La dirección de Junts se reúne dividida desde las 21:00 horas de este jueves para decidir qué votarán este viernes sus siete diputados. Sus escaños tienen la llave para convalidar, o no, los llamados decretos Maricarmen aprobados este martes por el Consejo de Ministros.
Un no al texto decisivo permitiría a Junts mantener el rechazo ya expresado por Míriam Nogueras al contenido de las medidas de Vivienda. Y coincidiría con las presiones del empresariado catalán, que ha llamado estos días a la portavoz y a su líder en su casa de Bélgica.
Pero otra facción del partido, liderada por Jordi Turull, advierte de que puede activar de inmediato el calendario de unas elecciones generales, si Pedro Sánchez convierte esa derrota "por culpa de las derechas" en argumento para disolver las Cortes.
Carles Puigdemont y Nogueras, su portavoz en el Congreso, son partidarios de no salvar ni siquiera el conocido como decreto PSOE, porque los consideran incompatibles con las líneas rojas de Junts.
Por su parte, el secretario general Turull, ha advertido del riesgo de precipitar unas urnas cuando la formación atraviesa su peor momento demoscópico de los últimos años y sigue pendiente de la amnistía.
Además, Junts se juega, por calendario, un posible nuevo retraso de la aplicación definitiva de la Ley de Amnistía, único fruto realmente tangible que justifica ante su electorado haber apoyado la investidura de Pedro Sánchez, hace ahora tres años.
La posición ideológica de Junts
El rechazo al decreto inspirado por Sumar se da por descontado.
El verdadero debate se centra en el segundo texto, promovido por el PSOE, que recoge algunas exigencias de Junts, como bonificaciones fiscales a propietarios que reduzcan alquileres, aunque en condiciones que la dirección parlamentaria considera "inaceptables", "decepcionantes" y "preocupantes".
El llamado decreto Sumar contempla convertir los contratos de alquiler en indefinidos. Sólo permitiría al propietario no renovarlos si indemniza al inquilino con 12 meses de renta. Junts rechaza de plano ese modelo.
El partido sostiene que la medida reducirá aún más la oferta de alquiler. Su dirección entiende que los propietarios retirarán viviendas del mercado si perciben que no pueden recuperar el inmueble al terminar el contrato sin afrontar un coste extraordinario.
El decreto impulsado por el PSOE plantea rebajas fiscales para propietarios que rebajen el alquiler, que era una de las medidas que Junts había reclamado en las negociaciones con el Gobierno.
Sin embargo, el partido considera que el diseño incorpora demasiadas salvedades y requisitos. Nogueras sostiene que la medida no garantiza un incentivo real y deja fuera a una parte relevante de los pequeños arrendadores.
Los independentistas acusan al Gobierno de trasladar a particulares el coste de su política de vivienda. "Tampoco para a los fondos buitre, ni defiende a los pequeños propietarios", resume Nogueras.
Junts teme que un sí a este texto implique desdibujar la ruptura "definitiva" con el PSOE. La formación de Puigdemont anunció hace un año que daba por terminado su acuerdo de investidura tras denunciar "los incumplimientos reiterados de Sánchez".
Podemos, PNV y CC
La decisión llega después de que Podemos, PNV y Coalición Canaria hayan fijado sus posiciones. Podemos apoyará los dos textos con sus cuatro diputados, después de asumir la reclamación del Sindicato de Inquilinas, aunque mantiene que las medidas no resolverán la crisis de vivienda.
El PNV votará a favor del decreto de mayor alcance y en contra del texto sobre las renovaciones automáticas. Los nacionalistas vascos comparten con Junts la crítica a una regulación que, a su juicio, penaliza al pequeño propietario y reduce la oferta. Pero prefieren salvar a Sánchez, aunque con un "apoyo crítico".
Coalición Canaria también ha confirmado que su diputada votará a favor del decreto PSOE. Con esos movimientos, Junts conserva los votos que pueden decidir la suerte de la convalidación.
