El PSOE ha impedido que el Congreso muestre un rechazo conjunto al comportamiento del diputado de Vox, José María Sánchez, al no aceptar las enmiendas propuestas por el PP a la declaración institucional.
El PP intentó negociar hasta el último momento para incluir referencias a otras conductas parlamentarias condenables y reclamar imparcialidad en la aplicación del Reglamento.
El incidente se produce tras la expulsión de Sánchez del Pleno por increpar a una letrada y desobedecer a la Presidencia del Congreso.
El PP acusa al PSOE de buscar una condena en solitario y de querer situar a los populares en el mismo bloque que Vox.
El PSOE ha impedido que el Congreso escenifique un rechazo al "desprecio" del diputado de Vox a una letrada y al vicepresidente de la Cámara, al negarse a aceptar las enmiendas del PP a la declaración institucional.
Los populares sostienen que los socialistas "han preferido forzar el choque político" antes que pactar un texto de condena más amplio.
La iniciativa partió de la dirección del grupo socialista de la Cámara, que preparó una declaración institucional de censura a la conducta del diputado de Vox José María Sánchez. El PP estaba de acuerdo en que se leyera públicamente, incluyendo unas enmiendas al texto remitido por la Presidencia.
Los populares asumían que el escrito nunca llegaría a aprobarse como declaración institucional, porque para eso "se requiere unanimidad y Vox se niega de antemano" a respaldar cualquier reprobación a uno de los suyos.
Pero, aun así, el Grupo Popular quiso enmendar el texto para reforzar el reproche a los excesos en el hemiciclo y a la deriva de la propia Presidencia, tras la sentencia del Tribunal Constitucional que, este mismo martes, condenaba el bloqueo "injustificado" de proposiciones de ley.
El choque dialéctico llega 24 horas después del incidente que acabó con la expulsión de Sánchez del Pleno, tras encaramarse a la tribuna presidencial e increpar a una letrada.
La escena obligó a interrumpir la sesión y motivó la aplicación del artículo 104 del Reglamento, que regula la expulsión por desobediencia reiterada a la Presidencia.
El borrador de la declaración subrayaba el carácter "grave” de la indisciplina del diputado de Vox y el "desprecio" a los servicios jurídicos de la Cámara, al tiempo que reivindicaba el respeto a la dignidad institucional del Congreso.
El PP compartía ese diagnóstico sobre la conducta del parlamentario, pero defendía matizar y completar el texto con sus propias aportaciones.
Según el documento al que ha tenido acceso este periódico, los populares propusieron introducir referencias explícitas a otras conductas parlamentarias que consideran igualmente "condenables", como los gritos, insultos y gestos de distintos grupos.
También plantearon una mención directa a la obligación de la Presidencia de aplicar el Reglamento con imparcialidad y a la necesidad de no "bloquear leyes" respaldadas por la mayoría de la Cámara.
Fuentes del PP, en conversación con este diario, aseguran que intentaron negociar hasta el último momento.
"Hemos intentado enmendar la declaración institucional. Nos han dicho que no aceptan nuestras propuestas", relatan. No iba a tener unanimidad, porque "si un grupo se opone, no se puede leer". Pero, añaden, "Lo han hecho como una maniobra para que se hable de ello", añaden.
En el grupo que lidera Alberto Núñez Feijóo sostienen que el PSOE buscaba un doble objetivo: exhibir una condena "en solitario" de la izquierda al diputado de Vox y, al mismo tiempo, colocar al PP en el mismo bloque que el partido de Santiago Abascal.
"El PSOE ha intentado decir que nosotros no hemos apoyado y que somos unos radicales”, protestan estas fuentes.
Sin embargo, los populares recalcan que, a diferencia de Vox, ellos no han puesto reparos a reprobar la actitud del diputado expulsado.
"Hemos enmendado y los que no han querido ni hablar han sido ellos, que nos han dado un no directo", insisten. Su tesis es que el PSOE prefirió cerrar la puerta a cualquier acuerdo para poder acusar después al PP de alinearse con la extrema derecha.