Pedro Sánchez cede ante la izquierda radical y el Sindicato de Inquilinas para reforzar la protección de morosos y okupas en el nuevo 'decreto Maricarmen' sobre vivienda.
El decreto incluye prórrogas automáticas de alquileres y suspensión de desahucios, lo que aleja el apoyo de Junts y genera malestar entre pequeños propietarios.
Junts critica que el texto equipara a pequeños propietarios con fondos buitre y denuncia que el decreto introduce reformas profundas por la vía rápida.
El caso de Maricarmen Abascal, desahuciada tras 70 años en su piso, ha multiplicado la presión social sobre el Gobierno y provocado protestas y acampadas.
Pedro Sánchez ha optado por ceder ante la izquierda radical y el llamado Sindicato de inquilinas para intentar salvar el decreto Maricarmen sobre vivienda. Y lo ha hecho, según el grupo con el que inició la negociación, a costa de proteger más a morosos y okupas... es decir, alejando el apoyo de Junts.
El texto que el Gobierno quiere aprobar este martes, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, mezcla las exigencias de Sumar —una prórroga reforzada de alquileres, escudo antidesahucios, regulación de pisos turísticos— con parte del menú fiscal que reclamaban los de Carles Puigdemont, en un equilibrio que es imposible.
El presidente intenta así quitarse de encima la presión de la calle, que lleva una semana señalando directamente a Moncloa por el desahucio de Maricarmen y por la escalada del alquiler.
Ocho años después de prometer que acabaría con los desahucios, la vivienda ha pasado del 15º problema de los españoles a ser la principal preocupación en las encuestas, y el decreto Maricarmen se ha convertido en el símbolo de esa promesa incumplida.
A izquierda y derecha
Para lograr el apoyo básico que le permita gobernar hasta el final de la legislatura, Sánchez ha cruzado líneas rojas a izquierda y derecha.
Ha aceptado prórrogas casi automáticas de contratos y suspensiones de desahucios que irritan a Junts y a los pequeños propietarios, mientras incorpora rebajas fiscales que enfadan a Podemos y a parte de Sumar, que denuncian un "parche" más y una nueva oportunidad perdida para bajar de verdad los alquileres.
Es más, desde el socio minoritario del Gobierno se lamenta que el texto que se negociaba en la noche del lunes aún no abordaba a su gusto la regulación del alquiler de habitaciones ni "la renovación automática de los contratos", tal y como exige Sumar.
Según esta fuente, "dotar de estabilidad al mercado del alquiler es imprescindible para garantizar que tanto inquilinos como propietarios tengan seguridad y certidumbre a largo plazo".
Pero desde Junts lamenta el "desequilibrio" del texto por el otro lado.
Junts avisa de su 'no'
Fuentes cercanas a Nogueras explicaban que su desmarque del último borrador se debe a que el PSOE ha "cedido a las izquierdas favoreciendo a los okupas".
Fuentes de Junts sostienen que por la mañana estaban "mayoritariamente de acuerdo" con la propuesta de los socialistas, pero que por la tarde, el borrador se convirtió en "otro decreto ómnibus" con medidas que ya hicieron caer anteriores normas de vivienda.
En su relato, el texto "recupera dar por buenas las okupaciones", coloca al pequeño propietario "al mismo nivel que los fondos buitre" y aprovecha para una modificación integral de la Ley de Arrendamientos Urbanos —hasta 34 artículos— por la vía del decreto, "pese a que esa reforma ya se tramita como ley en el Congreso".
Junts reclama volver al acuerdo inicial: un decreto centrado en frenar desahucios en pisos de los llamados "fondos buitre" y en dar seguridad jurídica al propietario particular, sin mezclar lo que consideran concesiones a la "izquierda radical" que, avisan, les impedirían apoyar la convalidación.
En el borrador al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, las líneas rojas de Junts aparecen claramente traspasadas.
El decreto refuerza la suspensión de desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional, incluso cuando el demandante es un pequeño propietario, y permite al juez paralizar lanzamientos hasta tres años en casos de entidades especulativas, algo que los independentistas equiparan a "dar por buenas" determinadas formas de inquiokupación.
Reordena los contratos de vivienda habitual y temporal, endurece las condiciones de los arrendamientos de corta duración y refuerza los derechos de tanteo y retracto de los inquilinos, cambios que Junts considera que se están colando "por la puerta de atrás".
La suspensión de desahucios, las obligaciones de compensación y los límites a las subidas de rentas en zonas tensionadas se aplican con poco margen de diferencia, según su lectura, dejando al arrendador particular "al mismo nivel que los fondos buitre" que compran viviendas y carteras hipotecarias a precios de derribo.
Malestar en el PSOE
Al malestar de Junts se suma el enfado creciente del PSOE con su propio socio de coalición.
En la parte socialista del Gobierno ha calado la idea de que Sumar está "echando la calle contra el Ejecutivo" mientras se negocia el decreto en los despachos, alentando protestas y acampadas que señalan directamente al "Gobierno progresista" por no haber resuelto el problema de la vivienda.
Fuentes socialistas hablan abiertamente de actitud "desleal" por parte de Sumar.
Recuerdan que los ministros del espacio de Yolanda Díaz han amenazado con no acudir al Consejo de Ministros si no se aprueba el decreto, mientras exigen congelar alquileres, expropiar el piso de Maricarmen y blindar una prórroga de contratos hasta 2028.
Renta antigua
El origen de esta negociación está, efectivamente, en el desahucio de Maricarmen Abascal, una mujer de 87 años con un 50% de discapacidad que llevaba más de 70 años en un piso de renta antigua en el barrio de Retiro.
Una sentencia del Tribunal Supremo sobre la extinción de la segunda subrogación acabó con su contrato y, pese a los recursos y a la presión política, la anciana fue desalojada en camilla, lo que multiplicó el impacto social de un caso que ha puesto cara a la crisis de vivienda.
La manifestación convocada en su apoyo desembocó en una acampada en la Puerta del Sol que recuerda inevitablemente a la del 15‑M de 2011.
Quince años después, y de nuevo contra un Gobierno socialista —entonces el de Zapatero, ahora el de Sánchez— miles de personas han plantado tiendas para exigir un decreto que frene los desahucios, congele los contratos y proteja a quienes viven de alquiler frente a fondos y propietarios.
Mientras tanto, Podemos ha quedado fuera del reparto de cartas en la jornada clave.
Fuentes del partido de Ione Belarra aseguran que "nadie" les llamó para negociar el contenido del decreto durante todo el lunes y que conocieron el borrador "por los medios de comunicación", pese a que, si había acuerdo con Junts, sus cuatro votos iban a ser determinantes en la convalidación parlamentaria.
Los morados han advertido además de que no garantizan su apoyo a ese texto y reprochan al PSOE que negocie con Junts mientras se renuncia, según ellos, a medidas de máximos como la prohibición de desahucios sin alternativa, una congelación total de los alquileres, lo que llaman "el IPC 0%" y la expropiación de pisos de "fondos buitre".
Este martes, el Consejo de Ministros debe decidir si aprueba el decreto Maricarmen en mitad de esta tormenta perfecta.
Después, un mes de negociación parlamentaria dirá si el malabarismo de Sánchez cediendo a la izquierda radical y tratando de apaciguar a Junts es suficiente para que el decreto sobreviva o si se convierte en otro símbolo de una mayoría que no existe, ni siquiera cuando la vivienda ocupaba el centro del tablero político.