Marruecos destaca los avances logrados en su relación con Pedro Sánchez tras el giro sobre el Sáhara y advierte contra quienes buscan convertir el asalto a Ceuta en una crisis política.
El Gobierno marroquí rechaza las acusaciones de implicación de sus autoridades en la entrada masiva en Ceuta y acusa a actores políticos y judiciales españoles de alimentar una "escalada populista".
Rabat asegura que no existen pruebas que demuestren su responsabilidad en el asalto y atribuye la tensión a la utilización interna del suceso en España por partidos y medios.
El comunicado subraya que los resultados tangibles de la cooperación bilateral en comercio y seguridad están en riesgo por la actual escalada, y recuerda los costes asumidos por Marruecos en el control migratorio.
Marruecos ha celebrado este jueves los "resultados tangibles" de su relación con Pedro Sánchez, reconstruida con el régimen de Mohamed VI tras el giro sobre el Sáhara y ha cargado contra quienes, a su juicio, pretenden convertir el asalto masivo a Ceuta del pasado 30 de julio en una crisis política, mediática, parlamentaria y judicial contra el reino alauí.
En un comunicado que asume las mismas tesis que Moncloa lleva defendiendo desde hace ya más de 40 días, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rabat arremete implícitamente contra Alberto Núñez Feijóo y la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón, que investiga la causa, sin citarlos expresamente.
El lenguaje de la fina diplomacia marroquí, eso sí, acusa a los "partidos históricos", a "círculos políticos y mediáticos" y a "respetables instituciones legislativas y judiciales" de alimentar una "escalada irracional y populista" que conduciría a la "desavenencia" entre los dos países.
La advertencia llega después de la desclasificación de 40 documentos de los servicios policiales y de inteligencia españoles que corroboran el informe policial entregado a la juez, y que reveló en primicia EL ESPAÑOL hace 10 días desvelando el "guiado activo" de agentes marroquíes en la entrada masiva en Ceuta y las alertas previas de lo que se preparaba.
Los informes apuntan a que la irrupción no respondió a "un episodio migratorio espontáneo", sino a una operación para forzar la frontera española, con conocimiento y, al menos, una actuación "pasiva o negligente" de autoridades marroquíes.
Rabat rechaza esa interpretación y exige que se deje de atribuir responsabilidad a sus instituciones.
El Gobierno del rey alauí sostiene que "ningún dato, hecho o informe acredita implicación alguna de las autoridades marroquíes" en el asalto.
La fórmula coincide en lo sustancial con la posición defendida por Sánchez el 3 de septiembre en el Congreso: el presidente admitió que la Gendarmería marroquí permitió durante diez horas el cruce de miles de personas hacia Ceuta, tal como documentó la Policía, pero negó que ese hecho demostrara que Rabat diseñó y ejecutó la operación.
Sánchez afirmó entonces que Moncloa no disponía ni de "pruebas sólidas" ni de evidencias internacionales para atribuir al Estado marroquí la planificación del asalto. El comunicado marroquí da un paso más: trata de presentar cualquier acusación como una construcción política sin respaldo factual.
Rabat sí admite que los acontecimientos requieren un "examen exhaustivo" para aclarar las circunstancias, identificar "injerencias" y denunciar "manipulaciones", coincidiendo, de nuevo, con las alusiones de Sánchez al interés de "redes de Rusia e Israel" en avivar el suceso, e incluso a su magnificación por "la internacional ultraderechista".
"Saben que no callaremos"
Pero la nota de Marruecos desplaza el foco hacia España y señala a "actores españoles" como los responsables de que el Gobierno no devuelve a los migrantes irregulares que, asegura, Marruecos ha aceptado readmitir y "por qué mantiene a menores no acompañados lejos de sus familias", pese a que el reino dice reclamar su retorno.
Nada dice, eso sí, de los más de 80 cadáveres de sus nacionales que también dijo reclamar de vuelta, en agosto, y han tenido que ser enterrados en suelo español.
Fuentes del entorno del presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, rechazan esa lectura. “Marruecos percibe que no estamos dispuestos a callarnos”, señalan a este periódico.
E insisten en la tesis de que lo sucedido fue una "invasión" que contó "al menos, con la actitud pasiva y negligente de las autoridades marroquíes", porque "saberlo, lo sabían".
Las mismas fuentes aprovechan que Rabat se declare dispuesto a facilitar retornos para tomarle la palabra, pero reclaman comprobarlo con hechos: "El camino se hace andando", resumen. "Deberemos comprobar, en las próximas semanas, si es cierto".
Su diagnóstico es que la presión del pueblo español, saliendo a la calle en apoyo de los ceutíes y de su Gobierno, ha resultado decisiva: "Si no nos movemos no responden".