La visita de Arnaldo Otegi a Puigdemont este miércoles en Waterloo ha cobrado por ello una dimensión política mayor. Bildu afirma que ambos dirigentes analizaron la actualidad y las consecuencias del auge de "las derechas autoritarias y retrógradas" para vascos y catalanes.
El riesgo de elecciones
Precisamente, en eso se basa el análisis que Turull ha planteado a sus compañeros de dirección, según fuentes conocedoras de la batalla interna en Junts: el coste de facilitar una nueva derrota parlamentaria del PSOE es que Sánchez presente a Junts como aliado con con PP y Vox contra las soluciones a la vivienda.
Esa lectura permitiría al Gobierno descargar sobre "las derechas" la responsabilidad del bloqueo. También daría a Sánchez una salida política ante una legislatura bloqueada, en la que podría cargar el fracaso de ocho años en políticas de vivienda al bloqueo de las CCAA del PP y de una alianza conservadora en las Cortes.
Fuentes socialistas contemplan la posibilidad de disolver el Parlamento el lunes 5 de octubre si los decretos caen en el Congreso.
La fecha es relevante, porque el Tribunal Constitucional tiene previsto examinar al día siguiente el recurso de Turull sobre la amnistía de la malversación vinculada al 1-O.
La convocatoria electoral no obligaría por sí sola al Constitucional a aplazar su decisión. Pero es tradición en España que los tribunales suspendan los asuntos más sensibles en periodo electoral.
La ponencia pendiente cuestiona la interpretación del Tribunal Supremo, que ha excluido la malversación de la amnistía al apreciar beneficio patrimonial. Ese fallo es decisivo para Puigdemont, que sigue fuera de España mientras espera una resolución que despeje su situación penal.
Junts, a la baja
La amenaza electoral llega en un momento especialmente delicado para Junts. La última encuesta de SocioMétrica para EL ESPAÑOL sitúa al partido de Puigdemont en cuatro diputados, tres menos que sus siete actuales.
Un retroceso que se ha acelerado en pocos meses. El sondeo de julio todavía atribuía seis escaños a Junts.
La situación en Cataluña es también adversa. El CEO ha situado ya a Aliança Catalana por delante de Junts, mientras otros sondeos proyectan a la formación de Sílvia Orriols incluso como segunda fuerza del Parlament, tras el PSC.
El crecimiento de Aliança Catalana erosiona el espacio de Junts entre el electorado independentista de derechas. Puigdemont afrontaría una campaña con su partido debilitado en Madrid y con una alternativa ascendente en Cataluña.
Los antecedentes
Junts traicionaría no sólo sus posiciones ideológicas, sino su propia hemeroteca si votara otra cosa que no a los dos decretos. El Congreso tumbó en abril una primera versión del paquete de vivienda, con los votos de los de Puigdemont unidos a PP y Vox.
Y de hecho, el Gobierno aplazó en julio una nueva tentativa al no lograr el apoyo de los negociadores, liderados por Nogueras.
El Consejo de Ministros aprobó finalmente los dos decretos este martes, tras partir el denominado decreto Maricarmen en dos. La decisión llegó después de la acampada en la Puerta del Sol por el desahucio de una mujer de 87 años.
Moncloa ha justificado el pleno extraordinario apenas 72 horas después de aprobar los decretos por la "extraordinaria gravedad" de la crisis de vivienda. Pero la rapidez preserva también la presión social sobre los grupos antes de que voten.
Junts decide en la noche de este jueves algo más que el destino de dos decretos. Votar no encaja con su programa, con su defensa del pequeño propietario y con el mensaje que ha trasladado a sus votantes desde que rompió con el PSOE.
Pero el rechazo puede facilitar que Sánchez cierre de forma abrupta una legislatura ingobernable con argumentos, como mínimo, en parte a su favor. Y puede dejar a Junts sin la principal contrapartida que justificó la investidura de noviembre de 2023: "Una amnistía completa para los condenados y perseguidos" por el 1-O.