de sociedades interpuestas.
Las notas bajo sospecha
La actuación concreta atribuida a Fuentes se centra en las posibles "mendaces notas de encargo". Según el informe fiscal, la gerente habría emitido órdenes sobre las que se elaboraban facturas falsas, utilizadas para justificar transferencias a sociedades vinculadas a Gaspar Zarrías y a los abogados Ismael Oliver y Jacobo Teijelo.
El objetivo habría sido pagar a Díez sin identificar al verdadero ordenante. Cerdán habría acordado una remuneración de 4.000 euros mensuales con fondos del PSOE para financiar sus actividades, mientras las facturas y los contratos aparentes permitían dotar de cobertura documental a los desembolsos.
Pedraz precisó el pasado mes de julio el alcance de la actuación atribuida a Fuentes y al exjefe de Gabinete de Sánchez, Juan Manuel Serrano. El magistrado sitúa a Fuentes "más en la figura de la coautoría o complicidad que como responsable principal del delito de organización criminal o los demás cometidos", sin perjuicio del resultado de la investigación.
Sin embargo, ella ha sido la elegida por la Comisión Ejecutiva Federal, presidida por Sánchez el pasado lunes en Ferraz, como administradora de la campaña electoral para las elecciones anticipadas del 29 de noviembre.
Las maniobras de la trama
El auto de este viernes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, describe a un grupo dirigido por Cerdán y coordinado por Díez, "con la colaboración de la gerente", que habría actuado para proteger intereses del PSOE.
El relato judicial vincula esas actuaciones con la pretensión de desestabilizar causas judiciales y diligencias policiales que afectaban a dirigentes socialistas o a la familia de Sánchez.
En su escrito, Anticorrupción ya citaba ofertas a los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa y una propuesta económica que el antiguo responsable de la Policía Judicial de Sevilla, Rafael Salvador Moreno, declaró haber rechazado.
La revelación de secretos se relaciona con información sobre la DIECAN de la UCO, descrita como secreto oficial. El informe también recoge intentos de comprar la voluntad de una demandante en un procedimiento contra Grinda y maniobras para atribuir filtraciones a la Guardia Civil.
Fuentes señaló a Cerdán
Fuentes declaró como investigada el 9 de septiembre y descargó en el secretario de Organización Cerdán la decisión de contratar a los abogados y realizar los encargos. Defendió que se limitaba a aprobar la ejecución de los pagos y que no determinaba el contenido de los trabajos ni supervisaba su prestación.
Anticorrupción afirma que Fuentes no supo especificar qué servicios prestaron Oliver y Teijelo. Según las fiscales, Cerdán los contrató "con absoluta libertad", sin más control que la posterior entrega de notas de encargo y facturas para autorizar los abonos.
Y ahí está la clave para la más que posible imputación del PSOE como persona jurídica en el caso Cloacas, solicitada por la acusación popular, dirigida por el PP en este sumario.
El representante legal de los populares sitúa a Fuentes como responsable de cumplimiento normativo en el momento de los hechos investigados. Para Anticorrupción, las declaraciones practicadas apuntan a que no existían controles efectivos sobre los pagos que gestionaba Cerdán, aunque reclama completar las diligencias para establecer su alcance.
Administradora de la campaña
Ahora, el PSOE la ha designado responsable de Administración del Comité Electoral. En el momento en el que este nombramiento sea comunicado oficialmente a la Junta Electoral Central, el cargo le haría responder de los ingresos, gastos y contabilidad electoral del PSOE y de todas sus candidaturas.
Como gerente y responsable económico-financiera de la campaña, Fuentes responde de la regularidad contable de las cuentas anuales y de las funciones de supervisión, pagos y gastos que tenga atribuidas.
Al asumir formalmente la administración electoral general, la LOREG le atribuirá responsabilidad sobre los fondos y la contabilidad de campaña.
La ley castiga a los administradores que falseen de forma consciente las cuentas electorales y a quienes se apropien o desvíen fondos de las cuentas para fines distintos de los legales.
Pedraz ha rechazado "en este momento" imputar al PSOE como persona jurídica, como pidió el PP. Pero la decisión no cierra esa vía. De hecho, el juez deja para después de nuevas diligencias la valoración sobre si el partido debe ser llamado como investigado.
Entre otras cosas, porque Anticorrupción ve "un indicio de singular relevancia" en la utilización de fondos del PSOE para pagos relacionados con presuntos delitos de corrupción.
La Fiscalía sostiene que el partido habría "puesto estructura logística y financiera a disposición" del grupo, pero reclama completar el análisis de pagos, autorizaciones, controles y beneficio para el PSOE.
La clave será la declaración de Cerdán y el análisis de la documentación incautada y requerida al PSOE. Pedraz debe concretar quién ordenó los pagos, quién disponía de las cuentas, cómo se contabilizaron y si existieron mecanismos de vigilancia o doble firma que permitieran impedirlos.
El secretario general del PP, Miguel Tellado, ha reivindicado este viernes la acción de su partido: "Hicimos muy bien en pedir la imputación". Según afirmó, la trama "nació en Ferraz, con dinero del PSOE y por orden del 'número 2' de Sánchez".
Tellado vinculó la causa con el nombramiento de Fuentes: "La cloaca se presenta a las elecciones actualmente". Y es que la gerente investigada por falsedad de documentos en la organización criminal del caso Leire es, desde el lunes, la administradora de la campaña electoral para la reelección del presidente del Gobierno.