Una vez que PNV y Podemos han fijado posición sobre los dos llamados decretos Maricarmen, sólo queda un partido con votos suficientes para inclinar la balanza de su convalidación, o no, este viernes en el pleno extraordinario del Congreso.
La llave para que al menos uno de ellos salga adelante está en manos de Junts. Y por eso, la visita de Arnaldo Otegi a Carles Puigdemont este miércoles en Waterloo, mientras Bildu confirmaba su apoyo a ambos textos, ha adquirido una dimensión política que va más allá de la vivienda.
Bildu sostiene que el encuentro se enmarca en sus contactos con fuerzas soberanistas y de la izquierda confederal. Pero cabe preguntarse si Otegi, cuyo partido ha sido el aliado más fiel del PSOE de Pedro Sánchez desde la moción de censura, trasladó también algún mensaje de Moncloa.
No en vano, fuentes de la formación heredera de Batasuna han confirmado que ambos líderes analizaron la actualidad política y "las consecuencias" que podría acarrear "el auge de las derechas autoritarias y retrógradas en el Estado español" para vascos y catalanes.
En este contexto, Junts reúne a su dirección telemáticamente este jueves a las 21.00 horas, atrapada en resolver una decisión que considera "tramposa".
Debe elegir entre facilitar la convalidación de unos decretos que "decepcionan" y "preocupan" a los negociadores con el PSOE, según Míriam Nogueras, o tumbarlos y asumir las consecuencias de propiciar la derrota parlamentaria de Pedro Sánchez.
La primera opción tensionaría a Junts con sus propias bases.
El partido de Puigdemont rompió "definitivamente" con el PSOE hace ahora un año, acusándole de "incumplimientos reiterados" de los acuerdos de investidura, pero el Gobierno conserva un activo decisivo en esa relación: la aplicación efectiva de la Ley de Amnistía.
Y ahí se la juega Junts, si elige la segunda opción.
La decisión del Tribunal Constitucional sobre la malversación vinculada al 1-O se ha demorado, manteniendo a Puigdemont fuera de España y alejado de la política.
El pleno previsto para el martes 6 de octubre debe analizar la ponencia relativa al recurso presentado por el secretario general de Junts, Jordi Turull, contra la interpretación del Supremo.
La resolución puede ser determinante para el fugado expresident catalán. Y el retraso de la deliberación y el fallo, daría al traste con sus esperanzas de regresar a tiempo de reflotar al partido, acosado por el 'sorpasso' de Aliança Catalana.
Mientras el Tribunal Supremo ha excluido hasta ahora de la amnistía la malversación por apreciar un beneficio patrimonial, el número dos de Junts alega que esa lectura es torticera. Y la ponencia del Constitucional le da la razón, señalando al Alto Tribunal por contradecir el espíritu de la ley.
No a los decretos
Junts objeta el contenido de los decretos porque entiende que vulneran sus líneas rojas. Cree que no recogen sus condiciones o que las introducen "a medias", con requisitos difíciles de cumplir y con fórmulas que reducen su eficacia.
Una de las críticas se dirige a las bonificaciones fiscales para los pequeños propietarios que rebajen el alquiler.
Los independentistas sostienen que el diseño no garantiza un incentivo real para movilizar viviendas y que el Ejecutivo mantiene una regulación que carga sobre particulares el coste de su política social. "Tampoco para a los fondos buitre, ni defiende a los pequeños propietarios", argumenta Nogueras.
El segundo decreto, el inspirado por Sumar, que contempla la conversión de contratos en indefinidos, se rechazará de plano.
Podemos, sí; PNV, a medias
Podemos ha rectificado su posición inicial y sus cuatro diputados votarán a favor de los dos textos, aunque de manera crítica. Ione Belarra ha asumido la petición del Sindicato de Inquilinas, que defiende que la movilización social ha arrancado las medidas al Gobierno y reclama su convalidación.
El PNV apoyará el decreto de mayor alcance, pero votará contra el dedicado a las prórrogas automáticas del alquiler.
La posición de los nacionalistas vascos coincide ideológicamente con Junts: acepta determinadas medidas urgentes, pero cuestiona que la regulación reduzca la oferta y penalice al pequeño propietario.
Por eso, Junts teme que un sí equivalga no sólo a desdibujar la ruptura que proclamó con el PSOE. Su apoyo podría interpretarse como una nueva cesión a cambio de promesas de cumplimiento incierto.
Pero un no abriría al presidente otra vía de salida. El PSOE podría presentar la caída de los decretos como una alianza de "las derechas" contra las soluciones a la vivienda y cargar sobre Junts, el PNV, PP y Vox la responsabilidad del bloqueo.
En el entorno socialista se contempla que una derrota parlamentaria, con la vivienda como eje de movilización, pueda facilitar una disolución de las Cortes este mismo lunes 5 de octubre, víspera de la deliberación del Constitucional sobre la amnistía.
La convocatoria electoral no obligaría por sí sola al Constitucional a aplazar su decisión. Pero es tradición en España que los tribunales suspendan los asuntos más sensibles en periodo electoral.
Y entonces Junts habría pasado toda la legislatura, tres años, lamentando incumplimientos... y sin alcanzar el único objetivo por el que invistió a Sánchez en noviembre de 2023: "La amnistía completa y para todos" los responsables del golpe separatista de 2017.
La jugada de Sánchez
El embrollo procede de lejos. El Gobierno ya vio caer en abril una primera versión del paquete de vivienda en el Congreso y en julio aparcó otra tentativa al no reunir apoyos suficientes.
El Consejo de Ministros aprobó finalmente este martes dos reales decretos-ley, después de partir el llamado decreto Maricarmen en dos textos.
Sánchez aceleró la tramitación tras la acampada en la Puerta del Sol por el desahucio de la mujer de 87 años, y convocó para este viernes un pleno extraordinario de convalidación.
Moncloa justifica la urgencia por la gravedad de la crisis de vivienda. La premura permite, además, que la presión de la calle y el foco sobre el desahucio no pierdan intensidad antes de la votación parlamentaria.
Junts decide, por tanto, más que el destino de dos decretos. Votar en contra cumpliría con su programa, con sus exigencias sobre la protección del pequeño propietario y, previsiblemente, con lo que esperan sus votantes tras la ruptura con el PSOE.
Sin embargo, ese rechazo podría facilitar que Sánchez cierre de forma abrupta una legislatura cada vez más ingobernable, culpando a las derechas del fracaso.
Y dejaría a Junts sin su líder de vuelta, y sin justificación para todo lo hecho desde el 23-J.