El Gobierno acusa a los jueces de emprender una "guerra judicial" tras varios reveses recientes, incluidos la suspensión de la 'ley de nietos' y la investigación sobre la entrada masiva de migrantes en Ceuta.
La jueza María Tardón, instructora del caso de la entrada de más de 80.000 migrantes en Ceuta, es cuestionada por miembros del Ejecutivo por su supuesta falta de imparcialidad.
El Tribunal Supremo ha suspendido cautelarmente la inscripción en el censo electoral de quienes obtuvieron la nacionalidad por la 'ley de nietos', desatando críticas del Gobierno.
El ministro Bolaños pide al Supremo una pronta resolución sobre la 'ley de nietos', argumentando que afecta al derecho al voto en las próximas elecciones.
"Óscar Puente es portavoz autorizado del Gobierno", explican fuentes oficiales de Moncloa, en relación a las palabras del titular de Transportes en las que cuestionaba abiertamente la imparcialidad de la jueza María Tardón.
Tardón es la instructora de la causa abierta por la entrada en Ceuta de más de 80.000 migrantes el 30 y 31 de julio.
El episodio sirve también, según el Gobierno, para otros reveses judiciales recientes y los que, según admiten en Moncloa, están por llegar.
El Ejecutivo se considera víctima de una "guerra judicial", y ese será uno de los argumentos de los socialistas para la precampaña electoral que, en la práctica, ya han empezado.
Quieren que los votantes respondan en las urnas a esa persecución de jueces que denuncian.
El argumento vale para cuestionar la investigación de Tardón en la Audiencia Nacional, pero también para criticar el fallo del Tribunal Supremo que este martes suspendía la llamada ley de nietos.
Sirve para arremeter contra la decisión de sentar en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, y servirá igualmente para hacer frente a resoluciones judiciales adversas que Moncloa ya da por hechas en la evaluación de daños que prevé.
Ahí está, por ejemplo, la previsible imputación del PSOE, como persona jurídica, en el llamado caso Leire o de presunta creación de cloacas para obstaculizar procesos judiciales adversos, usando facturas falsas y los medios materiales y personales del partido.
"Hasta la fecha, ha dado muestras de que se pueda dudar de su imparcialidad", aseguró Puente en el programa Hora 25 de la Cadena Ser, en referencia al currículum de la magistrada María Tardón, que fue concejala del PP en Madrid antes de volver a la Audiencia Nacional.
Ya hace unos días el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tuvo un intercambio epistolar con la presidenta del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Isabel Perelló.
Marlaska se quejaba de que la juez Tardón no les hubiera permitido tener acceso al informe policial que apunta a Marruecos como causante de los sucesos de Ceuta y Perelló respaldó a la magistrada.
El propio Pedro Sánchez se refirió de forma crítica a esa actuación de la jueza en su comparecencia en el Pleno del Congreso el jueves pasado.
Ahora, la 'ley de nietos'
Este martes, el Gobierno tuvo conocimiento en plena rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros de que la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo había acordado suspender cautelarmente la inscripción en el censo electoral de personas que hayan obtenido la nacionalidad española en virtud de la Instrucción del Ministerio de Justicia que regula la aplicación de la ley de nietos.
La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, sólo pudo expresar que discrepa de la decisión del Supremo, pero en privado fuentes del Gobierno mostraron su malestar con la resolución y la sitúan dentro de esa supuesta intención de los jueces para hacer frente al Ejecutivo.
"Hay que prepararse para aguantar hasta las elecciones generales con los jueces cada vez más en contra", explican fuentes del Ejecutivo.
El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, fue comedido poco después en el Senado y se limitó a instar al Supremo a resolver "lo antes posible" sobre la ley de nietos porque "afecta al derecho a voto, lo más sagrado".
Bolaños, que recordó que la Junta Electoral no puso objeción a la ley, quiere que los inscritos puedan votar en los próximos comicios, generales y autonómicos y locales.
La controversia se centra en una instrucción de desarrollo de la Ley de Memoria Democrática que extiende a "exiliados económicos" la norma que inicialmente se refería a exiliados políticos e ideológicos como consecuencia de la Guerra Civil y la dictadura.
El Gobierno es muy pesimista sobre el futuro de la norma, porque la decisión sobre la suspensión cautelar se adoptó por cuatro votos contra uno en la Sala de lo Contencioso del Supremo.
En ese ambiente entre los poderes Ejecutivo y Judicial, este jueves se celebrará el solemne acto de Apertura del Año Judicial con presencia del Rey y del ministro Bolaños.