El Senado aprobará este miércoles crear una comisión de investigación sobre el asalto masivo a la frontera de Ceuta registrado los días 30 y 31 de julio.
La iniciativa, anunciada por Alberto Núñez Feijóo el pasado lunes, coloca en el centro de sus trabajos la "falta de reacción inmediata del Gobierno" ante una "invasión" que, según el escrito registrado por los populares, desbordó las capacidades de la ciudad autónoma.
La comisión deberá esclarecer los antecedentes, las circunstancias, las causas y los responsables, "por acción u omisión", de la entrada irregular desde Marruecos.
También analizará la gestión del Ejecutivo en la prevención, la respuesta y la recuperación posterior de la normalidad, así como la seguridad de las fronteras de Ceuta y Melilla.
El texto suscrito por 44 senadores del Grupo Popular, al que ha tenido acceso este periódico, reclama determinar qué información tenía el Gobierno en los días previos, qué uso hizo de ella y cuáles fueron las medidas adoptadas para evitar el asalto.
El PP sostiene que el Ejecutivo conocía los avisos emitidos por el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y por los servicios de seguridad e inteligencia, pero que "no hizo nada para evitarlo".
La ofensiva parlamentaria continuará al día siguiente de la aprobación de la comisión.
Ministros citados
El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, está citado el jueves 8 de octubre para explicar qué dispositivos de seguridad había en la frontera, si los medios previstos eran suficientes y por qué no se reforzaron las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, comparecerá el jueves 22 de octubre en la Comisión de Asuntos Exteriores.
El PP quiere que detalle los contactos con Marruecos antes, durante y después de la crisis, así como las gestiones realizadas con la Unión Europea y los Gobiernos de los países miembros.
La ministra de Defensa, Margarita Robles, deberá hacerlo el viernes 23 de octubre ante la Comisión de Defensa.
Los populares pretenden interrogarla sobre la coordinación entre departamentos, la actuación de las Fuerzas Armadas y las condiciones de trabajo, alojamiento y seguridad de los efectivos desplazados a Ceuta.
Los tres ministros ya fueron convocados durante agosto, cuando el PP abrió una primera ronda de iniciativas para exigir explicaciones por lo sucedido.
La formación sostiene que no acudieron a las sesiones para las que fueron citados y presenta ahora sus comparecencias de octubre como una reactivación de aquella exigencia de rendición de cuentas.
El escrito que el Grupo Popular registró el 29 de septiembre describe la entrada de aproximadamente 80.000 personas por tierra y mar desde Marruecos como una "invasión masiva".
Admite que, aunque buena parte regresó pocas horas después a territorio marroquí, miles permanecieron en Ceuta y recoge estimaciones de hasta 13.000 personas en situación irregular, entre ellas unos 2.100 menores, según atribuye a la ministra de Juventud e Infancia.
La iniciativa sostiene que el episodio sometió a una presión extraordinaria a una ciudad de unos 84.000 habitantes y una extensión de apenas 20 kilómetros cuadrados.
El PP afirma que los servicios sanitarios, las infraestructuras y los servicios públicos quedaron tensionados, al tiempo que atribuye a la crisis un aumento de la inseguridad y de los casos de violencia y explotación sexual contra mujeres y menores migrantes.
Objetivo de la comisión
La comisión no se limitará al dispositivo desplegado en las horas del asalto.
El PP reclama revisar el refuerzo de las fronteras de Ceuta y Melilla desde la crisis de 2021, la política de relaciones con Rabat y el efecto que, a su juicio, pudo generar el proceso de regularización masiva de inmigrantes impulsado en los meses previos por el Gobierno.
El documento propone asimismo investigar el papel de las autoridades marroquíes y una posible "facilitación, inacción deliberada o participación de agentes estatales y no estatales".
También pide aclarar las gestiones diplomáticas realizadas por España y evaluar si el Ejecutivo recurrió con suficiente rapidez a los instrumentos legales previstos para una emergencia de esta naturaleza.
Los populares reprochan al Gobierno haber tardado hasta finales de agosto en aprobar la declaración de situación de interés para la Seguridad Nacional y la creación de un mando único.
En otro de los pasajes más duros, califican de "lenta, vacilante" y "en modo alguno proporcional" la reacción del Ejecutivo ante lo ocurrido.
El PP dirige sus críticas directamente a Pedro Sánchez, de quien afirma que mantuvo sus vacaciones previstas en Lanzarote después de haber calificado los hechos como "una violación y un ataque a la integridad territorial de España".
La iniciativa también lo acusa de estar más preocupado por "eximir de responsabilidades" a Marruecos que por exigir explicaciones a Rabat.
Alicia García, portavoz popular en el Senado, ha resumido el propósito de la comisión en la necesidad de "poner luz" sobre cómo ocurrió la entrada, cómo se actuó, cómo evitar que vuelva a suceder y quiénes fueron los responsables.
"España no estaba preparada para la invasión de Ceuta porque Sánchez no quiso", ha afirmado.
La comisión podrá solicitar documentación y acordar las comparecencias que considere necesarias.
Su informe final deberá recoger sus conclusiones, formular recomendaciones y establecer, si procede, responsabilidades políticas por las deficiencias detectadas, sin perjuicio de las competencias exclusivas de los tribunales para determinar posibles responsabilidades penales.