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Las claves

El Gobierno confía en que haya alguna disminución de la presión en Ceuta con un aumento de salidas voluntarias hacia Marruecos de migrantes que saben que no podrán quedarse en España y también porque intentará que Rabat rectifique su posición y acepte a menores que quieren volver a su país.

Sobre los menores, Marruecos lleva meses sin colaborar en el llamado reagrupamiento; de hecho, tiene unos 600 expedientes remitidos por España a los que ni siquiera contesta.

Ese trámite de voluntariedad de los menores, de aceptación de Marruecos y de colaboración de sus familias o intervención de servicios sociales es imprescindible para que esos chicos puedan volver a su país.

Desde la llegada masiva de migrantes de finales de julio, Marruecos ha hecho públicos varios comunicados oficiales en los que se compromete a tramitar esas peticiones y aceptar a los menores que lo deseen.

Y el Gobierno explica que intentará tramitar esos expedientes de reagrupación familiar para exigir a Marruecos que cumpla ese compromiso, porque hay menores que están en Ceuta que han expresado su deseo de volver a su país con sus familias.

Según el Gobierno, hay niños de edad menor, de entre 6 a 9 años, que están en Ceuta y que han expresado su deseo de volver.

Los de más edad (entre 15 y 17) no quieren volver y, por tanto, el Gobierno no puede forzar su entrega a Marruecos.

Eso quiere decir que, como explicó en la Cadena Ser la ministra Sira Rego, la mayoría de los menores se quedará en España, pero puede haber un grupo con los que se pueda intentar ese reagrupamiento, según explica el Ejecutivo..

El ministro Ángel Víctor Torres ha asegurado este martes que hay 2.321 menores no acompañados que están ya filiados en la actualidad, casi 300 más que hace una semana.

Torres explicó que, según estimaciones del Gobierno, hay entre 500 y 700 menores en las calles de Ceuta y otros 500 están de forma improcedente entre los mayores.

El paso de la filiación es imprescindible para tramitar sus expedientes y, a su vez, es necesario que tengan un lugar concreto de acogida previamente. La competencia sobre los menores es de la ciudad de Ceuta, que es la administración que debe acogerlos y protegerlos.

Así lo han explicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros los ministros Torres y Elma Saiz, que han arremetido contra Juan Jesús Vivas por no aceptar el traslado a la Península de los menores a su cargo y por no pedir a las comunidades autonómicas que gobierna el PP que acepten acoger a los menores. Sin los responsables de la ciudad de Ceuta es imposible el traslado que aliviaría la situación.

"No es invasor"

"Un niño de nueve años diciendo que quiere volver no es un invasor", aseguró Torres.

Además, en calidad de mando único, explicó que ha aumentado el número de mayores que voluntariamente cruzan la frontera de vuelta a Marruecos desde Ceuta. Y esperan que aumente aún más de forma progresiva.

Son 6.791 los migrantes que han vuelto voluntariamente a Marruecos tras la entrada masiva de julio a Ceuta y este mismo lunes lo hicieron 222 y en la última semana 1.309.

La razón de este aumento es que el inicio de los triajes les ha dejado claro que la mayoría no tiene opciones de quedarse porque no pueden acogerse al derecho a asilo, al que sí pueden optar subsaharianos que, por ejemplo, huyen de guerras como la de Sudán.

En concreto, los triajes de adultos alcanzan los 2.546 y este lunes se realizaron 100, en los que 74 personas solicitaron protección internacional. A los 26 migrantes restantes se les comunica del expediente de devolución. Es decir, el 26% no se acoge a protección internacional y están en condiciones de ser devueltos en breve y muchos prefieren irse ya, siempre según esta versión.

Además, de los que lo piden el asilo es muy probable que a la gran mayoría se les deniegue finalmente el asilo. Será en ese momento cuando puedan ser devueltos a Marruecos.

El problema en este caso, no obstante, es que esa tramitación del asilo, incluso para rechazarse, es complicado y lento por garantista. Es necesario que pasen entrevistas individualizadas, que una comisión emita informe y que con asistencia de abogado de oficio puedan recurrir.

Ese trámite sólo puede arrancar cuando sean filiados, es decir, cuando tengan un lugar concreto de acogida o estancia. En algunos casos, los plazos son de varias semanas, lo que lleva el proceso total a casi dos meses, incluso aunque se pongan medios para agilizar el trámite.

"El Pacto Europeo de Asilo y Migración establece que el plazo máximo son unas 12 semanas para tener el expediente concluido, pero desde el Gobierno de España vamos a intentar acortar al máximo ese plazo, incluso con las modificaciones legislativas que sean necesarias”, aseguró el ministro Torres. Para ello, el Gobierno trabaja en una posible reforma legal para acortar plazos si los informes jurídicos entienden que es posible hacerlo.