La interpretación expansiva de la llamada ley de nietos, aplicada por la exdirectora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública, Sofía Puente, mediante una instrucción administrativa, puede quedar convertida en ley antes de final de año.
El PSOE pretende asegurarse la colaboración de Junts y PNV con cambios en una reforma educativa para que ambos grupos sostengan el texto.
La operación permitiría al Gobierno elevar a rango legal la presunción de exilio usada desde 2022 para tramitar masivamente solicitudes de nacionalidad en los consulados españoles de Latinoamérica. Ése es el núcleo de la instrucción cuestionada ante el Tribunal Supremo y limitada cautelarmente en sus efectos electorales sobre determinadas altas en el CERA.
El acuerdo que el PSOE ofrece a Junts y al PNV consistiría, según fuentes del Congreso, en aceptar enmiendas del contenido educativo de la norma donde Sumar coló su enmienda intrusa.
A cambio, ambos partidos facilitarían que una ley concebida para reducir ratios por aula y rebajar la jornada docente sirva también para blindar la ampliación de la ley de nietos.
La controversia
La vía escogida, esa enmienda de Sumar rechazada por los letrados pero admitida por la Mesa de la Comisión de Educación, reforma la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática, aunque no guarda "coherencia" con la enseñanza, los profesores ni la atención a los alumnos con discapacidad.
Los letrados de la Cámara concluyeron que carece del "mínimo punto de conexión material" con el proyecto educativo y que su admisión resulta "incoherente" con la doctrina del Tribunal Constitucional sobre el derecho de enmienda. El dictamen no era vinculante y la mayoría de izquierdas decidió ignorarlo.
El Gobierno logró que la reforma educativa se tramite por urgencia. Ese procedimiento reduce los plazos en el Congreso y el Senado, por lo que la nueva redacción de la ley de nietos podría volver a la Cámara Baja a comienzos de diciembre.
La controversia procede de la citada disposición adicional de la Ley de Memoria. La norma reconoció la opción a la nacionalidad a descendientes de españoles exiliados, pero una instrucción de Sofía Puente presumió el exilio para todos los que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
Esa presunción permitió tramitar solicitudes sin exigir una acreditación individualizada del exilio político. EL ESPAÑOL ha documentado la expansión del sistema a descendientes de generaciones posteriores y el refuerzo de consulados para gestionar el aluvión de solicitudes.
El Supremo admitió los recursos contra esa aplicación administrativa y acordó como medida cautelar suspender los efectos electorales de determinadas inscripciones en el CERA.
La Sala ordenó diferenciar las altas afectadas y la Junta Electoral Central requirió a la Oficina del Censo Electoral y a los consulados datos para comprobar el vínculo con el exilio y la correcta adscripción territorial.
El Gobierno alegó que no era posible revisar los aproximadamente 170.000 expedientes afectados antes del 1 de enero. El PP responde que el Ejecutivo "ha movilizado medios para acelerar nacionalizaciones" y sostiene que la falta de control censal responde a una decisión política, no a una imposibilidad técnica.
La enmienda de Sumar pretende llevar a la ley la presunción de exilio que figuraba en la instrucción de 2022.
También incluye otros supuestos para facilitar la nacionalidad a descendientes de españolas que perdieron la nacionalidad por matrimonio anterior a la Constitución y a hijos mayores de edad de quienes se beneficiaron de anteriores leyes de memoria.
Fondo y forma
El Supremo no ha resuelto el fondo del litigio. Y así, una eventual reforma legal cambiaría por completo el panorama, modificando el marco normativo y dando cobertura legal a la presunción que ahora se cuestiona.
El siguiente paso será la reunión de la ponencia del 14 de octubre. Fuentes de la Comisión de Educación prevén que el PSOE abra entonces la negociación con Junts y PNV para atender sus objeciones sobre la invasión de competencias autonómicas.
Los dos grupos presentaron en junio enmiendas de totalidad para devolver el proyecto al Gobierno. Junts y PNV sostenían que el Estado invadía las atribuciones de los gobiernos vasco y catalán al fijar ratios, jornada docente y condiciones del sistema educativo.
Sus propuestas fueron derrotadas, pero el PSOE necesita ahora que no bloqueen la norma ni se sumen al PP en una ofensiva contra la enmienda intrusa. La concesión de cambios educativos permitiría al Ejecutivo conservar una mayoría suficiente para que el proyecto siga avanzando con urgencia.
El objeto original del proyecto es modificar la Ley Orgánica de Educación y la Ley 4/2019 de mejora de la docencia.
Prevé reducir progresivamente las ratios, establecer máximos de 22 alumnos en Primaria y 25 en ESO y computar como dos plazas, con carácter general, a los alumnos con necesidades educativas especiales.
Calendario
El calendario es clave. Fuentes parlamentarias sitúan el cierre de la ponencia antes de terminar octubre y calculan que el Congreso puede aprobar el texto durante la primera quincena de noviembre, en Pleno si se acuerda la avocación o directamente en Comisión con competencia legislativa plena.
La ley pasaría después al Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta. Pero la urgencia reduce el plazo ordinario de dos meses a 20 días, limita el margen de la Cámara Alta y permite que el texto retorne al Congreso antes de que termine el año.
El Senado podrá introducir enmiendas o vetar la ley. Sin embargo, el Congreso puede rechazar las modificaciones de la Cámara Alta y levantar un eventual veto, por lo que la última decisión recaerá en la mayoría que el Gobierno logre mantener en la Cámara Baja.
La posible tramitación de los Presupuestos puede alterar el calendario legislativo.
Fuentes del Congreso creen, no obstante, que el PSOE puede priorizar la norma si quiere acelerar un texto que, bajo la coartada de una reforma educativa urgente, permitiría legalizar antes de Navidad la interpretación de Sofía Puente sobre la ley de nietos.