Pedro Sánchez usa el caso de Maricarmen, la anciana desalojada en Madrid, para intentar recomponer su mayoría parlamentaria con Junts y aprobar un nuevo decreto de vivienda.
El Gobierno estudia medidas como la prórroga de alquileres, un escudo antidesahucios y restricciones a fondos de inversión, además de rebajas fiscales para inquilinos y propietarios.
Junts condiciona su apoyo a la inclusión de deducciones y bonificaciones fiscales, mientras Podemos y otros socios muestran reticencias hacia el acuerdo.
La propietaria del piso ofreció a Maricarmen volver a su casa bajo el programa ReViVa, pero el Ayuntamiento de Madrid rechazó la propuesta por no cumplir los requisitos legales.
Pedro Sánchez ha encontrado en la tragedia de Maricarmen, la vecina de 87 años desalojada el miércoles de su piso de Retiro en Madrid, la palanca para reabrir la negociación con Junts, rota desde octubre del año pasado, y tratar recomponer la mayoría Frankenstein de investidura con un nuevo decreto de vivienda.
El Ejecutivo trabaja para aprobar el próximo martes un real decreto-ley con más intervención sobre los fondos de inversión y los alquileres, que podría incluir también rebajas fiscales para propietarios e inquilinos. Una fórmula que busca recuperar los votos de Junts.
El nuevo texto incluiría una prórroga de los alquileres, un escudo para evitar desahucios de personas vulnerables sin alternativa habitacional y medidas contra los fondos buitre. Entre ellas, el Gobierno estudia prohibir que compren vivienda y vetar los lanzamientos en pisos de su propiedad.
La formación de Carles Puigdemont condicionará su respaldo a que el decreto incorpore buena parte de sus propuestas, como deducciones para los arrendatarios, bonificaciones para los caseros afectados por las prórrogas y ventajas fiscales para pequeños propietarios con hipoteca.
No es la primera vez que Junts se convierte en el voto decisivo en materia de vivienda.
El partido de Puigdemont se sumó al bloque que tumbó en febrero la moratoria antidesahucios, junto al PP y Vox, por 177 votos frente a 172. En abril, volvió a votar en contra de la prórroga de los alquileres, que cayó con 177 votos frente a 166 y cinco abstenciones del PNV.
Pero ahora el caso de Maricarmen está funcionando como catalizador. De hecho, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, ha llegado a admitir que su desahucio ha "aproximado algunas posiciones".
La paradoja es que el mismo acuerdo que acerca a Sánchez a Junts puede alejarle de Podemos. El Gobierno necesita los siete votos de los de Puigdemont para sacar adelante la norma, pero las condiciones fiscales de Junts chocan con las líneas rojas de la formación de Ione Belarra.
Con Junts a favor y Podemos en contra, el decreto empataría y no saldría adelante. Una abstención de los cuatro diputados de Belarra, en cambio, permitiría su convalidación si se mantienen el resto de apoyos.
Tampoco ERC y Bildu reciben con entusiasmo la fórmula. Para Gabriel Rufián, Junts no debería ser quien establezca los límites de la política de vivienda.
Sumar, sin embargo, no parece dispuesto a vetar el acuerdo con Junts. El ministro Ernest Urtasun se ha abierto a debatir sus rebajas fiscales para lograr un decreto en el que "todo el mundo se sienta reflejado".
Los de Yolanda Díaz presionan al PSOE para que el decreto llegue "sí o sí" al Consejo de Ministros del martes y defienden incluso la expropiación del piso de Maricarmen, una medida que el sector socialista del Gobierno no comparte.
Sánchez afronta ahora una negociación a varias bandas. Si finalmente se aprueba el martes, el decreto entrará en vigor al publicarse en el BOE y el Congreso dispondrá de un mes para convalidarlo.
Propuesta de Urbagestión
Y mientras el Gobierno intenta cerrar los apoyos al decreto, la situación de la anciana sigue abierta. Urbagestión, propietaria del piso, ofreció este viernes que Maricarmen pudiera volver a su vivienda a través del programa ReViVa del Ayuntamiento, con una solución habitacional "estable y asequible".
ReViVa es una iniciativa de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) que incorpora pisos vacíos al mercado de alquiler asequible. Los propietarios ceden temporalmente su vivienda y reciben una renta garantizada.
Para Mónica García, ministra de Sanidad, la oferta es "sádica" porque "después de desahuciarla ofrecen la misma solución que rechazaron cuando todavía podía evitarse", escribió en X. "
"Todo lo que no sea devolverle la casa a Maricarmen, indemnizarla por el daño causado y pedirle perdón es una broma de mal gusto", añadió.
Horas después, el Ayuntamiento de Madrid rechazó la oferta al considerar que la vivienda no cumple los requisitos legales del programa ReViVa.
¿Por qué? El piso mantiene una hipoteca y el programa tampoco permite asignar directamente una vivienda a una persona concreta. No obstante, el Ayuntamiento se ofreció mediar entre Urbagestión y los representantes de Maricarmen para tratar de encontrar una solución.