El Gobierno evita responsabilizar a Marruecos por la entrada masiva de migrantes en Ceuta pese a un informe policial que apunta a la implicación de Rabat.
El informe policial sobre la crisis en Ceuta ha generado un fuerte malestar dentro del Ejecutivo y entre los socios parlamentarios de Sánchez.
Varios ministros consideran que el descontrol en Interior justifica la destitución de Marlaska, aunque Moncloa mantiene su confianza en él.
La gestión de la crisis evidenció errores y retrasos en la toma de decisiones, aumentando la percepción de descontrol en el Gobierno.
El Gobierno sigue enrocado en su posición de evitar culpar a Marruecos por la entrada de decenas de miles de migrantes en Ceuta el pasado mes de julio, pese al informe policial entregado a la Audiencia Nacional que apunta a la responsabilidad directa de Rabat adelantado por EL ESPAÑOL.
En esa argumentación se mantendrá este jueves Pedro Sánchez en el Pleno del Congreso, donde comparece para dar cuenta de la grave crisis. Sólo es previsible que insista en la tesis de que no hay indicios, ni pruebas de la implicación del Gobierno de Rabat y alguna referencia al rechazo a la reivindicación de Marruecos sobre la soberanía de Ceuta y Melilla, con un tono ligeramente más duro que el usado el lunes en la Cadena Ser.
Después incluso de publicarse en el periódico el contenido del informe policial, siguió el enroque durante todo el día: Interior hizo público un comunicado en el que sigue exculpando a la Policía de Marruecos.
"Solicitados informes al respecto a las comisarías generales de Información y de Extranjería y Fronteras, el director general de la Policía ha comunicado al ministro del Interior que no existe informe policial alguno que atribuya a las Fuerzas de Seguridad marroquíes la planificación o ejecución de lo sucedido los días 30 y 31 de julio en Ceuta", aseguró el Ministerio. Sin embargo, este supuesto desmentido oficial queda claramente rebatido con la literalidad del informe.
Esta argumentación que mantiene el Gobierno y que hace suya el PSOE choca también con el parecer de todos los demás partidos del Congreso, sin excepción, incluidos sus socios de Gobierno, que no dan crédito a la exculpación de Marruecos. De hecho, la publicación del informe ha irritado aún más a los aliados de Sánchez en la Cámara y así tienen previsto exponerlo hoy.
Ese escenario sitúa al presidente ante una comparecencia complicada, agravada por el contenido demoledor del informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras de la Policía Nacional.
Todo ello en un contexto de preocupación en el Gobierno y el PSOE por la gravedad de los hechos y por el reconocimiento interno de que la gestión estuvo cargada de errores y con retraso evidente en la toma de decisiones. Su pesimismo sobre las consecuencias políticas ha crecido en las últimas horas a la par que su desconfianza sobre la estrategia ejecutada por el equipo de Sánchez.
La publicación del informe ha multiplicado la impresión de descontrol y debilidad de un Gobierno sobrepasado por los argumentos.
El enroque del Ejecutivo incluye la descalificación del informe policial, sobre el que asegura que no tenía información. Es decir, su mensaje es denunciar que fue elaborado y entregado a la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón a espaldas de los superiores de los policías, apuntando a la tesis de una especie de "lawfare" o grupo policial incontrolado.
Por eso, el Gobierno se encargó de transmitir su enfado por la actuación de esa unidad y también la de la magistrada. Fuentes de Moncloa personalizan en Sánchez el malestar contra la Policía.
Descontrol en Interior
Su argumento es que si una unidad policial dispone de información relevante para hacer frente a unos hechos que afectan a la seguridad del Estado, está obligada a transmitirlo a sus superiores. Incluso aunque la jueza les haya pedido silencio.
La opción contraria sería que el Gobierno ocultó ese informe y, pese a conocerlo, siguió manteniendo públicamente que no hay indicio alguno de la implicación de Marruecos para ensalzar su colaboración en la solución de la crisis. Es decir, que el Gobierno, con su presidente a la cabeza, mintió a sabiendas.
Moncloa rechaza esta posibilidad y varios ministros han explicado a este periódico que en ninguna de las reuniones de Consejo de Seguridad Nacional en los últimos días se ha hablado de este informe policial y siempre se han presentado informes sobre la colaboración de Marruecos. De esa reunión forman parte dieciséis ministros y el propio presidente del Gobierno.
Con esa versión, varios ministros consideran que se ha vuelto a poner de manifiesto el descontrol en el Ministerio del Interior y dirigen sus miradas hacia Fernando Grande-Marlaska, el más discutido internamente desde hace tiempo.
Por todo ello, consideran que la salida debe ser la destitución de Marlaska, por no haber "puesto orden" en el ministerio después de más de ocho años en el cargo. Creen que es la salida política al complicado embrollo en el que se encuentra el Gobierno.
Extienden la crítica a acontecimientos previos que muestran situaciones similares en la Guardia Civil y en la Policía Nacional. Y explican que ha quedado acreditado el descontrol en uno de los ministerios más sensibles. Ahora, la indignación con Marlaska es visible en el seno del Gobierno.
Su tesis es que no es posible mantener en el cargo a quien ha sido burlado por policías a su mando y se ve obligado a escribir una carta a una de sus manos derechas, el director general de la Policía, para dejar claro que hay policías que actúan a sus espaldas.
Confianza en el ministro
Sin embargo, fuentes de la Moncloa explican que Marlaska tiene toda la confianza del presidente del Gobierno. De hecho, Marlaska es el ministro con una relación personal más estrecha con Sánchez.
Junto a Margarita Robles y Luis Planas, el titular de Interior es el único que se mantiene en el Gobierno desde que en julio de 2018 Sánchez ganó la moción de censura a Mariano Rajoy.
La versión oficial incluso descalifica la unidad policial que emitió el informe para la jueza María Tardón, asegurando que carece de medios y competencia para emitir informes de inteligencia como el citado.
Explican también que el comisario principal David Agorreta que dirige el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras fue nombrado en 2015 y colaboró con mandos policiales juzgados por la llamada "Policía patriótica" del Gobierno de Rajoy.
En todo caso, el comisario ha sido mantenido en el cargo por el ministro Marlaska, sin que haya encontrado ningún motivo para sustituirle en los ocho años que lleva al frente del Ministerio del Interior.
En las últimas semanas el Gobierno ha abierto también una "guerra" con el CNI al asegurar, frente a la posición de la ministra Margarita Robles, que los servicios secretos no advirtieron de la llegada de más de 80.000 personas a Ceuta.