Pedro Sánchez considera que Ceuta y Melilla deben adaptarse a una "realidad estructural" de llegada masiva de migrantes y anuncia inversiones en infraestructuras de acogida.
El presidente rechaza el lenguaje de "invasión" y asegura que la mayoría de los migrantes buscan una vida mejor, criticando el discurso de miedo y xenofobia.
Sánchez atribuye la crisis migratoria en Ceuta a una sentencia del Tribunal Supremo y reconoce fallos en la previsión de la magnitud del asalto.
En cuanto a la 'ley de nietos', Sánchez responsabiliza al PP y Vox de limitar los derechos de los descendientes del exilio, aunque la suspensión afecta a una instrucción administrativa, no a la ley en sí.
Pedro Sánchez trató de presentar la crisis del asalto masivo a Ceuta como una "realidad estructural" que la ciudad autónoma y Melilla tendrán que asumir.
En la entrevista concedida a Jesús Cintora y Esther Palomera en TVE, el presidente del Gobierno evitó asumir una responsabilidad concreta por posibles "errores de previsión" ni por la "falta de medios" denunciada tras la entrada masiva.
Sánchez, eso sí, anunció que "el Estado" invertirá en dos aspectos: por un lado, en la preparación de ambas ciudades autónomas para esa "realidad estructural". Es decir, que dio por inevitable que la diferencia de renta entre ambos lados de una frontera, que "se multiplica por ocho" en el territorio español, obliga a hacer más centros "de acogida".
O lo que es lo mismo, anticipó que en Ceuta se van a construir más infraestructuras para migrantes. "No podemos tener centros para sólo 1.000 personas", dijo, antes de sugerir que las "6.000 plazas activadas" a finales de mes se deben convertir en permanentes.
El jefe del Ejecutivo presentó esa ampliación como una necesidad técnica porque, para "hacer el triaje", es decir, identificar a los llegados y estudiar sus peticiones de asilo, es preciso "reubicarlos" en instalaciones adecuadas.
Eso sí, advirtió a Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta, que en el caso de los menores, la responsabilidad "es del Gobierno de la ciudad autónoma", con la que el Ejecutivo central "colaborará".
El otro punto que prometió mejorar es el de "la anticipación" ante "ataques híbridos", que fue el único término mínimamente agresivo en sus respuestas a las preguntas por Ceuta.
El presidente aceptó que los dispositivos de seguridad "no previeron la magnitud de la entrada masiva". Según relató, los informes oficiales anteriores al asalto sólo apuntaban a un "ligero pico" de llegadas a nado y no anticiparon la avalancha de decenas de miles de personas.
Sánchez prometió, sin concretar plazos ni medidas, que el Estado debe "perfeccionar la inteligencia" y la vigilancia de "los movimientos digitales".
Y a continuación vinculó la crisis con "la sentencia del Tribunal Supremo", a la que responsabilizó de ser el elemento que incitó la crisis que terminó con el asalto masivo de más de 70.000 personas los días 30 y 31 de julio.
"Los niños no son invasores"
El jefe del Ejecutivo rechazó el lenguaje de "invasión" que atribuyó a "la ultraderecha y a una derecha cada vez más ultra".
Sánchez dijo que, "en su mayoría son personas que buscan una vida mejor" y que rechaza el lenguaje "de miedo, odio y xenofobia", porque "los niños y las niñas no son invasores".
Incluso logró convertir su respuesta a la crisis de Ceuta en una crítica a la oposición, al calificar de "barbaridad" la promesa de Alberto Núñez Feijóo de defender las fronteras "incluso invocando el artículo 8 de la Constitución", ése que confiere al Ejército la protección de la integridad territorial de España.
"Eso es poco menos que prometer una respuesta armada... liarse a tiros", advirtió. Y eso "tendría consecuencias no sólo en Ceuta, sino en la relación bilateral con Rabat, además de en nuestra imagen internacional".
Mentiras en racimo
Se presentaba Sánchez en los estudios de TVE con dos mentiras a cuestas, soltadas ante Alberto Núñez Feijóo en la sesión de control de dos horas antes.
Ya sin capacidad de replicárselas, le soltó al líder de la oposición: uno, que volverá "a ganar" las elecciones cuando se celebren, supuestamente en 2027; y dos, que "el PP y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles de españoles" a cuenta de la llamada ley de nietos.
Esta segunda falsedad, además, escondía varias en racimo. Y todas ellas las repitió en la entrevista de TVE.
Para empezar no son el PP ni Vox los que hicieron cosa alguna este martes, sino que la Sala Tercera del Tribunal Supremo anunció una suspensión "cautelar".
En segundo lugar, la resolución judicial no afecta a "la Ley de Memoria Democrática aprobada por este Congreso en 2022", sino a una instrucción interna del Ministerio de Justicia que la manipulaba.
Y para terminar, eso de decir que con la ley en vigor "el PP ya ganó el voto exterior" en las elecciones del 23-J es tramposo.
Porque en los ocho consulados donde más ha crecido el censo CERA en todo este tiempo apenas habían subido, en esos meses, los inscritos.
Donde más, Ciudad de México y Miami, en apenas 3.000 personas.
E incluso en las ciudades argentinas de Rosario (hoy líder en crecimiento, al duplicar los nietos con derecho a voto) y Buenos Aires (que puede entrar en el top cinco de circunscripciones para las próximas generales), los españoles con derecho a voto habían bajado en 1.000 y 2.000 votantes, respectivamente.
Todo eso lo tenían virgen Cintora y Palomera para apretarle, pero no hubo ni una repregunta.
El Supremo y los 'nietos'
Así, del mismo modo que el Supremo estaba en el origen de la crisis ceutí, según el líder socialista, para el caso de la llamada ley de nietos, es como si la resolución con las cautelares de este martes no hubiera existido.
Sánchez respondió a la pregunta sobre sin entrar en el alcance de la resolución del Supremo. En lugar de distinguir entre la Ley de Memoria Democrática y la instrucción administrativa suspendida cautelarmente, trató de trasladar la responsabilidad al PP y a Vox.
El presidente aseguró que "la mejor de las Españas fue la de la II República" y que son los descendientes de quienes "acabaron con ella" quienes ahora "pretenden que haya ciudadanos de primera y de segunda".
Es decir, "limitar los derechos de ciudadanía de los herederos del exilio".
Sánchez repitió lo de que la ley está vigente desde 2022 y que el PP "ganó el voto exterior" en las elecciones generales de 2023. Y alegó que incluso "se modificaron circunscripciones a favor del PP".
Sánchez sí admitió el "desacuerdo" del Gobierno con la medida cautelar que ya anticipó Félix Bolaños este martes. E insistió en la exigencia al Supremo para que resuelva "cuanto antes".
Pero describió la decisión judicial como parte de una ofensiva de la oposición, acusando al PP de haberse "abonado a posiciones de ultraderecha".
Y así esquivó el objeto concreto del auto: la suspensión de la instrucción interna redactada por Sofía Puente que, ésta sí, junto a las instrucciones a los consulados, cambió el objeto de la ley haciendo pasar por nietos del exilio a todo descendiente de un español fuera de España.