PSOE y Sumar han decidido dar rango de ley a la instrucción de Sofía Puente cuyos efectos electorales tiene paralizados el Tribunal Supremo.
Su mayoría en la Mesa de la Comisión de Educación del Congreso admitió este miércoles una enmienda que blinda la ley de nietos escondida dentro de una reforma educativa. Es lo que en lenguaje parlamentario se conoce como una enmienda intrusa.
La maniobra se ha consumado, además, contra el criterio de los propios letrados de la Cámara, que la consideran "inadmisible" y advierten de que puede vulnerar la Constitución.
Y llega apenas tres semanas después de que el Tribunal Supremo suspendiera de forma cautelar la inscripción en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de quienes no acrediten el exilio que exige la ley.
Ese censo, el de los españoles que viven en el extranjero, no ha dejado de engordar al calor de la ley de nietos. Desde las elecciones generales de julio de 2023 ha pasado de 2.333.056 a 2.736.522 inscritos: 403.466 electores más, un 17,3%, en menos de tres años.
Y el ritmo no hace más que acelerarse. En agosto, apenas unas semanas antes de que el Supremo lo frenara, el CERA registró la mayor subida mensual de su historia: 20.536 nuevos votantes en un solo mes, con Argentina a la cabeza, tal y como ha venido informando EL ESPAÑOL.
La cautelar del Supremo cortó ese grifo, pero la enmienda de Sumar busca volver a abrirlo.
Porque si la norma sale adelante, la instrucción administrativa de Sofía Puente se convertiría en ley. Eso dejaría sin buena parte de su fundamento la medida cautelar del Alto Tribunal.
En las cuatro últimas elecciones autonómicas, el PSOE se hundió en Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía, donde el PP arrasó, pero los socialistas ganaron en voto entre los residentes en el extranjero.
No es un detalle menor. El voto CERA se asigna por circunscripción y, en las provincias pequeñas, unos cientos de votos pueden decidir el último escaño.
Instrucción de Sofía Puente
¿Qué pide esa enmienda intrusa? El texto que han aprobado el PSOE y Sumar traslada a la ley exactamente lo que hizo la instrucción de la hermana del ministro de Transportes, Óscar Puente. Presume exiliados a todos los españoles que salieron de España entre 1936 y 1955, sin exigirles prueba alguna.
Y lo hace pese a que el Congreso ya cerró esa puerta cuando debatió la Ley de Memoria Democrática. La norma se presentó como una reparación a los represaliados del franquismo y a sus descendientes directos, y su texto habla de exiliados por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
Durante la tramitación parlamentaria, entre julio de 2021 y octubre de 2022, solo hubo una referencia a otro tipo de exiliados. Fue una enmienda de Ciudadanos que pretendía extender el acceso a la nacionalidad. El Congreso la rechazó en dos ocasiones.
Cinco días después de la entrada en vigor de la ley, la instrucción de Puente hizo por la vía administrativa lo que las Cortes habían descartado. Ahora, tras el varapalo del Supremo, PSOE y Sumar quieren consagrar por ley esa maniobra.
Contra los letrados
Y todo ello, a través de una proposición de ley orgánica sobre ratios de alumnos, jornada lectiva y condiciones laborales de los docentes.
Es una norma con la que, según los letrados, la ley de nietos no guarda "el mínimo punto de conexión material".
Su conclusión es que la enmienda es "incongruente con el objeto y la finalidad" de la ley en la que se ha insertado.
El informe invoca la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la congruencia de las enmiendas. Advierte de que ignorarla puede "lesionar el artículo 23 de la Constitución Española", el que protege el derecho de los diputados a participar en el procedimiento legislativo.
El dictamen no es vinculante, pero deja por escrito que la vía elegida para reformar la ley de nietos puede vulnerar los derechos de los propios diputados. El Constitucional ha fijado límites precisamente a este tipo de enmiendas intrusas.
Con la calificación de este miércoles, la enmienda intrusa puede continuar su tramitación. Deberá superar la ponencia, la Comisión y el Pleno del Congreso. Al tratarse de una ley orgánica, necesitará mayoría absoluta en la votación final.
Después pasará por el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, aunque la última palabra corresponderá al Congreso.
El freno del Supremo
El pasado 8 de septiembre, la Sala Tercera del Supremo suspendió cautelarmente la inscripción en el CERA de los nacionalizados al amparo de la instrucción que no acrediten el exilio.
Solo quedan a salvo quienes demuestren, con certificación de los Registros Consulares, que sus padres o abuelos tuvieron que exiliarse y renunciar a la nacionalidad por razones políticas o ideológicas.
La suspensión se mantendrá hasta que haya sentencia. El tribunal no ha resuelto aún el fondo, pero aprecia un "peligro serio" de que la limpieza del proceso electoral quede "gravemente afectada" si no se adoptan medidas cautelares.
La Junta Electoral Central ya ha empezado a ejecutar esa decisión. Ha ordenado desglosar las inscripciones cuestionadas y obliga a los residentes en el exterior a justificar documentalmente su vínculo con la circunscripción en la que quieren votar.
El PP recurrirá
El PP ya ha anunciado que recurrirá ante la Mesa del Congreso la admisión de la enmienda.
Fuentes populares denuncian que esta "chapuza legislativa" supone la "aceptación tácita" de que la instrucción de Puente "estaba al margen de la ley" y que el Gobierno mantiene un plan "inalterable".
El PP asegura que no aceptará un intento de "manosear el ordenamiento jurídico para alterar el censo electoral".
Ocho meses de investigación
EL ESPAÑOL viene documentando desde hace meses cómo una ley concebida para reparar a los descendientes del exilio ha terminado abriendo la puerta a una incorporación masiva de nuevos ciudadanos al censo electoral español.
El pasado 30 de enero, este periódico informó de que el Gobierno alegaba "problemas de digitalización" para no aclarar cuántas personas se estaban nacionalizando a través de la ley de nietos.
En abril, EL ESPAÑOL publicó una primera radiografía de la situación generada por la llamada ley de nietos bajo el título: La ley de nietos, entre el caos y la manipulación silenciosa del censo: podrá votar en Jaén o Lugo quien jamás ha vivido allí.
La información, citando fuentes diplomáticas, advertía de una consecuencia hasta entonces poco analizada de la norma: la adquisición de la nacionalidad española no sólo otorgaba un nuevo pasaporte, sino que podía acabar incorporando a cientos de miles de personas al censo electoral en la circunscripción que quisiesen, sin concretar su ascendencia familiar.
En junio, este diario reveló que la ley de nietos generaba ya unos 16.000 nuevos votantes al mes.
A ese ritmo, el censo podría crecer en unas 600.000 personas antes de las próximas generales. También informó de que el Gobierno había recuperado unos 200.000 expedientes ocho meses después de acabar el plazo para pedir la nacionalidad.
En julio, EL ESPAÑOL informó de que la Embajada en Paraguay estaba nacionalizando a "bisnietos" y de que un cónsul en Caracas animaba a pedir la nacionalidad incluso a "tataranietos".
El 27 de julio, EL ESPAÑOL publicó que la delegada del Gobierno para los españoles en el exterior, Pilar Cancela, admitía que "muy poca gente" accedía a la ley de nietos por "razón de exilio".
En agosto, el CERA registró su mayor subida mensual: 20.536 nuevos votantes, tal y como avanzó este periódico.
En total, más de 2,6 millones de personas han solicitado la nacionalidad al amparo de la norma.