Cuando Pedro Sánchez anunció ante el Comité Federal del PSOE, en septiembre de 2024, que estaba dispuesto a gobernar "sin el concurso del Poder Legislativo", quizá le faltó añadir un matiz: que incluso podría hacerlo, también, en contra.
Eso es lo que puede ocurrir si el Consejo de Ministros aprueba este martes un nuevo decreto-ley de vivienda que reproduzca, en lo esencial, las medidas rechazadas el pasado viernes por el Pleno del Congreso. Algunos ministros lo han confirmado, Moncloa admite que lo hará, y que introducirá algún cambio, pero "no sustancial".
Lo que busca el presidente del Gobierno es aprovechar que él mismo disolvió este lunes las Cortes y convocó elecciones para el 29 de noviembre. Porque los decretos ya no regresarían al Pleno de 350 diputados que los tumbó, sino a la Diputación Permanente, un órgano de 69 miembros con una composición distinta y, en este punto, más favorable al Gobierno.
La operación permitiría al Ejecutivo intentar sacar adelante, con otra aritmética, una iniciativa que perdió hace apenas unos días. PP y Vox la califican de una maniobra "tramposa" de un presidente que, por permanecer en el poder, está "dispuesto a todo".
En suma, un intento de corregir en un órgano reducido la voluntad expresada por la Cámara que representa la voluntad del pueblo.
El acuerdo llegaría, además, cuando CCOO y UGT han pactado convocar una huelga general de 24 horas, con la excusa de "reclamar salarios dignos" que permitan acceder a "una vivienda digna".
El mismo Unai Sordo, secretario general de Comisiones, avisaba este lunes de que ambos sindicatos mantendrán "la tensión" en las calles hasta las elecciones del 29-N.
Será la primera huelga general del sanchismo, y sólo llega cuando el líder del movimiento ya parece estar de salida y busca volver esa tensión contra "la ola reaccionaria" que identifica con "la peor oposición de derechas de Europa", como única alternativa a su continuidad en Moncloa.
El PNV, atrapado
La clave está en los números. Junts fue decisivo para tumbar los decretos en el Pleno, donde dispone de siete diputados, pero tiene un solo representante en la Permanente, igual que ERC, EH Bildu, PNV y el Grupo Mixto.
El PP cuenta allí con 27 miembros; el PSOE, con 25, incluido el voto de la presidenta del Congreso, Francina Armengol; y Vox y Sumar, con seis cada uno. PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y Podemos sumarían 34 votos, frente a los 34 de PP, Vox y Junts.
El PNV es el que tiene el voto decisivo, y está atrapado entre su "sí crítico" del Pleno y la triquiñuela política, contraria a su tradición institucional. Si respalda al Gobierno, los decretos saldrían adelante por 35 votos contra 34, la mayoría mínima necesaria en el órgano.
Conscientes del embrollo, los nacionalistas vascos no han comprometido aún su posición. Exigen conocer la letra final, reclaman protección para las personas vulnerables, pero también seguridad jurídica y garantías para el pequeño propietario.
Es cierto que el Gobierno no entra en funciones por convocar elecciones: conserva todas sus facultades hasta que se celebren, el 29-N. Y que la Diputación Permanente tiene competencia constitucional para convalidar o derogar decretos-ley durante la disolución de las Cortes.
Pero ésa es una cobertura formal que no elimina la controversia política.
Las cuentas
Si los textos mantienen el contenido material de los decretos derrotados el viernes, el Gobierno habrá buscado una segunda votación ante un órgano distinto, tras no lograr el respaldo de los 350 diputados del Congreso.
Es cierto que hay un precedente: la Permanente del Congreso convalidó el 3 de abril de 2019 el Real Decreto-ley 7/2019, también sobre vivienda y alquiler, una de las piezas clave de los llamados "viernes sociales" del primer Gobierno Sánchez... cuando ya había disuelto las Cortes y en plena precampaña del 28-A.
También entonces esa treta supuso el respaldo definitivo a un primer texto casi idéntico que había fracasado en el Pleno en enero, al no obtener los apoyos necesarios antes de la disolución de las Cortes.
Pero el artículo 78.1 de la Constitución Española exige que la Permanente represente a los grupos parlamentarios "en proporción a su importancia numérica". Y el reparto acordado al inicio de la legislatura ya no refleja por completo la composición del Pleno después de los cambios de grupo producidos durante estos años.
El PSOE tiene 121 diputados, el 34,57% del Congreso, y 25 de los 69 votos de la Permanente, el 36,23%.
Sumar conserva seis miembros, el 8,70% del órgano, frente al 7,43% de sus escaños.
El Grupo Mixto reúne nueve diputados, el 2,57% del Pleno, y sólo posee un puesto, el 1,45%.
La desviación resulta políticamente relevante si permite rescatar una norma rechazada por el Pleno gracias a una composición que reduce el peso de Junts y sobrerrepresenta al bloque gubernamental.
"Ambición sin límites"
También está en discusión el uso del decreto-ley. El artículo 86 de la Constitución limita esa potestad a situaciones de "extraordinaria y urgente necesidad", una exigencia que Moncloa vinculará previsiblemente a la protección de hogares vulnerables frente a los desahucios durante el periodo electoral.
Ésta es una finalidad legítima, públicamente apoyada por todos los grupos de la Cámara, pero no resuelve por sí misma por qué las medidas son unas y no otras, o por qué deben aprobarse de nuevo por decreto y no esperar a las nuevas Cortes.
Menos aún si, como anticipa el propio Gobierno, los cambios sobre los textos rechazados serán "no sustanciales".
Si las modificaciones son reales y afectan a las causas del rechazo, el Ejecutivo podrá defender que presenta una norma nueva. Si son meramente formales, la oposición sostendrá que Sánchez utiliza la disolución de las Cámaras y una mayoría excepcional para intentar anular la decisión del Pleno.
Ése es el argumento que el PP incorpora al relato con el que afronta el 29-N. Alberto Núñez Feijóo aseguró este lunes que Sánchez actúa movido por una "ambición de poder sin límites" y dispuesto a hacer "cualquier cosa con tal de resistir".
La posible reedición de los decretos de vivienda ofrece a Génova un ejemplo "palmario" para esa acusación. A la que añade el argumento de que la vivienda es sólo una coartada, porque Sánchez, según Feijóo, convocó elecciones "por miedo a que se sepa todo".
También Santiago Abascal reaccionó con dureza. El líder de Vox afirmó que no se fía "absolutamente de nada que pueda hacer Pedro Sánchez" y que el presidente es "capaz absolutamente de todo", incluso de "manipular este proceso electoral".
Falta que se apruebe el decreto, conocer sus términos, y ver qué hace el PNV... pero la eventual convalidación en la Permanente permitirá a PP y Vox sostener que Sánchez está "forzando las instituciones", explotando cualquier resquicio institucional para mantener su iniciativa tras haber perdido, por mayoría absoluta, en el Congreso.