El PP estudia limitar el derecho de voto de los españoles residentes en el exterior en su futura Ley de Nacionalidad, a raíz de la polémica por la 'ley de nietos'.
En otros países de la UE, como Grecia e Irlanda, el derecho al voto para nacionales en el extranjero se vincula a la residencia o a requisitos fiscales.
El crecimiento del censo exterior, impulsado por la 'ley de nietos', ha favorecido electoralmente al PSOE en circunscripciones clave.
El debate se centra en si el vínculo entre nacionalidad y derecho de sufragio debe mantenerse cuando el ciudadano reside de forma estable fuera de España.
El Partido Popular ha abierto internamente un melón incómodo: el del vínculo automático entre nacionalidad y derecho de voto en España cuando el ciudadano reside de forma estable fuera del país.
La cúpula de Génova ha ordenado estudiar si en su futura Ley de Nacionalidad, que incluirá una reforma del Código Civil comprometida por Alberto Núñez Feijóo, debe incluir algún límite o restricción al sufragio de los españoles con residencia en el exterior, al calor de la polémica abierta por la llamada ley de nietos.
La reflexión nace de una constatación política de Derecho comparado. Y de que en España, los integrantes del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) ya no votan en las municipales, como producto de una reforma del año 2011, impulsada por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
En nuestro entorno de la Unión Europea no se cuestiona que el pasaporte confiere un estatus jurídico pleno, pero en muchos de los Estados miembros sí se restringe que esa condición arrastre siempre derecho de sufragio. O al menos, se le ponen condiciones.
En las elecciones generales, para quien no vive en su país de nacionalidad ni soporta las consecuencias de las decisiones que toman los políticos elegidos, son numerosos los países que limitan o directamente prohíben el voto. Y destaca la legislación griega, basada en la residencia fiscal.
Entre los estrategas del PP cala la idea de que la pertenencia al "pueblo electoral" no tiene por qué coincidir exactamente con el universo de los nacionales, como ya defendía Agustín Ruiz Robledo en estas páginas, el pasado 2 de julio.
Especialmente, en un país con una diáspora creciente y una expansión acelerada de la nacionalidad por vía de la Ley de Memoria Democrática. Y en una tarea de "reconstrucción nacional" e institucional, a la que se comprometió solemnemente Feijóo este miércoles, en su balance del curso político.
¿Perímetro UE?
El PP está buscando cómo establecer un "punto de equilibrio entre derechos y obligaciones" en esa reforma del Código Civil. Grecia exige un IRPF reciente para votar desde el extranjero. Hay una lógica que se maneja en Génova basada en la legislación europea.
Si un ciudadano de otro Estado miembro, al establecerse en España, gana derecho a votar en las municipales y en las europeas porque se entiende le afectan esas decisiones, la pura simetría indica que un español pueda perder el voto en las generales si se instala permanentemente fuera.
Pero la duda está en el perímetro: ¿se debe limitar ese recorte también a quienes residen en países de la UE? Porque esos españoles perderían su derecho fundamental a la participación política, ya que no hay país que conceda el voto en las generales a un extranjero.
Esto es así porque una "cesión de soberanía" como la del sufragio en elecciones legislativas no es contemplable de momento por los países de la Unión, tal como explican las fuentes. Baste el ejemplo de Bélgica, sede de las instituciones comunitarias, donde cientos de miles de europeos podrían alterar gravemente la composición del Parlamento.
Y todo a pesar de que el asunto lleva años entrando y saliendo de los cajones políticos de la Unión.
Se llegó a discutir en el seno de la Comisión de Peticiones (PETI) del Parlamento Europeo. Y, por ejemplo, un barómetro europeo de 2010 encargado por la Comisión, dio como resultado que el 50% de los ciudadanos de la UE estaba a favor de permitir que otros nacionales de la Unión participen en las generales de su Estado miembro.
El ejemplo griego
En el laboratorio jurídico del PP aparece para su estudio un único caso claro en la UE de restricción del voto nacional vinculada a un requisito fiscal: Grecia.
El sistema heleno exige, para que el griego residente en el exterior pueda votar en unas generales sin regresar al país, que haya vivido al menos dos años en Grecia en los últimos 35 y que haya presentado una declaración de IRPF el año anterior o el mismo año de la elección.
No se trata de negar la nacionalidad a nadie, sino de condicionar el ejercicio del voto a un vínculo efectivo con la comunidad política, materializado en residencia y en obligaciones tributarias.
"Probablemente tendría más sentido no enfocarlo por la residencia fiscal", admite un experto en Derecho europeo, "sino por la residencia física, con salvedades para funcionarios desplazados, militares o trabajadores de instituciones europeas".
Y es que, como recuerda otro especialista en fiscalidad comparada, "el concepto de residencia fiscal es, casi siempre, abstracto", pero que la inmensa mayoría de las veces coinciden residencia física y fiscal.
"En el 99,9% de los casos, donde vives y donde tributas es el mismo sitio; la excepción son esos funcionarios desplazados que todos entendemos que siguen vinculados al país", resume.
