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Las claves

El PSOE cumple más de 12 meses instalado en una evidente parálisis estratégica: lleva ya todo un año "estudiando" si debe dar el paso definitivo y querellarse contra Leire Díez.

El origen de este prolongado debate interno se sitúa en la primavera pasada. La primera vez que un cargo socialista de peso planteó la necesidad de actuar con contundencia fue el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.

Ocurrió el 29 de mayo de 2025, justo tras la eclosión mediática provocada por la filtración de los primeros audios de la fontanera del partido, en sus comprometedoras conversaciones con el empresario Alejandro Hamlyn.

Aquella seria advertencia del barón autonómico encendió las alarmas en Ferraz, forzando una calculada reacción por parte de la cúpula nacional.

El 8 de junio del año pasado, la vicesecretaria general del PSOE, María Jesús Montero, admitía ante los medios de comunicación que la dirección de la formación estaba analizando los escenarios y estudiando “de forma rigurosa qué hacer para acudir a los tribunales”.

Para entonces, el cisma político ya se había cobrado su primera factura: sólo unos días antes, la propia Díez presentaba su renuncia a la militancia tras un encuentro privado en la sede central de Ferraz con el secretario de Organización, Santos Cerdán, a quien le entregó un dispositivo USB con información confidencial cuyo contenido exacto sigue levantando suspicacias.

Desde aquella cita en los despachos socialistas ha transcurrido más de un año completo, y las posturas oficiales en el organigrama del partido de Gobierno siguen idénticas, congeladas en la inacción.

Al otro lado del espectro interno, la presión de García-Page no ha disminuido en absoluto. El presidente de Castilla-La Mancha insiste de forma recurrente en la urgencia de querellarse contra Leire Díez por hablar en nombre del PSOE y comprometer las siglas de la organización.

“Es la mejor manera que tendríamos los socialistas de despejar toda duda sobre personajes como esta señora”, ha afirmado con vehemencia en varias ocasiones. Lo hizo en octubre de 2025 y, de forma más reciente, el 3 de junio de 2026, cuando animó abiertamente a Ferraz a personarse formalmente como acusación.

Una opinión que, en privado, comparten varios cuadros del partido y líderes territoriales, aunque Ferraz sigue sin moverse.

En la dirección federal del PSOE siguen dando largas a la cuestión, tratando por todos los medios de ganar un tiempo precioso.

“Nadie dice que no lo vayamos a hacer”, ha asegurado de forma defensiva la portavoz de la Ejecutiva, Montse Mínguez, tras ser interrogada por los periodistas sobre el estancamiento de la querella.

Hace sólo unos meses, Mínguez justificó el retraso a la hora de presentar la querella porque Leire Díez "se está desdiciendo de sus palabras".

La fontanera había admitido en una entrevista que se tiraba "faroles para iluminar una alameda", unas declaraciones que van en contra de lo que sostenía en las grabaciones ante el fiscal Stampa.

Y el portavoz parlamentario del PSOE, Patxi López, matizaba hace unos días que el partido lo está estudiando “sin prisa”.

Prefieren esperar prudencialmente a que avance con mayor solidez la instrucción penal en la Audiencia Nacional antes de registrar la demanda, aseguró.

Fuentes muy próximas a la dirección nacional optan por diluir la responsabilidad del retraso, dejando toda la pelota en el tejado de “los servicios jurídicos” del partido.

Según el relato oficial, son estos asesores de Ferraz los encargados de dictaminar el momento procesal oportuno y los que recomendarán querellarse “si así lo recomiendan” los abogados del PSOE.

Por tanto, la situación política sigue estando clavada exactamente en el mismo punto de partida que hace ya un año, con el partido limitándose a asegurar que está evaluando una posible denuncia por usurpación de funciones y por hablar en nombre del PSOE.

Durante este último año, Leire Díez ha experimentado un vuelco total en su horizonte penal, al verse cercada por la Justicia en dos piezas clave: el caso de las cloacas y el de la Sepi.

El cerco sobre la exmilitante se estrechó de forma definitiva el pasado mes de diciembre, cuando fue detenida por las fuerzas de seguridad.

El juez Santiago Pedraz la investiga ahora por los presuntos delitos de tráfico de influencias, cohecho, obstrucción a la justicia, revelación de secretos y organización criminal.