El Gobierno envió al Congreso información falsa sobre la contratación de Leire Díez en Correos, asegurando que fue seleccionada por méritos cuando en realidad fue un nombramiento a dedo.
Un informe de la UCO revela que la incorporación de Díez fue pactada entre altos cargos de la SEPI y Correos, sin proceso de selección ni convocatoria pública.
El Ejecutivo admitió que los contratos de balizas V-16 vendidos por Correos no tuvieron licitación ni publicidad y se firmaron como contratos de comisión mercantil, quedando fuera de la Ley de Contratos del Sector Público.
La investigación judicial implica a más de veinte responsables y apunta a la utilización de empresas públicas y contratos para financiar y proteger una presunta trama corrupta vinculada al PSOE.
El Gobierno engañó al Congreso encubriendo el enchufe de Juanma Serrano a Leire Díez en Correos, en un escrito remitido a la Cámara Baja el pasado mes de septiembre.
El Ejecutivo envió un documento oficial de la empresa pública, en respuesta a una pregunta del PP, en el que se aseguraba que la llamada fontanera del PSOE "hizo llegar su currículum vitae" a Correos, que fue entrevistada y que "cumplió con los requisitos" para el puesto.
Sin embargo, el último informe de la UCO al juez Santiago Pedraz prueba que su contratación fue un enchufe pactado entre el presidente de la SEPI, el imputado Vicente Fernández, y el presidente de Correos, Juanma Serrano, a dedo y sin proceso real de selección ni convocatoria pública.
EL ESPAÑOL ha tenido acceso tanto a las baterías de preguntas del Partido Popular como a las respuestas oficiales del Ejecutivo y a los anexos remitidos por Correos.
La comparación entre esos documentos y el informe policial revela un engaño de Correos en su versión y el "encubrimiento y respaldo" del Gobierno al lavarse las manos evitando contestar por sí mismo, enviando al Parlamento un respuesta que ahora se revela mentirosa, según la instrucción del llamado caso Leire o caso SEPI.
Las preguntas parlamentarias, con las que la oposición busca transparencia ante los casos de presunta corrupción, tantas veces criticadas por el Gobierno como "ruido inútil", en este caso han dado fruto.
Meses después, ponen negro sobre blanco la distancia entre el relato oficial y la reconstrucción de la Guardia Civil sobre un nombramiento "estratégico" decidido desde la cúpula socialista.
Opacidad sobre el proceso
La ofensiva del PP comenzó en junio de 2025, tras las primeras informaciones sobre las actividades de Leire Díez y su papel en Correos, y se ha ido ampliando conforme avanzaba la investigación judicial.
En un primer bloque, los populares exigieron que el Gobierno detallara qué puestos de responsabilidad había desempeñado Leire en Correos, qué procedimiento se siguió para su contratación y qué méritos, "más allá de su militancia en el PSOE", constaban en su expediente.
El Ejecutivo respondió con un único párrafo, remitido además por la dirección de Correos: "Leire Díaz hizo llegar su currículum vitae y fue entrevistada, cumpliendo con los requisitos para el puesto de Responsable del Área de Gestión de Administración Local".
Nunca se aportaron los datos requeridos sobre una convocatoria interna, la publicidad del puesto vacante ni el número de candidatos que se habrían presentado a la plaza.
El PP preguntó cuántas personas concurrieron, qué pruebas selectivas se realizaron, quién la entrevistó y qué órgano de Recursos Humanos elevó la propuesta, así como las retribuciones, bonus e indemnización vinculadas a sus distintos cargos. Todas esas cuestiones quedaron sin contestar.
Opacidad en los contratos
La misma dinámica se reproduce en las preguntas sobre los contratos de balizas V‑16, que el PP sitúa ahora bajo sospecha de ser una vía de financiación de la trama investigada en la Audiencia Nacional.
Los diputados querían saber cuándo se firmó el contrato, bajo qué procedimiento se licitó y adjudicó, qué controles de conflictos de interés se aplicaron y qué auditorías internas se habían realizado.
