Solo 72 alcaldes del PSOE, el 3% de los que gobiernan, se sumaron a las concentraciones de apoyo a Ceuta convocadas por la FEMP.
Ferraz envió una orden de "no participar" para impedir la presencia de cargos socialistas en los actos, buscando evitar reproches al Gobierno.
Las concentraciones contaron con gran respaldo en otros municipios, pero la participación socialista fue escasa debido a presiones internas.
El Gobierno es acusado de reaccionar tarde ante la crisis de Ceuta, mientras el PP critica su gestión e impulsa las movilizaciones.
Apenas 72 ayuntamientos del PSOE se han unido este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta este miércoles, 2 de septiembre, día de la ciudad. La cifra representa únicamente el 3,1% de los 2.308 consistorios que gobiernan los socialistas en España, según el recuento de alcaldías tras las municipales de 2023.
La cifra mide el alcance de la orden de "NO PARTICIPAR" enviada por Ferraz para impedir que sus cargos municipales participaran en los actos. La dirección del PSOE reimitió una carta el pasado 29 de agosto a sus cargos políticos para evitar que se sumaran a la convocatoria promovida por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP).
La escasa adhesión de alcaldes socialistas contrasta con el respaldo que han recibido las concentraciones en el conjunto del país, con imágenes masivas en Madrid y otras capitales. También deja al descubierto la preocupación del Gobierno ante una fotografía de protesta ciudadana contra su gestión de la crisis de Ceuta.
Fuentes del Partido Popular elevan a 1.996 el número de municipios donde finalmente se han convocado concentraciones este Día de Ceuta. La cifra supone que los actos se han celebrado en casi uno de cada cuatro de los 8.132 ayuntamientos españoles.
De esos 1.996 municipios, sólo 72 están gobernados por el PSOE, según el desglose trasladado por fuentes del PP, que atribuye esa significativa pero pequeña "rebelión de alcaldes del PSOE" a las presiones de Ferraz y de Moncloa para reducir la participación de los alcaldes socialistas.
"Integridad territorial violada"
La FEMP, presidida por la alcaldesa popular de Jerez María José García-Pelayo, llamó a concentrarse a las 20.00 horas bajo el lema "Ceuta no está sola". El PSOE sostiene que el PP ha intentado "instrumentalizar políticamente" esa movilización para desgastar al Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La polémica llega después de la entrada masiva de más de 70.000 personas en Ceuta durante los días 30 y 31 de julio. La ciudad autónoma sufrió una presión sin precedentes en sus servicios públicos, sus recursos de acogida y su dispositivo de seguridad.
Juan Jesús Vivas había avisado al Gobierno varios días antes. El presidente de Ceuta relató que el lunes 27 contactó con Moncloa ante el aumento de llegadas y que recibió como respuesta que estuviera "tranquilo".
En una semana, según los datos expuestos por Vivas, habían llegado 1.500 personas a nado y el número de menores acogidos había pasado de 180 a 800. El martes 28 pidió al Ministerio del Interior la declaración del estado de alarma desde la perspectiva de Protección Civil.
Interior respondió el miércoles por la tarde que "no existía fundamento jurídico" para adoptar esa medida. A la mañana siguiente comenzó la avalancha, con decenas miles de personas cruzando por mar, asaltando la verja y bordeando el espigón del Tarajal.
Sánchez telefoneó a Vivas ese 30 de julio, cuando el asalto ya estaba en marcha, y visitó Ceuta al día siguiente junto a Fernando Grande-Marlaska.
El jefe del Gobierno no dio "garantías" al presidente de la ciudad, se fue de vacaciones y, finalmente, tardó semanas en declarar la situación de interés para la seguridad nacional, nombrar un Mando Único y solicitar apoyo de Frontex.
El Ejecutivo, por su parte, defiende que la gestión se ha realizado "dentro de la legalidad y con coordinación institucional". Mientras que el PP acusa al Gobierno de haber ignorado alertas previas, reaccionado tarde y tratar, este miércoles, de impedir que el malestar por esa respuesta se exprese en los ayuntamientos.
"Maniobras de boicot"
Ferraz trasladó a sus responsables territoriales que la convocatoria de la FEMP respondía a una "operación partidista" del PP. La instrucción buscaba evitar que alcaldes y concejales socialistas convirtieran los actos en un reproche al Gobierno en plena crisis política por Ceuta.
Varios regidores optaron por desobedecer. El alcalde de León, José Antonio Diez, confirmó que acudiría a la concentración porque se trataba de "cuestiones de Estado" y reclamó dejar a un lado el "ventajismo político".
Otros alcaldes socialistas promovieron actos propios o se sumaron a convocatorias locales. Entre los primeros municipios citados estaban Chiclana, Moguer, Sagunto, Mérida, Espartinas, Tavernes de la Valldigna, Sax, Novelda, Tacoronte...
La tensión también se trasladó a las delegaciones del Gobierno. En Madrid, el delegado, Francisco Martín, comunicó al Ayuntamiento que no podía tramitar el evento como una concentración sujeta al derecho de reunión y propuso reconducirlo como acto institucional.
Una vez conocida la no autorización, el Gobierno corrigió alegando que no prohibía la convocatoria. El Ayuntamiento madrileño y el PP interpretaron el escrito como "una maniobra para boicotearla", al crear dudas sobre su cobertura jurídica y su formato.
Las concentraciones se han celebrado, además, un día antes de la comparecencia de Sánchez en el Congreso para explicar la crisis. El Gobierno afronta ese debate bajo la presión de la oposición y con una fractura visible, aunque minoritaria, entre sus alcaldes.