El PNV rechaza el reparto de menores inmigrantes de Ceuta al País Vasco y aboga por priorizar la reunificación con sus familias en Marruecos.
La consejera vasca Nerea Melgosa considera que no es razonable alejar a los menores de su entorno familiar y pide agotar antes las vías administrativas.
Varias comunidades autónomas gobernadas por el PP, como Madrid, Castilla y León, Aragón y Extremadura, también se oponen al reparto de menores inmigrantes.
Junts exige que Cataluña quede fuera del reparto, alegando que sus servicios sociales están al límite y reclamando competencias integrales en inmigración.
La consejera vasca de Bienestar, Juventud y Reto Demográfico, Nerea Melgosa, ha defendido que "la primera obligación del Estado no es repartir" a los menores inmigrantes no acompañados que entraron en la crisis de Ceuta entre las autonomías de España.
Para Melgosa se deberían "agotar las vías administrativas para que esos menores vuelvan con sus familias" de Marruecos.
El Gobierno del País Vasco sentencia que no le parece "razonable que la primera respuesta sea trasladar a los menores fuera de la familia y de su entorno a mil kilómetros de distancia".
Así abogan porque se realice "una reunificación cuando sea posible" con sus familias en su país de origen.
Aunque el Ejecutivo vasco no se niega contundentemente a acoger a niños y adolescentes sí que remarcan que el País Vasco tiene "a más número de menores de lo que tendría que tener". Aunque sí que pide que cualquier tipo de derivación de los menas tiene que acordarse antes con la administración vasca.
Rechazo de las CCAA
Las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular han mostrado su reticencia a este nuevo reparto de menores que tiene lugar después de que miles de ellos se hayan quedado en las calles de Ceuta después de la crisis migratoria.
La Comunidad de Madrid ha pronunciado en la red social X donde ha criticado la inacción de la izquierda madrileña "para saber cuántos inmigrantes en situación ilegal nos va a mandar Sánchez sin consultarnos".
Ayuso asegura que "eso sí que es preocupante, sí que retrae dinero, servicios públicos, convivencia y seguridad". Además para la presidenta esto "es lo más inhumano que hay".
En esa misma línea, pero con un tono más bronco se han posicionado otras regiones gobernadas por el Partido Popular como Extremadura, Castilla y León o Aragón que se oponen frontalmente a este reparto de menores inmigrantes no acompañados que han llegado a Ceuta.
De hecho, la primera en pronunciarse ha sido la Junta de Castilla y León. La vicepresidencia de esta región que se encuentra a cargo de Vox ha asegurado que ejercerán una "oposición frontal" a la política del Gobierno.
Algo parecido ocurre con Aragón que aseguran que van a utilizar "todos los instrumentos legales, jurídicos y políticos" para oponerse a cualquier decisión que vulnere sus competencias como es el caso del reparto de menores inmigrantes no acompañados.
Extremadura también ha mostrado su rechazo frontal y en esta región el presidente del Grupo Parlamentario de Vox, Óscar Fernández, asegura que frenarán la llegada de los inmigrantes ilegales "por tierra, mar y aire".
Desde Junts muestran también su línea roja y exigen al Ejecutivo de Pedro Sánchez que Cataluña se quede "fuera" del reparto de estos menores inmigrantes.
Para la líder de esta formación, Míriam Nogueras, Cataluña tiene "una red de servicios sociales y recursos al límite y cualquier escenario futuro queda condicionado a la delegación integral de competencias en inmigración".
Así, Nogueras ha sentenciado que "Cataluña acoge por encima de su capacidad mientras que otras comunidades eluden sus responsabilidades". Por eso, desde la formación de Puigdemont dan un portazo "definitivo al reparto de menores".