El Gobierno ha vetado reducir el IVA al 4% para rampas, ascensores y obras de accesibilidad en edificios, alegando una merma de ingresos incompatible con los presupuestos vigentes.
La propuesta, impulsada por el PP en el Senado, incluía también la reparación de vehículos y sillas de ruedas, y la adaptación de taxis para personas con discapacidad.
El Ejecutivo calcula que la reducción del IVA tendría un impacto económico que varía en sus propios informes, desde 3,2 hasta 321 millones de euros.
Otras medidas vetadas afectan a ayudas fiscales, eliminación del copago para personas con dependencia extrema y mejoras en la prestación CUME para padres de hijos con enfermedades graves.
El Gobierno ha vetado en la Ley de Discapacidad, aún en trámite una enmienda para la rebaja al 4% del IVA para las rampas, ascensores y obras destinadas a eliminar barreras arquitectónicas en edificios y viviendas.
El Ministerio de Hacienda ha invocado su potestad legal para alegar que la propuesta supone una "merma de ingresos" incompatible con los Presupuestos Generales del Estado vigentes, que son los tres veces prorrogados de 2023.
La iniciativa fue incorporada por el PP al proyecto de reforma de las Ley de Discapacidad y de Dependencia durante su tramitación en el Senado. Incluye también la reparación de vehículos y sillas de ruedas, además de la adaptación de taxis y turismos para personas con discapacidad.
El Ejecutivo ha remitido al Senado su disconformidad presupuestaria al amparo del artículo 134.6 de la Constitución Española. Esa previsión permite al Gobierno negar su conformidad a enmiendas que impliquen un aumento de créditos o una disminución de ingresos presupuestarios.
La discrepancia no reside sólo en el fondo. También afecta a la cuantificación manejada por Hacienda para justificar el bloqueo de la medida.
En un primer escrito de disconformidad, registrado el 29 de julio, Moncloa calculó que el IVA reducido para las obras de accesibilidad tendría un impacto de 3,2 millones de euros. Partía de que la iniciativa afectaría al 1% de unas bases imponibles gravadas al 10%.
En la segunda tanda de vetos, registrada el 4 de septiembre, el Ejecutivo elevó a 321 millones la pérdida de ingresos de una enmienda transaccional basada en la propuesta del PP. El cálculo presupone que el 9% de las obras sujetas al 10% tienen como finalidad garantizar la accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
Alberto Núñez Feijóo, líder del PP, junto a Carmen Fúnez, a la salida de una sesión en el Congreso.
Fuentes del Partido Popular cercanas a Carmen Fúnez, vicesecretaria de Sanidad y Política Social, además de estar escandalizadas con "las promesas incumplidas por falta de Presupuestos" ven en esa diferencia una "falta de rigor" en la argumentación económica de Moncloa.
Levantar el veto
La mayoría absoluta del PP en el Senado permitirá este miércoles levantar los vetos de Hacienda e incorporar al texto las enmiendas bloqueadas.
Entre ellas hay mejoras vinculadas a la prestación CUME, con ayudas a padres de hijos con cáncer, a la fiscalidad de las personas dependientes y con discapacidad, y a la supresión de copagos para enfermos con dependencia extrema.
Los populares, sin embargo, dan por descontado que el texto regresará al Congreso y que la Mesa presidida por Francina Armengol eliminará de nuevo esas iniciativas antes de que puedan votarse. Fuentes del PP consideran que esa eventual decisión sería "ilegal" y, probablemente, provocaría un nuevo conflicto de atribuciones ante el Constitucional.
"El Gobierno amplió sus vetos iniciales al comprobar que algunas de las enmiendas en principio no bloqueadas concitaban el apoyo de PP, Vox, Junts y PNV, una mayoría que las haría prosperar en el Congreso aunque Hacienda las vetara en el Senado", sostienen las mismas fuentes.
Las medidas
La primera de las medidas destacadas que quedaron bajo la disconformidad del Gobierno es la relativa a la prestación por cuidado de menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave, conocida como CUME.
La enmienda transaccional respaldada en el Senado permitiría prolongar la ayuda más allá de los 23 años cuando el hijo tenga gran incapacidad, dependencia de grado III o una discapacidad igual o superior al 65%, y continúe conviviendo con sus cuidadores.
También mantendría la prestación cuando el beneficiario resida temporalmente en un recurso residencial o una vivienda de apoyo, durante estancias de respiro o de corta duración.
La reforma equipara, además, a la hospitalización convencional los tratamientos en hospitalización domiciliaria o atención ambulatoria especializada si requieren cuidados continuos de igual intensidad.
El Gobierno calcula que esta ampliación de la CUME supondría un coste de 2,36 millones de euros en 2027, que ascendería progresivamente a 12,62 millones en 2031.
Pero lo cierto es que su estimación parte de que la medida afectaría a una media anual de 134 prestaciones, con un importe medio de 17.543 euros.
Una segunda enmienda del PP vetada busca extender al ámbito tributario la equiparación que el proyecto ya contempla entre dependencia y discapacidad. El texto prevé reconocer como mínimo un 33% de discapacidad a las personas con dependencia de grado I y un 65% a quienes tengan grados II o III.
La propuesta popular permitiría aplicar esa equivalencia directamente en el IRPF. Así, las personas con dependencia reconocida podrían acceder a los mínimos fiscales por discapacidad sin tener que atravesar un segundo procedimiento de valoración para obtener el certificado correspondiente.
Hacienda estima que existen 97.000 personas con dependencia reconocida que no aplican actualmente el mínimo por discapacidad. Calcula que, si todas lo hicieran, el coste alcanzaría los 58,2 millones de euros, con incidencia también sobre las comunidades autónomas por tratarse de un impuesto parcialmente cedido.
Enfermos de ELA
El Gobierno también ha rechazado las propuestas para eliminar el copago de las prestaciones de dependencia de las personas con grado III+, reservado a situaciones de dependencia extrema. La medida afectaría a enfermos de ELA y a personas con otras patologías de alta complejidad y curso irreversible.
El Ejecutivo calcula que la eliminación del copago tendría un coste adicional anual de 66,4 millones de euros, de los que 33,2 millones corresponderían a la Administración General del Estado. El informe parte de que el usuario soporta, de media, el 28% del coste total del sistema.
Los escritos de Moncloa incluyen otros vetos: una deducción en el IRPF por gastos asociados a la dependencia no financiados por las administraciones, valorada en 432 millones; la ampliación de la exención por la venta de vivienda habitual de mayores de 65 años y grandes dependientes, cifrada en 120 millones; y el refuerzo de la financiación estatal de la dependencia.
También bloquean una enmienda sobre productos y servicios de autonomía personal, movilidad, comunicación y accesibilidad. En julio, Hacienda estimó su impacto en 2,8 millones; en septiembre, al valorar una transaccional vinculada a esa propuesta, lo elevó a 144 millones.
El Gobierno sostiene que las medidas generarían obligaciones de gasto o pérdidas de recaudación no previstas en el presupuesto vigente. El PP replica que Moncloa usa el mecanismo de disconformidad presupuestaria para impedir que el Congreso debata mejoras sociales que ya cuentan con respaldo parlamentario suficiente.