La "nueva etapa"
El comunicado sitúa esa controversia en un marco más amplio.
Marruecos ensalza la "nueva etapa" abierta el 7 de abril de 2022, tras la cena de la bandera del revés... y la Declaración Conjunta acordada por Mohammed VI y Sánchez, como una relación asentada en la "buena vecindad", el "respeto mutuo", la "confianza", el "diálogo político" y la "asociación económica y de seguridad".
Rabat atribuye a aquel entendimiento "resultados tangibles" en comercio, lucha antiterrorista, desarticulación de redes criminales y cooperación migratoria. Unos frutos que ahora estarían en peligro ante la "escalada populista" que sólo llevará, sostiene la nota oficial a "tensiones recurrentes".
España es, afirma el régimen, su principal socio económico, mientras que Marruecos se ha convertido en el segundo socio comercial español fuera de la UE. Y a modo de advertencia, el comunicado recuerda también los costes humanos y materiales que, según sostiene, soportan sus fuerzas de seguridad en esa cooperación.
La realidad es que esa "nueva etapa" fue el resultado de otro episodio de crisis, la más grave en lo diplomático y lo político entre ambos países desde la invasión del islote Perejil, en julio de 2002.
En mayo de 2021, más de 10.000 personas entraron en Ceuta en apenas dos días aprovechando otra relajación de los controles marroquíes en la frontera.
La embajadora de Rabat, Karima Benyaich, aclaró entonces que "las decisiones tienen consecuencias", en referencia a la acogida en España del líder del Frente Polisario, Brahim Ghali, y nada se empezó a suavizar hasta la destitución de la entonces ministra de Exteriores española, Arancha González Laya.
Pero aquella cesión no fue suficiente. La recomposición sólo llegó después de que Sánchez entregara la posición histórica española respecto del Sáhara Occidental.
El Gobierno de España pasó a considerar la propuesta de soberanía marroquí con autonomía para el territorio como la base "más seria, creíble y realista" para resolver el conflicto de la antigua colonia española.
Rabat presenta ahora la estabilidad nacida de aquel volantazo diplomático, que nunca se explicó y contó con el rechazo abrumador del Congreso, como un capital que España pondría en riesgo si acepta, según su lenguaje, la "ceguera estratégica".
La versión marroquí
La lectura de Le360, diario marroquí próximo al régimen, endurece esa tesis. El medio define las acusaciones españolas como un "libelo acusatorio" y denuncia que el análisis objetivo haya sido sustituido por un "alegato inquisitorial".
En su relato, destaca los pasajes más duros del comunicado de Rabat, señalando que Marruecos no puede ser utilizado como "chivo expiatorio" ni como un activo del "comercio preelectoral" español.
Para Rabat, el problema no es la conducta de sus agentes en Ceuta, sino la utilización interna de los hechos por partidos, medios e instituciones españolas.
Por eso, remarca que el régimen deplora que los "partidos históricos" hayan caído en un "lodazal" populista, por el PP de Feijóo, y que órganos legislativos y judiciales impulsen iniciativas "desafortunadas", en referencia a la investigación de la Audiencia Nacional.
La nota se publica, además, sólo un día después de que Sánchez fuese, de nuevo, condescendiente con el asalto, defendiendo en TVE que Ceuta y Melilla deben prepararse para una "realidad estructural" de presión migratoria.
El presidente planteó consolidar la capacidad de acogida activada tras la crisis y rechazó llamar "invasores" a quienes llegaron a la ciudad.
El Gobierno de Vivas rechazó de plano la visión del presidente del Gobierno para que la respuesta de emergencia se convierta en permanente.
Fuentes del Ejecutivo ceutí sostuvieron que Sánchez "está poniendo Ceuta en bandeja a Rabat", al reducir el coste de futuras acciones de presión sobre la frontera. Y exigieron identificar a todos los migrantes que continúan en la ciudad y retornarlos al otro lado de la frontera.
Fuentes del PP creen que Rabat no reconocerá "ninguna culpabilidad" por lo ocurrido y que su oferta de facilitar retornos busca proyectar unas relaciones "idílicas" con el todavía presidente Sánchez.
Es más, los populares interpretan las alusiones veladas al partido en la nota oficial como un "aviso a navegantes" dirigido a Feijóo. "Nos lanza al PP una advertencia porque saben que Sánchez está acabado", resumen.
Y es que Rabat no anuncia una represalia determinada.
Pero maneja con maestría un lenguaje diplomático en el que la clave está en lo que no se dice: si la estabilidad de la relación está vinculada a que España actúe en función del marco político sellado tras en 2022 tras el asalto de 2021, se puede entender que el de 2026 estaba midiendo fuerzas.