La respuesta del Gobierno introduce un hecho decisivo, ya que se reconoce que nunca hubo licitación, publicidad ni concurrencia.
Explica el Ejecutivo en su contestación que lo que el PP denomina "contrato de comercialización" es en realidad un "contrato de comisión mercantil" por el que Correos vende balizas "en nombre y por cuenta" de Energía Eléctrica Eficiente y otras empresas.
El contrato se suscribió el 31 de mayo de 2022 y que se firmó una adenda en julio de 2023, y en ambos casos participó Leire Díez como directora de Filatelia. Pero no se detalla el análisis previo sobre necesidad, oportunidad o rentabilidad de la operación.
El enchufe
El informe de la UCO va más allá del plano contractual y entra en las conversaciones internas.
Los agentes recogen mensajes en los que Fernández, el presidente de la SEPI, pregunta a Serrano si pueden "poner en marcha" lo que han hablado sobre Leire y en los que se le garantiza a ella que "lo tuyo sale", interpretados como evidencia de un acuerdo previo para su colocación en Correos.
La Guardia Civil describe la incorporación de Díez a la empresa postal como una decisión "estratégica" dentro de una presunta organización criminal que habría utilizado empresas públicas y contratos para financiar y proteger las maniobras de la fontanera de Santos Cerdán.
El juez Pedraz ha imputado a la actual presidenta de la SEPI, Belén Gualda, y a más de veinte directivos y responsables vinculados a esta trama, en dos ramas que se cruzan: el enchufe en Correos y los contratos bajo sospecha que rodean a Leire Díez.
En ese contexto, el relato oficial enviado al Congreso aparece debilitado, porque los investigadores sostienen que nunca hubo un proceso abierto ni concurrencia competitiva para el puesto, sino un nombramiento amarrado desde el entorno de Sánchez.
Financiación de la trama
Las preguntas del PP sobre las balizas V‑16 que se vendieron en las oficinas de Correos buscaban también clarificar la relación entre la empresa pública de la SEPI y las privadas que suministran los dispositivos, en un mercado creado pr el propio Gobierno, imponiendo ese dispositivo obligatorio a los conductores.
El Ejecutivo admite, en sus respuestas parlamentarias de febrero de este año, que "todos los contratos se realizaron bajo la figura de contrato de comisión mercantil" y que, por tanto, están excluidos de la Ley de Contratos del Sector Público (LCSP).
Se apoya en el artículo 11 de la Ley 9/2017, que excluye los contratos en los que una entidad del sector público "se obligue a prestar algún servicio" y remacha que la LCSP se aplica cuando la entidad recibe un servicio y paga, pero no cuando presta un servicio y cobra.
Y es precisamente eso, el "cobro" y la opacidad de la tramitación de ese contrato y la posterior adenda, lo que alimenta las sospechas del PP.
Alega el Gobierno que, al estar fuera de la LCSP, "ese contrato no se licita ni adjudica siguiendo el procedimiento regulado en dicha ley”, bastando con que el firmante tenga poder de representación.
El Ejecutivo no quería dar detalles, como demuestra que para al menos seis preguntas distintas —sobre solvencia de las empresas, garantías técnicas, posibles dificultades financieras, revisión de la relación tras informaciones periodísticas y figura jurídica empleada— copia el mismo texto en la respuesta.
Así, quedó sin aclararse qué evaluación de solvencia económica y técnica se hizo, qué garantías de conectividad se exigieron, qué se sabía de la situación financiera de alguna de las empresas o qué medidas se tomaron tras la retirada de modelos del listado oficial de la DGT.
A la luz del informe de la UCO, el cuadro que dibujan estos documentos es que el Gobierno no sólo conoció el enchufe de Leire en Correos, sino que lo encubrió y respaldó ante el Congreso.
Y que los contratos de balizas V‑16, diseñados deliberadamente para quedar fuera de la Ley de Contratos, refuerzan las sospechas del PP de que se pudo utilizar una empresa pública para alimentar una trama corrupta que hoy se investiga en la Audiencia Nacional.