El Congreso aprueba el decreto de ayudas a Ceuta, con el apoyo del PP y la oposición de Vox.
El plan de choque prevé 309 millones para Ceuta: 118 millones para acogida, 90 para seguridad y 80 para empresas y autónomos.
La ley para regular los 'lobbies' ha sido rechazada, incluso por socios del Gobierno, poniendo en riesgo fondos europeos.
El registro obligatorio de grupos de interés incluido en la norma generó protestas de sindicatos y patronales, que temen por el Diálogo Social.
El Gobierno ha podido sacar adelante el real decreto de ayudas a Ceuta con el voto favorable del PP y la única oposición de los 33 de Vox. Sin embargo, la ley de lobbies de Óscar López ha caído.
Según el vicepresidente, Carlos Cuerpo, el plan de choque de 309 millones para la ciudad se repartirá en 118 a medidas de acogida y 90 millones para seguridad, mientras que 80 millones irán a empresas y autónomos.
Pese a su respaldo, el PP ha criticado la medida y ha justificado su abstención asegurando que sólo un euro de cada cuatro irá destinado a la ciudad, mientras que el grueso se dedicará a los inmigrantes.
Vox ha votado en contra asegurando que el Gobierno va a "repartir migajas", cuando lo que debería hacer es "devolver ya a los invasores", en palabras de José María Figaredo.
En cambio, el Congreso ha tumbado el real decreto del Gobierno para regular los lobbies después de que incluso los socios parlamentarios de Pedro Sánchez votaran en contra.
No es la primera vez que el Gobierno se estrella al intentar regular este sector en línea lo marcado por la Comisión Europea.
Primero intentó aprobar el registro mediante el proyecto de ley de Transparencia e Integridad de las Actividades de los Grupos de Interés, cuya tramitación se estaba eternizando. Llevaba desde principios de 2025 en el Congreso.
Sin embargo, el registro es uno de los hitos que el Gobierno y Bruselas pactaron como parte del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Y de su cumplimiento depende recibir hasta 1.500 millones de euros en fondos Next Generation en el último pago, a pedir y recibir este año.
El Ejecutivo intentó sortear el bloqueo y aprobó en el primer Consejo de Ministros tras las vacaciones 25 de agosto un real decreto-ley con el registro. Una norma que no conocían varios ministerios, entre ellos el de Trabajo.
El procedimiento ha sido rechazado por varios grupos, incluido Sumar, pese a formar parte de la oposición.
La formación de Yolanda Díaz ya había mostrado su disconformidad con la norma incluso dentro del Gobierno. Sobre todo al considerar que "torpedea" al Diálogo Social al considerar lobbies a las patronales CEOE y Cepyme y a los sindicatos CCOO y UGT, que ya han protestado por ello, rechazando la norma.
Los argumentos
Desde el PP, Edurne Uriarte afirmaba que está a favor de regular los lobbies, pero lamentó que se pretenda lograr mediante un decreto urgente "que se ha sacado repentinamente de la manga".
El PNV se ha abstenido al considerar peligroso que se interrumpa una tramitación parlamentaria para "mutarla en un decreto" que va "más allá de lo que exige Bruselas".
"Lo que están haciendo es una vergüenza, es una falta de respeto a la separación de poderes", ha asegurado el portavoz de Vox, Emilio del Valle, que ha añadido que "convalidar en estas condiciones sienta un precedente muy peligroso".
Sumar, que había amagado con votar en contra, al final lo ha respaldado en su mayor parte. El partido ha dado libertad de voto.
Algunos como Enrique Santiago se han opuesto, los Comunes se han abstenido y la mayoría lo ha respaldado después de escuchar al Gobierno que se compromete a un cambio de una modificación para clarificar el papel de los sindicatos.
Durante todo el día habían sido muy críticos. "El real decreto-ley está peor escrito que el que se estaba tramitando en esta cámara", ha asegurado el diputado de Sumar, Carlos Martín. En la misma línea se ha pronunciado ERC, que ha señalado que "no les agrada la ambigüedad".
Seguían así la línea de UGT y CCOO, que han pedido votar en contra del texto tras ver cómo la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha tenido que cancelar sus reuniones con los agentes sociales.
Una crítica que el ministro de Transformación Digital, Óscar López, ha rechazado. López ha defendido que el texto "no afecta al diálogo social" y se ha comprometido a retocarlo para que quede más claro. Lo que ha permitido que algunos de los socios lo hayan respaldado.
Desde Junts han recordado que existen lobbies próximos al PSOE, como Acento, del exministro José Blanco. Su diputado Josep Pagés ha reprochado al Gobierno que no está justificado "saltarse el procedimiento legislativo" por el hecho de no tener mayoría parlamentaria, y ha asegurado que no aceptan "el chantaje" de la posible pérdida de "fondos europeos".
La norma, que había entrado en vigor y ahora decae, obligaba a crear un registro obligatorio de grupos de interés en el que debían figurar empresas, asociaciones, despachos, ONG y consultoras. El registro sería público y estaría gestionado por la Oficina de Conflictos de Intereses. Y afectaba, como no, a patronales y sindicatos del Diálogo Social.
¿Y qué va a pasar con los fondos Next Generation que se pueden perder? Según indican fuentes del Gobierno, ahora empieza una negociación con la Comisión Europea para rebajar los daños. Y como se evalúan otras normas sobre transparencia y contra la corrupción que se han puesto en marcha en los últimos años.
De ahí que el Gobierno considere que es pronto para decir que se perderán hasta 1.500 millones de euros. Esperan poder rebajar esa cifra.