El último dato de menores acogidos en Ceuta tras la invasión de inmigrantes de la semana pasada es de 1.160, según informan fuentes del Gobierno ceutí.
Sin embargo, ese número aumentará: "Algunos están escondidos en los montes y en las playas, y no dan la cara por miedo. Pero irán apareciendo poco a poco", aseguran las mismas fuentes a EL ESPAÑOL.
La capacidad de acogida de los servicios de atención a los menores no acompañados en Ceuta es de apenas una treintena.
La dimensión del colapso queda reflejada en la evolución de las cifras. Antes del repunte iniciado a mediados de julio, Ceuta atendía a unos 180 menores. El nuevo balance supone 980 más y multiplica por seis el número existente entonces.
"Cuando llega un menor a la ciudad autónoma hay que filiarlo junto al Ministerio Fiscal, y una vez lo filia se queda bajo la tutela de la ciudad".
Posteriormente, tal y como contempla la Ley de Extranjería, son repartidos por centros de menas de la Península, como viene sucediendo con Canarias.
Aunque las comunidades autónomas tienen la obligación legal de acoger a estos menores, su derivación muchas veces se vuelve un proceso largo y complejo que puede demorarse debido a que se analiza caso por caso.
Ante el desbordamiento de Ceuta, la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, anunció este martes una partida presupuestaria de 25 millones de euros destinada a acoger a estos menas.
La reacción de Junts
El nuevo reparto ha llevado a la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, a felicitarse de que ninguno de esos menores recalará en Cataluña.
En efecto, los independentistas catalanes lograron el año pasado un pacto con el Gobierno que establece nuevos parámetros de reparto en la Ley de Extranjería, como el "esfuerzo previo de acogida", que dejan a Cataluña fuera de la recepción de más menores.
Por otra parte, la llegada a la Península de los menores de Ceuta amenaza con generar fricciones entre el PP y Vox de las que Sánchez puede sacar rédito electoral.
Los populares rechazan, de entrada, el modelo obligatorio impulsado por el Gobierno y advierten de que sus comunidades no asumirán las consecuencias de la política migratoria de Sánchez.
Miguel Ángel Tellado, secretario general del PP, insistía este martes en que este es un asunto que "debe resolver el Gobierno", ya que la invasión de Ceuta no fue "una crisis migratoria, sino de seguridad nacional".
"El que ha generado el problema es el Gobierno de Sánchez y es el que debe resolverlo. Que por donde han entrado, vuelvan a salir", añadió.
Fuentes del partido aseguran, en cualquier caso, que "se cumplirá la legalidad", pero insisten en que el Gobierno cada vez va a tener más problemas para enviar menores.
"No sólo por la desastrosa política migratoria, sino porque hay varias sentencias que anulan los traslados por falta de motivación".
El choque puede ser especialmente intenso en Extremadura, Aragón y Castilla y León, donde Vox controla las consejerías competentes en protección de menores dentro de gobiernos de coalición con el PP.
Los acuerdos autonómicos incluyen la oposición por vías políticas y judiciales a los repartos, la promoción del retorno a los países de origen y el principio de "prioridad nacional" en el acceso a las ayudas.
Vox ya abandonó en 2024 los Ejecutivos autonómicos que compartía con el PP precisamente después de que los de Alberto Núñez Feijóo aceptaran una distribución voluntaria de menores procedentes de Canarias.
En Extremadura, el programa electoral de Vox defendía que los menores extranjeros no dispusieran de "más medios y recursos que un joven extremeño" y proponía promover su regreso con sus familias o con las administraciones de sus países.
