El Partido Popular ha logrado este martes que el Congreso admita a trámite su proposición de ley para reformar la Ley Orgánica del Poder Judicial. La iniciativa inicia ahora su recorrido parlamentario con el objetivo declarado de "despolitizar y reforzar la Justicia".
La votación ha sido especialmente amplia. La toma en consideración ha reunido 295 votos favorables y ha recibido el respaldo del PP, Vox, UPN y Coalición Canaria, así como del PSOE, "a pesar de que es un golazo contra Félix Bolaños", ministro de Justicia.
Fuentes de la dirección nacional del PP destacan que los socialistas se sumaron finalmente a la iniciativa "a la vista de que iba a salir adelante". Los populares interpretan esa mayoría como un respaldo relevante a una reforma concebida, según su planteamiento, para "defender a los jueces de los continuos ataques" a su labor "incluidos los del Poder Ejecutivo".
El contenido
El texto centra parte de sus reformas más ambiciosas en el curso de la Escuela Judicial. El PP propone que la formación teórica multidisciplinar y el periodo de prácticas tuteladas se desarrollen de manera simultánea.
La formación calcula que ese modelo integrado puede recortar hasta en nueve meses el plazo de incorporación de los nuevos jueces a los tribunales de instancia. El objetivo es "cubrir plazas con más rapidez" sin rebajar las garantías de acceso ni la calidad de la formación.
La proposición mantiene como principios rectores la igualdad, el mérito y la capacidad. También plantea una cobertura más ágil de las vacantes judiciales ante la carencia de efectivos y la sobrecarga de los órganos jurisdiccionales.
La iniciativa fue defendida en el Pleno por la vicesecretaria de Regeneración Institucional del PP, Cuca Gamarra. La dirigente popular sostuvo que "hacen falta más jueces y magistrados" y defendió una reforma que dé una respuesta estable a la situación "deficitaria" de los tribunales.
Gamarra remarcó que el proyecto pretende incorporar jueces "sin rebajar las garantías de conocimiento, mérito, igualdad, capacidad y formación". El PP sostiene que los tribunales de instancia arrastran una presión creciente que repercute en los tiempos de respuesta a los ciudadanos.
En consenso con el CGPJ
Los populares reivindican además que la reforma de la Escuela Judicial va en la línea planteada por el Consejo General del Poder Judicial. Según el PP, el órgano de gobierno de los jueces reclamó por unanimidad una modificación en ese sentido.
La formación de Alberto Núñez Feijóo presenta ese respaldo como un aval institucional para su propuesta. La define como una reforma "garantista" y la enmarca en una política de Justicia "de Estado".
El PP vincula el debate sobre la dotación de jueces con la defensa de la separación de poderes. Fuentes de la dirección popular sostienen que una Justicia más independiente requiere plantillas suficientes, procedimientos de selección eficaces y protección frente a las presiones políticas.
Gamarra acusó al Gobierno de "sabotear" la Justicia y de "degradar las instituciones", afirmaciones que forman parte de la posición política del PP contra el Ejecutivo. En el Congreso, reclamó al PSOE que no obstaculice la aprobación de medidas destinadas a mejorar el funcionamiento judicial.
"Si el Gobierno no es capaz de mejorar la Justicia, por lo menos que no bloquee que otros podamos hacerlo", afirmó la dirigente popular. El partido considera que el resultado de la votación ofrece una oportunidad para que la reforma avance mediante acuerdos parlamentarios.
La admisión a trámite abre ahora la fase de enmiendas y debate en comisión. El PP aspira a que la iniciativa culmine en una reforma de la LOPJ que permita acelerar la llegada de jueces a los tribunales y refuerce, según su tesis, la independencia del Poder Judicial.