El Código de Buen Gobierno aprobado por Zapatero en 2005 obligaba a entregar regalos suntuosos, como joyas de alto valor, al Patrimonio del Estado.
Las joyas encontradas en el despacho de Zapatero, supuestamente regaladas por el rey saudí Abdalá bin Abdulaziz, tendrían que haber sido rechazadas o cedidas a las instituciones.
Zapatero se negó a declarar ante el juez que le investiga por presuntos delitos de contrabando y delito fiscal relacionados con estas joyas.
El Partido Popular ha pedido al PSOE la suspensión de militancia de Zapatero tras su negativa a responder al juez y el alto valor de los regalos.
El Código de Buen Gobierno que aprobó José Luis Rodríguez Zapatero en febrero de 2005 le impedía quedarse con las joyas de alto valor halladas en su despacho de la calle Ferraz.
Aquella norma, elevada a categoría de compromiso ético y político del Ejecutivo, obligaba a los miembros del Gobierno a rechazar regalos suntuosos o a entregarlos al Patrimonio del Estado.
Aquel texto establecía que "se rechazará cualquier regalo, favor o servicio que vaya más allá de los usos habituales, sociales y de cortesía". Y añadía que, en el caso de obsequios "de mayor significación de carácter institucional", debían incorporarse al patrimonio del Estado de acuerdo con la Ley 33/2003 del Patrimonio de las Administraciones Públicas.
Es decir, que si es cierta la última versión del entorno de Zapatero, él y sus ministros (que también habrían sido agasajados) no tenían la opción de guardarse dádivas como un juego de joyas valorado en varios cientos de miles de euros como si fuera un recuerdo personal.
Si el supuesto presente del rey saudí, Abdalá bin Abdulaziz, superaba la mera cortesía -como parece evidente-, había que rechazarlo o ponerlo a disposición de las instituciones, más allá de que se hubiera entregado "en el marco de las relaciones bilaterales". En ningún caso, ocultarlo durante años en una caja fuerte privada.
Pese a la literalidad de la orden ministerial de 2005, el entorno del expresidente ha articulado ahora esta nueva versión, como una coartada perfecta, que le permitiría evitar los delitos fiscales y de contrabando.
Además, el presunto oferente murió en 2015, de modo que no habría opción de contrastar con el único posible testigo directo para justificar la presencia del collar, la pulsera y los pendientes en el despacho del expresidente, en la madrileña calle Ferraz.
Se negó a declarar
Esa explicación llegaba al programa Mañaeros 360 de TVE a la vez que el expresidente se negaba a declarar ante el juez José Luis Calama, que le había citado como investigado.
El magistrado de la Audiencia Nacional le investiga por siete posibles delitos graves. Los de contrabando y delito fiscal, en una pieza separada del caso Plus Ultra a raíz precisamente del hallazgo de las joyas.
Mientras Zapatero se acogía a su derecho a no contestar a las preguntas de la autoridad judicial, su entorno intentaba enmarcar las joyas como un gesto protocolario sin repercusiones penales. De hecho, el relato aducía algo incierto, que en 2007 no existía norma que obligara a rechazar las joyas o entregarlas al Estado.
Porque el espíritu y la letra del Código de Buen Gobierno, que el mismo Zapatero impulsó dos años y medio antes del supuesto regalo saudí, pretendía separar de forma nítida lo público de lo privado y evitar que los altos cargos se beneficiasen de regalos que pudieran condicionar sus decisiones.
Ese marco jurídico y ético fue el que Zapatero exhibió como seña de identidad de su proyecto político cuando llegó a La Moncloa. El mensaje era explícito: tolerancia cero con los privilegios y con los regalos capaces de generar dependencia o apariencia de trato de favor.
Desde el punto de vista penal, la clave no está en si el rey saudí pretendió agasajar al presidente de forma personal o institucional. En ambos escenarios, el entonces jefe del Gobierno se encontraba triplemente atado por la normativa general de impuestos, por su propio Código y por el régimen general de regalos a altos cargos.
Si el presente podía calificarse como personal y excedía con mucho la cortesía, el deber era rechazarlo. Si, como sostiene ahora su entorno, era un regalo "de mayor significación de carácter institucional", la obligación pasaba por ponerlo en manos del Patrimonio del Estado.
Pero el debate jurídico se cruzará inevitablemente con la valoración política. En la práctica, nadie entrega unas joyas de altísimo valor económico a un presidente extranjero si no confía en afianzar una relación privilegiada o en reforzar una determinada agenda de intereses.
Desde este punto de vista, la cuestión no es sólo qué delitos podrían derivarse de quedarse con esas piezas, sino qué se esperaba a cambio de ellas, siempre dando por buena la tercera o cuarta versión que, sobre el origen de las joyas, ha dado ya el entorno de Zapatero.
"Confíen en mí"
A pesar de la sucesión de cambios de relato, Zapatero emitió un comunicado declarándose "completamente inocente" y prometiendo que demostrará su versión de los hechos. Pidió tiempo, que los ciudadanos "confíen" en él y aseguró que "no decepcionará" a sus bases ni a sus votantes.
Aun así, Anticorrupción pidió la retirada de sus pasaportes, incluido el diplomático, como medida cautelar. La Fiscalía ve riesgo suficiente como para recortar la capacidad de movimientos de quien fue presidente del Gobierno durante casi ocho años.
El juez, finalmente, no impuso restricción alguna al expresidente, dada su relevancia pública y arraigo. No porque creyera en la veracidad de su declaración, ya que Calama, en su escrito, advirtió de que "la declaración del investigado no ha logrado desvirtuar los indicios racionales de criminalidad".
En todo caso, el Partido Popular reclamaba al PSOE que suspenda de militancia al expresidente mientras se esclarecen los hechos. Los populares señalan la negativa a responder al juez y el valor de las joyas como motivos suficientes para que Ferraz marque distancias internas con uno de sus referentes históricos.