Félix Bolaños celebra la sentencia del TJUE que considera constitucional la ley de amnistía y cree que despeja el camino para su aplicación, incluyendo la posible vuelta de Puigdemont.
El Gobierno destaca que la amnistía ha sido respaldada desde el punto de vista constitucional, europeo y por la Comisión de Venecia, reforzando su legitimidad.
La decisión final sobre la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont corresponde ahora al Tribunal Constitucional, que debe pronunciarse tras el rechazo del Supremo.
Bolaños defiende la amnistía como un instrumento para superar la crisis política y social en España, pese a la oposición interna y social que ha generado la medida.
El Gobierno está más que satisfecho con la sentencia del TJUE. El ministro de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños ha sido el encargado de valorar el fallo y celebrar que "es constitucional y de acuerdo al derecho europeo".
En el Ejecutivo creen que la norma ya ha quedado validada por tres "ópticas" diferentes (Constitucional, Comisión de Venecia y ahora el TJUE desde el punto de vista comunitario). De ahí que afirme que "tras esta sentencia el horizonte queda despejado para su plena aplicación".
Ya que el ministro de Justicia recalca que la normalización y "reconciliación" no será plena hasta que se aplique a "los líderes políticos", en referencia a Carles Puigdemont, que sigue en Bélgica.
"Sería positivo que se recorriera lo antes posible", ha afirmado en una clara advertencia al resto de tribunales que tienen que aplicar la norma.
La última palabra la tiene ahora el Constitucional que tendrá que revisar la decisión del Supremo de no aplicar la amnistía en el delito de malversación, lo que ha imposibilitado la vuelta del líder de Junts. Un fallo que se espera para septiembre u octubre y que el Gobierno ya ha indicado hacia dónde le gustaría que se dirigiese.
El fallo del Tribunal de Garantías llegará justo cuando el Gobierno buscará apoyos para tratar de aprobar sus Presupuestos y encaminar la recta final de la legislatura pese a que Junts ya ha advertido que no respaldará las cuentas.
Previamente a este pronunciamiento, tanto el Gobierno como Junts y el propio Tribunal Constitucional se habían mostrado confiados en que el TJUE avalaría la amnistía y allanaría el regreso de Puigdemont, una expectativa que el Ejecutivo da ahora por confirmada.
Bolaños ha querido ir más allá de la lectura estrictamente jurídica de la resolución, presentando el fallo como un paso decisivo en términos políticos y sociales. "Ha merecido la pena", ha subrayado.
El ministro ha defendido que la amnistía constituye un instrumento idóneo para apaciguar conflictos de índole política o social, destensar las relaciones institucionales y favorecer un escenario de reconciliación, recordando que esta ha sido la postura constante del Ejecutivo.
Sin embargo, ha lamentado que el debate social y político generado en torno a la norma "not fue jurídico sino muy visceral" y "no contó con el apoyo unánime de los partidos".
Todo ello a pesar de que la ley también cosechó críticas internas dentro de las filas socialistas, destacando el rechazo de la federación del PSOE de Castilla-La Mancha, liderada por Emiliano García-Page, que llegó a recurrirla ante el Tribunal Constitucional.
El ministro ha lamentado que "una parte" de la sociedad española viese la ley "con suspicacia", aunque ha insistido en que "hoy ni sus críticos más acérrimos querrían renunciar a sus frutos".
Reivindicación de la ley
Según el relato gubernamental, el actual Ejecutivo heredó una de las peores crisis de la democracia española reciente: una fractura política, social, institucional y constitucional que afectó tanto al marco legal como a las relaciones bilaterales entre instituciones y a la confianza de los agentes económicos y sociales.
Esta crisis, a juicio de Moncloa, se encuentra ya superada gracias a "la convivencia y normalización" logradas en Cataluña, fundamentadas en los acuerdos multipartidistas, la normalidad institucional y el retorno de las inversiones.
Bolaños ha concluido que el respaldo de la justicia europea al camino de la amnistía envía un mensaje de gran calado en tiempos de polarización. Desde su perspectiva, ningún país está condenado a perpetuar sus conflictos territoriales o sociales, dado que la democracia cuenta con herramientas eficaces para restaurar la convivencia.
“El Gobierno de España siempre estará dispuesto a buscar y recorrer ese camino de acuerdos entre diferentes”, ha concluido, reivindicando la vía política como el espacio idóneo para la resolución de conflictos de naturaleza política.
Con este discurso, el Ejecutivo busca blindar y de paso reforzar su posición respecto a la ley de amnistía, presentándola como uno de los hitos principales de la actual legislatura.
Se trata de un logro que, según insiste Bolaños, "debe ser colectivo", a pesar del giro político de Pedro Sánchez, quien se opuso firmemente a la medida de gracia hasta que Junts la planteó como condición indispensable para facilitar su investidura como presidente del Gobierno.