Decía el expresidente del PNV Xabier Arzalluz que "unos sacuden el árbol y otros recogen las nueces". Cuarenta años después, aquellas palabras sirven para describir el clima político actual.
Los sindicatos llaman a una huelga general a sólo dos días del arranque de la campaña electoral y, en sintonía, varios ministros salen a respaldarla.
La propia directora de Estrategia de la campaña socialista, María Jesús Montero, ha definido la convocatoria como una huelga general "contra la oposición", algo que no han desmentido los propios sindicatos.
El Gobierno afronta así una movilización de la calle en plena precampaña, justo cuando más necesitaba movilizar. Justo lo que quiere Pedro Sánchez.
El ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, admitía este miércoles que en el Ejecutivo "compartimos las reivindicaciones" de los convocantes, mientras que el titular de Hacienda, Arcadi España, lanzaba una indirecta a la oposición: "Si alguien se siente señalado por la huelga, que reflexione".
A la huelga general promovida por el Sindicato de Inquilinas y convocada por UGT y CCOO se han sumado los sindicatos CIG y los vascos ELA y LAB, este último vinculado a Bildu.
De hecho, Bildu lleva tiempo llamando a la "movilización" después de que el Congreso tumbara los decretos del Gobierno con los votos en contra de PP, Vox, UPN y Junts.
Su diputado, Oskar Matute, admitía que hay que "seguir apretando".
Sólo tres días después de la jornada de huelga general, el 14 de noviembre, Bildu celebrará una gran manifestación en Bilbao para "levantar un muro antifascista".
Y a falta de la designación oficial de Ada Colau como candidata del Frente Amplio, la izquierda a la izquierda del PSOE se moviliza.
Colau cuenta, por el momento, con el respaldo de dos de los tres principales partidos de la coalición: Más Madrid y los Comunes. Sólo le falta el espaldarazo final de IU.
Colau advierte a Junts
Durante una entrevista en 2CAT, la exalcaldesa de Barcelona mostraba su aval a la huelga general: "Hay que ponerse detrás de los sindicatos de inquilinos".
Pero incluso advertía a Carles Puigdemont de que, cuando vuelva tras el aval del TC, "tendrá problemas para caminar por Cataluña", como consecuencia del voto contrario de Junts a los dos decretos de vivienda.
Unas protestas que pueden encontrar ahora más fuerza en la calle tras la muerte de Maricarmen.
La vivienda es el principal campo de batalla de la exalcaldesa de Barcelona y exactivista de la PAH (Plataforma de Afectados por la Hipoteca), que comenzó a ser conocida tras varios escraches a políticos al grito de "la vivienda fuera del mercado".
Es el mismo lema que ahora retoman las movilizaciones en Sol y los sindicatos al reclamar medidas intervencionistas en materia de vivienda.
De momento, quedan por convalidar los reales decretos aprobados el martes, aunque todavía no se ha convocado la Diputación Permanente para hacerlo. Todo apunta a que, esta vez, el Gobierno apurará al máximo el plazo de 30 días del que dispone y que la convalidación se aproximará a la fecha de la huelga general, el día 11.
División en los históricos
Los motivos de la huelga son compartidos por toda la izquierda y también por históricos líderes de CCOO y UGT, pese a ser la primera vez que se convoca en plena precampaña electoral y con el respaldo del Gobierno.
Para Cándido Méndez, exlíder de UGT, hay "un cambio de estrategia" al sumarse a la petición de un sindicato como el de Inquilinas, que no es ninguna de las centrales sindicales tradicionales.
A su juicio, "han decidido asumir el riesgo porque sería mayor riesgo darle la espalda a los jóvenes".
En lo que sí discrepa es en el silencio de Pepe Álvarez y Unai Sordo tras admitir María Jesús Montero que es "una huelga contra la oposición" y la "primera vez que no se hace contra un Gobierno".
"No es verdad. Las huelgas se han convocado siempre contra decisiones de Gobierno. No contra Gobiernos", afirma.
A juicio de Méndez, debería haber "un desmentido fulminante" por parte de CCOO y UGT tras estas palabras.
En cambio, Antonio Gutiérrez, exlíder de Comisiones, afirma que la convocatoria "respeta, coincide y es congruente" con la movilización, aunque admite que, al ser un "movimiento previo" a unas elecciones, "puede llevar a cierta confusión".
Lo que espera es que culmine en "un votación general y generalizada contra la derecha" y recuerda que el PP gobierna en 11 comunidades autónomas.
"La derecha ha disociado política e ideología para eludir cualquier responsabilidad" en el asunto de la vivienda, asegura.