El PP presenta en el Congreso una ley para que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por jueces y magistrados, excluyendo la intervención del Parlamento y el Gobierno.
La propuesta responde a recomendaciones europeas y organismos como el GRECO y la Comisión de Venecia, que defienden la elección entre pares para garantizar la independencia judicial.
La ley incluye una cláusula antibloqueo que permitiría constituir el CGPJ solo con los vocales judiciales si el Parlamento retrasa la elección de los vocales juristas.
El texto establece requisitos para candidatos, limita la influencia política y de asociaciones judiciales, y garantiza una representación mínima del 40% de cada sexo entre los elegidos.
El PP eligió, este jueves, la apertura del año judicial para darle impulso en el Congreso a la primera gran iniciativa de su "plan de regeneración institucional": una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para que los 12 vocales judiciales del CGPJ sean elegidos directamente por jueces y magistrados.
La propuesta conservaba la designación parlamentaria de los ocho juristas de reconocido prestigio, pero eliminaba cualquier participación de las Cortes y del Gobierno en la elección del turno judicial, como exigen "los estándares europeos".
Alberto Núñez Feijóo enmarcó la iniciativa en el discurso de Isabel Perelló, presidenta del Tribunal Supremo y del CGPJ, ante Felipe VI y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. La reforma la pactó el PP con el PSOE en Bruselas, pero decayó este jueves cae con el voto de Pedro Sánchez y sus socios.
"Recojo las palabras de la presidenta del CGPJ en la apertura del Año Judicial: la independencia judicial es un pilar esencial de nuestra democracia", señaló el líder del PP. "En 2026, defender la separación de poderes y una Justicia libre de presiones políticas es más necesario que nunca".
Perelló había advertido de que "no es admisible que la descalificación pública se convierta en un medio de presión a los jueces". La presidenta del Supremo defendió el derecho a criticar las sentencias, pero rechazó que se atribuyan motivos políticos a quienes las dictan.
El pacto de Bruselas
La elección de los vocales judiciales por sus pares es una reclamación histórica del PP y fue el principal escollo para renovar el CGPJ, cuyo mandato venció en diciembre de 2018.
El órgano siguió en funciones durante más de cinco años, hasta que PSOE y PP cerraron en Bruselas, con la mediación de la Comisión Europea, el pacto que permitió renovar el Consejo en junio de 2024.
El acuerdo no se limitaba a nombrar a los nuevos vocales. La ley de renovación obligó al CGPJ a elaborar, en seis meses, un informe sobre los modelos europeos y una propuesta de reforma del sistema de elección de los 12 miembros judiciales.
El objetivo era que la fórmula incorporase la "participación directa" de jueces y magistrados que determinase el Consejo y que pudiera recibir una "evaluación positiva" en el informe anual de Estado de Derecho de la Comisión Europea.
Pero el nuevo CGPJ no llegó a un acuerdo tampoco. Y remitió en febrero de 2025 un documento con dos propuestas, al no lograr una mayoría de tres quintos en favor de una sola alternativa.
Una planteaba que los 12 vocales fueran elegidos por los propios jueces, mientras otra mantenía la decisión final en el Parlamento.
Bolaños dio por cumplido entonces el compromiso con Bruselas con la emisión de aquel informe. El ministro sostuvo que la recomendación europea se satisfacía aunque el Gobierno no hubiera presentado una reforma legislativa ni elegido entre las dos fórmulas del Consejo.
Sin embargo, el PP sostiene justo lo contrario: que el acuerdo comprometía al Ejecutivo a impulsar la adaptación del modelo y que el Gobierno ha dejado sin ejecutar el cambio después de renovar el órgano.
Ése era el argumento central de la exposición de motivos de su proposición de ley.
El aviso europeo
La iniciativa popular reunía los pronunciamientos europeos que avalan la elección entre pares. El GRECO, el órgano anticorrupción del Consejo de Europa, lamentó en 2025 que España no hubiera cambiado el sistema y reclamó que los miembros judiciales del CGPJ fueran elegidos por los propios jueces.
La Comisión Europea también señaló que, en los consejos judiciales de composición mixta, los miembros jueces "deben ser elegidos por sus pares" y que "ni el Parlamento ni el Ejecutivo deben participar en el proceso de selección".
El último dictamen de la Comisión de Venecia reforzó esta interpretación. Consideró que la opción que mantendría la elección parlamentaria no cumple el estándar de elección entre pares y sí dio la "bienvenida" a la otra alternativa, la de elección directa por la carrera judicial.
La Comisión de Venecia alertó, no obstante, del riesgo de politización interna si las asociaciones judiciales dominan las candidaturas y las campañas. Esa cautela estaba incorporada a la justificación de la propuesta popular.
El modelo del PP
La ley proponía una circunscripción nacional única y voto personal, libre, igual, directo y secreto, presencial o por correo certificado. Todos los jueces y magistrados en activo podrían votar y concurrir como candidatos, salvo los afectados por una causa de inelegibilidad.
Los 12 vocales se repartirían entre tres magistrados del Supremo, tres magistrados con más de 15 años de antigüedad y seis jueces o magistrados sin requisito de antigüedad. La lista sería abierta y el texto obliga a que al menos el 40% de los elegidos sea de cada sexo.
Podrían concurrir candidatos independientes con 20 avales o el respaldo de una asociación judicial. Las asociaciones también podrían presentar listas completas, aunque la propuesta limita sus avales y obliga a publicar los currículos, memorias y respaldos de los aspirantes.
La norma excluía a quienes hayan ejercido durante los cinco años anteriores puestos políticos, como ministros, secretarios de Estado, consejeros autonómicos, presidentes de corporaciones locales o parlamentarios. También impedía que repitan los vocales salientes.
Una cláusula antibloqueo
El texto incorporaba además una cláusula para evitar que se repita el bloqueo vivido desde 2018. Si Congreso o Senado incumplieran el plazo para elegir a sus cuatro vocales juristas, el nuevo CGPJ podría constituirse con los 12 integrantes judiciales ya elegidos.
El Consejo podría ejercer sus funciones, aunque la Presidencia quedaría pendiente inicialmente. Si transcurrieran 30 días hábiles sin que las Cámaras completaran sus nombramientos, los vocales judiciales nuevos y los miembros juristas que permanecieran en funciones elegirían al presidente del CGPJ y del Supremo.
Cuca Gamarra presentó la reforma como una respuesta a la "operación para someter al Poder Judicial" que atribuye a Moncloa. La dirigente popular incluyó en ella las acusaciones de lawfare, los ataques a jueces y la presión sobre las causas "que afectan al entorno de Sánchez".
El PP quería convertir ahora en ley la condición que impuso para cerrar el bloqueo del CGPJ. Y lo hacía vinculando el incumplimiento que atribuye al Gobierno con la advertencia de Perelló: preservar una Justicia ajena a las presiones políticas.
En su apoyo, cosechó 170 votos, los suyos junto a Vox y UPN. Pero para evitarlo, el PSOE sí logró reunir 175, eso que hace poco el propio PNV llamó "mayoría de bloqueo".