El PP lleva al Congreso la campaña institucional del Ministerio de Vivienda que culpa a las CCAA del colapso de la vivienda, acusándola de "deslealtad institucional".
La campaña del Gobierno, financiada con dinero público, señala que aplicar la Ley de Vivienda depende de cada comunidad autónoma, lo que el PP considera legalmente cuestionable.
El PP pide explicaciones sobre el coste, los medios utilizados y los informes técnicos que justifican la campaña, solicitando que se aclare si vulnera la Ley 29/2005 de Publicidad Institucional.
El Ministerio de Vivienda defiende que la campaña es una iniciativa de divulgación sobre una norma estatal y asegura que no busca confrontación, sino informar sobre las competencias en vivienda.
El Partido Popular ha decidido llevar al Congreso de los Diputados la última campaña de publicidad institucional lanzada por el Ministerio de Vivienda, dirigido por Isabel Rodríguez, para promocionar la ley homónima, aprobada en mayo de 2023.
La ofensiva parlamentaria se produce después de que EL ESPAÑOL informara este lunes de las dudas jurídicas que suscita la nueva estrategia de marketing del Gobierno, que culpa a las comunidades autónomas, gobernadas en su mayoría por el PP, del colapso en la vivienda por la no aplicación de la norma.
La campaña, realizada con dinero público y con presencia en televisión, radio, prensa y publicidad exterior, incluye mensajes como "Aplicar la Ley de Vivienda depende de tu comunidad autónoma".
El controvertido eslogan forma parte de una campaña institucional más amplia —#UnaLeyParaVivir: vivienda para vivir, no para especular— y, según fuentes jurídicas consultadas por este medio, es legalmente cuestionable desde dos frentes: por posible publicidad engañosa por omisión y por finalidad propagandística.
En el escrito registrado en la Cámara Baja, el PP incide en que la estrategia debe analizarse a la luz de la Ley 29/2005 de Publicidad y Comunicación Institucional.
En concreto, recuerda que dicha norma establece que las campañas institucionales sólo pueden desarrollarse "cuando concurran razones de interés público" y que deben ajustarse "a principios como el interés general, la lealtad institucional, la veracidad, transparencia, eficacia, responsabilidad, eficiencia y austeridad en el gasto".
Además, apunta que el artículo 4 de la citada ley dispone que "no se podrán promover o contratar campañas institucionales de publicidad y de comunicación que tengan como finalidad destacar logros de gestión".
Tampoco serán legales aquellas que "manifiestamente menoscaben, obstaculicen o perturben las políticas públicas de cualquier actuación legítimamente realizada por otro poder público en el ejercicio de sus competencias".
En la batería de cuestiones registradas, el Grupo Popular pregunta al Ejecutivo en qué plataformas y medios se ha difundido la campaña, cuál ha sido su "coste concreto" y cuánto dinero se ha destinado a cada soporte.
El PP también solicita conocer si el Ministerio de Vivienda dispone de informes técnicos, económicos o de oportunidad que justifiquen la necesidad de poner en marcha esta iniciativa.
Además, pide al Gobierno que explique cómo considera que la campaña no vulnera las prohibiciones recogidas en el artículo 4 de la Ley 29/2005, especialmente las relativas a la utilización de recursos públicos para defender la actuación del Ejecutivo o destacar su gestión.
La iniciativa supone el primer movimiento formal de la oposición tras la difusión de la campaña y obligará al Gobierno a ofrecer una respuesta oficial por escrito.
A preguntas de EL ESPAÑOL, fuentes del Ministerio de Vivienda no han querido informar de la inversión destinada a esta polémica campaña ni qué medios han elegido para divulgarla, remitiendo a la Plataforma de Contratación del Estado y al Plan de Publicidad Institucional.
Desde el Ministerio de Vivienda sostienen que la campaña "no miente", que "el ánimo no es confrontar, sino señalar que esto [la salida de la crisis de la vivienda] depende de todos" y que se trata de una iniciativa de "divulgación sobre una norma estatal".
Así, desde el departamento de Isabel Rodríguez, que este mismo lunes sufría un escrache por parte del Sindicato de Inquilinas, también apuntan que la exclusión de EL ESPAÑOL de esta campaña, tal y como vienen haciendo todos los ministerios en los últimos tiempos, podría haber sido fruto de un descuido y que este medio será tenido en cuenta de cara a la siguiente oleada.
El Gobierno prevé gastar 155.601.788 euros en campañas institucionales, según puede leerse en el Plan 2026 de Publicidad y Comunicación Institucional. De esa cantidad, el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana tiene asignados, en concreto, 5.516.819 euros, lo que supone el 3,55% del presupuesto total.