El caso irlandés
El contraste lo ofrece Irlanda, donde el vínculo se formula de manera más directa: sólo votan en generales quienes tienen “residencia ordinaria” en una dirección dentro de la isla.
La diáspora irlandesa no participa en las elecciones parlamentarias ni europeas, más allá de algunas excepciones estrechas para diplomáticos o militares en misión internacional.
El "pueblo irlandés" se calcula en más de 70 millones de descendientes por el mundo, y entre tres y cuatro millones de nacionales todavía con pasaporte. En un país con poco más de cinco millones de votantes censados, la medida tiene todo el sentido y no es discutida por ningún grupo político.
La experiencia de estos dos Estados miembros se analiza en Génova desde una misma preocupación de fondo.
¿La diáspora distorsiona?
Permitir que un grupo de nacionales y de descendientes repartidos por todo el globo, y cada vez más numeroso –por la llamada ley de nietos–, vote en las generales sin ninguna restricción puede adulterar los resultados.
Las preferencias de personas que no padecerán ni disfrutarán las consecuencias de su sufragio, que viven en contextos políticos completamente distintos a los de los residentes, no coinciden con los habitantes nacionales.
Uno de los expertos citados lo sintetiza así: "Si no vas a disfrutar de los beneficios de tu voto, ¿por qué querrías votar? Y si no vas a sufrir los perjuicios de tu elección, ¿por qué querría yo que votes?".
Y eso se cristaliza en el vínculo del pasaporte, "pero más aún en el de los impuestos", añade. "Quien contribuye es quien debe beneficiarse de los servicios", añade. Porque paga impuestos, aunque sean indirectos, todo el que consume.
La 'ley de nietos'
La inquietud del PP tiene causas en la polémica desatada por los 2,6 millones de solicitudes de nacionalidad española impulsadas, hasta ahora, por la llamada ley de nietos.
Los populares recuerdan que todo se basa en una instrucción interna del Ministerio de Justicia que "amplió el universo" de la ley, en contra de lo votado en el Congreso. Y remarcan que la Junta Electoral ya ha determinado que esa instrucción es contraria a la ley, aunque el organismo se declaró "incompetente" para actuar.
Efectivamente, la Cámara Baja rechazó expresamente una enmienda de Ciudadanos, en 2022, para abrir la opción a la nacionalidad recogida en la Ley de Memoria Democrática, de nietos de exiliados políticos a nietos de todo tipo de emigrados.
Pero cinco días después de entrar la ley en vigor, esa instrucción ministerial amplió de facto el alcance a todos los que abandonaron España entre 1936 y 1955... sólo un mes después de otra reforma clave: la abolición del llamado voto rogado.
Desde entonces, el Gobierno ha acelerado las nacionalizaciones, especialmente en Latinoamérica.
Mientras crecía el universo del censo CERA y, también, el porcentaje de participación de los inscritos, Moncloa negaba a la oposición datos detallados sobre el número de nuevos españoles y su reparto territorial.
El Ejecutivo también ha optado por subcontratar parte de la tramitación a empresas externas, como Ineco para reforzar sistemas informáticos o Palco, compañía controlada por la dictadura cubana, lo que alimenta las dudas sobre el rigor de los controles.
A pesar de la duplicación de plantillas en los consulados más afectados, éstos están desbordados.
En las últimas cuatro convocatorias autonómicas —Extremadura, Aragón, Castilla y León y Andalucía— el voto CERA ha sido claramente favorable al PSOE, pese a que el PP arrasó en las urnas dentro de España.
Y así, se refuerza la percepción en Génova de un sesgo exterior que puede volverse estructural.
Alerta en la UE
En cualquier caso, incluso tras eliminar el voto rogado, la participación nunca ha llegado al 10% del censo CERA en cada convocatoria, lo que introduce un matiz importante frente a las alertas de los populares.
"Incluso así, la preocupación del PP tiene más sentido político que real… de momento", concede este experto europeo.
Aunque deja claro que el debate no va a apagarse mientras la fábrica de nuevos españoles siga a pleno rendimiento. Porque más allá de la cuestión del voto está la del Estado del bienestar.
Feijóo lleva semanas advirtiendo de que la alerta no está tanto en la posible "ingeniería electoral" sino en que "las trampas y prisas" hacen sospechar de una motivación oculta de Moncloa "sin pensar en eventuales consecuencias a medio plazo".
En los servicios de estudios populares se sigue con atención el debate europeo sobre las consecuencias de la ley de nietos.
Los derechos políticos potenciales preocupan menos en un universo electoral mayor, como el de la UE. Pero un pasaporte español no sólo da derechos en España, sino en toda la Unión, y "2,6 millones de personas son muchas personas", explica un funcionario de la Comisión.
"¿Alguien ha pensado en hipotéticos desplazamientos masivos, en caso de crisis?", corrobora a modo de pregunta el experto en Derecho europeo comparado consultado.
"Nadie imaginaba hace dos décadas que hoy habría 10 millones de venezolanos en la diáspora", recuerda.
"Si sobreviene una crisis similar y el millón de argentinos que ha optado a la nacionalidad decide ir a Europa, pueden establecerse en Helsinki, Dublín o Roma", advierte.