El Gobierno da por hecho que el Pleno del Congreso convalidará este viernes el decreto sobre vivienda aprobado el martes en el Consejo de Ministros.
El propio Pedro Sánchez y el resto de ministros transmiten esa posición optimista que permitiría al presidente del Gobierno salvar un nuevo match ball.
En realidad no es sólo una impresión, ya que cuentan con la referencia de los contactos permanentes y discretos con los partidos que facilitaron en 2023 la investidura y que están llamados ahora a permitir la convalidación de, al menos, el decreto ómnibus.
Ese decreto incluye asuntos como la prórroga de los desahucios a personas vulnerables o la regulación de los alquileres de habitaciones, entre otros.
Dan por hecho que decaerá el segundo decreto, el propuesto por Sumar para que las prórrogas de alquileres sean indefinidas, porque cuenta con el rechazo de Junts.
El decreto principal sería convalidado, a pesar de que los socios, casi sin excepción, tienen muchas objeciones a su contenido y a la forma en la que se tramita, pues un texto enmienda al otro. Por eso uno fue publicado este miércoles en el BOE y el otro no lo será hasta hoy.
Eso supone la situación insólita de que el Gobierno pide apoyo al Congreso sobre un decreto y, al tiempo, pide respaldo a otro que ya lo modifica.
Teóricamente, sería posible que se rechazara el decreto ómnibus y se aprobara el que sólo modifica una de las disposiciones de un texto que decae. Sería un absurdo legal sin precedentes.
Esa situación es consecuencia del acuerdo entre PSOE y Sumar para llevar a un decreto aparte una reivindicación del socio minoritario del Gobierno de coalición que los socialistas no compartían.
Esta pirueta legislativa es cuestionada por los socios de Sánchez en el Congreso. Cuentan que en algún momento el Gobierno les sondeó incluso sobre la posibilidad de trocear aún más el 'decreto Maricarmen'.
Críticas de Podemos y Junts
En esas críticas, los más duros son Podemos. De hecho, los de Ione Belarra mantienen aún la comunicación oficial del sentido de su voto el viernes, aunque han dado pistas suficientes de que, finalmente, terminarán permitiendo la convalidación, sea con el voto a favor o con la abstención de sus cuatro diputados.
Desde el principio dijeron que harían lo que pidiera el Sindicato de Inquilinas, y como este miércoles hicieron público un comunicado pidiendo a los partidos el voto a favor, ya sólo queda la escenificación de su posición que facilitará la aprobación del decreto.
Este jueves Podemos se reunirá con miembros de este movimiento social y ahí se escenificará el anuncio de su sentido de voto.
Miriam Nogueras, portavoz de Junts, dijo estar "preocupada" por el texto concreto y aseguró que "no se para a los fondos buitres porque pueden seguir comprando".
También lamentó que "no se protege a las familias" porque dificulta "dejar en herencia un piso en alquiler" a un hijo. Sin embargo, no especificó el sentido de su voto.
Ahora bien, el Gobierno explica que el nivel de acuerdo que han alcanzado con el partido de Carles Puigdemont sobre el contenido concreto del decreto hace imposible creer que vayan a dejarlo caer, aunque mantengan la incógnita hasta el final.
Las críticas de los socios al texto aprobado por el Gobierno se refieren, por ejemplo, a la regulación de los llamados "fondos buitre".
Teóricamente se debía prohibir que negociaran y especularan con viviendas, pero finalmente ha quedado en una redacción tan laxa que no consigue ese objetivo.
Fuentes del Gobierno explican que fue el ministerio de Economía de Carlos Cuerpo el que impuso esta declaración para preservar a fondos de inversión que tienen intereses económicos en diferentes sectores en España.
Los partidos de izquierdas también critican las medidas fiscales incluidas, como la bajada del 21% al 10% para los pisos turísticos o las bonificaciones fiscales para inquilinos y propietarios.
Los decretos los defenderán ante el Pleno los ministros Isabel Rodríguez (Vivienda) y Pablo Bustinduy (Asuntos Sociales), lo que da idea de que hay dos decretos, uno de cada parte del Gobierno.