El PP critica al Gobierno por facilitar la regularización de presos extranjeros, advirtiendo que esto blindará su arraigo y dificultará su expulsión.
Instituciones Penitenciarias ha dado instrucciones a las cárceles para agilizar solicitudes de regularización, según un documento interno filtrado.
El decreto de regularización exige no tener antecedentes penales, por lo que solo podrían acogerse presos preventivos, según la vicesecretaria del PP, Alma Ezcurra.
El sindicato TAMPM y partidos como Más Madrid han señalado la rapidez del Gobierno en medidas para internos y han pedido mayor transparencia en estos procedimientos.
"Regularizar presos es blindar el arraigo que mañana bloqueará su expulsión". Con estas palabras ha resumido la vicesecretaria de Coordinación Sectorial del PP, Alma Ezcurra, el nuevo movimiento del Gobierno de Pedro Sánchez para acelerar la regularización de migrantes en España.
Tal y como ha publicado EL ESPAÑOL, desde Instituciones Penitenciarias, dependiente del Ministerio del Interior, se ha dado instrucciones a las cárceles del país para facilitar la tramitación de solicitudes de regularización de presos extranjeros.
La medida, no anunciada oficialmente, figura en un documento interno firmado por el director general de Ejecución Penal y Reinserción Social, Miguel Ángel Vicente Cuenca, relativo al Real Decreto 316/2026 aprobado el 14 de abril, al que este diario ha tenido acceso tras la denuncia del sindicato Tu abandono me puede matar (TAMPM).
Ezcurra ha cargado con dureza contra la iniciativa, calificándola de "gravísima" y exigiendo al Gobierno que la explique de inmediato si es cierta.
A su juicio, el decreto de regularización —con sus disposiciones adicionales 20ª y 21ª— exige carecer de antecedentes penales, por lo que solo podrían acogerse presos preventivos.
O lo que es lo mismo, personas a las que un juez ha privado de libertad por riesgo de fuga, destrucción de pruebas o reiteración delictiva, según el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
La también eurodiputada popular ha precisado que, aunque los antecedentes policiales no excluyan directamente la regularización, el decreto establece expresamente que la Administración debe valorarlos para apreciar el riesgo para el orden público.
"No es descabellado pensar que alguien que está en prisión preventiva lo es", ha argumentado, cuestionando la idoneidad de aplicar esta vía a perfiles de esa gravedad.
Ezcurra ha ido más allá al advertir de las consecuencias a largo plazo: si tras la regularización llega una sentencia condenatoria, expulsarles sería "mucho más difícil".
Tanto la expulsión administrativa (artículo 57.2 de la Ley Orgánica de Extranjería) como la judicial (artículo 89 del Código Penal) exigen ponderar el arraigo, y "en este país, lo construye la residencia legal". Así, regularizar presos equivaldría a "blindar" ese arraigo para bloquear después su salida del país.
Hay que recordar que el sindicato TAMPM ya había denunciado la "celeridad" del Gobierno en medidas que benefician a internos frente al "silencio sistemático" ante sus reivindicaciones laborales, como la concentración horaria o la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.
La carta desde la Administración Central llega después de que Más Madrid hubiera metido presión a este respecto en el Congreso de los Diputados exigiendo acceso a estos procedimientos incluso en los CIE, alertando de disfunciones que vulnerarían la seguridad jurídica.