Las claves
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El presidente de la Cámara de Cuentas de Navarra, Ignacio Cabeza, considera "sesgada" la auditoría de su propio equipo sobre las obras del túnel de Belate.
El informe inicial detectó anomalías relevantes y sobrecostes en la adjudicación de la obra, señalando una modificación contractual de 8,5 millones sin base legal suficiente.
El auditor ponente acusa al presidente de eliminar salvedades clave y de omitir irregularidades detectadas durante la fiscalización del contrato.
El Gobierno de Navarra cesó al director general de Obras Públicas tras un reparo de la Intervención General por las irregularidades advertidas en el proyecto.
La adjudicación de las obras de duplicación del túnel de Belate arrastra controversia desde que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil le puso la lupa encima.
En uno de sus informes concluyó que ésta podría ser una de las obras presuntamente amañadas por la trama Cerdán, al estar involucrada una empresa participada por el exsecretario de Organización del PSOE.
A la sospecha de los agentes, se suma ahora el choque entre el equipo auditor de la Cámara de Cuentas de Navarra, que fiscalizó el contrato, con el presidente del organismo, Ignacio Cabeza del Salvador.
De hecho, en el informe final, Cabeza ha eliminado la mayoría de las salvedades detectadas por el auditor ponente, Miguel Ángel Aurrecoechea, y un equipo formado por cinco técnicas.
Considera las conclusiones "improcedentes" y, en conjunto, ve "sesgada" la auditoría, que detectó irregularidades en las obras de Belate.
El informe, en su versión inicial, reflejaba anomalías relevantes en la ejecución de la obra, que fue adjudicada por 76 millones de euros.
Cuestionaba, sobre todo, algunas resoluciones dictadas por parte de la Dirección General de Obras Públicas e Infraestructuras del Gobierno de Navarra.
A pesar de que ese año solo se certificaron 5,52 millones -un 7% del total del contrato-, se detectaron ya indicios de "desviaciones" económicas y modificaciones sustanciales del proyecto.
Según asegura el auditor ponente en un escrito de desacuerdo, el organismo dependiente del Gobierno de María Chivite dictaba resoluciones "en favor" de las empresas adjudicatarias que "prescindían" del procedimiento establecido.
En concreto, consignaba la conformidad de la Dirección General para proceder a una modificación del contrato que conllevaba un sobrecoste de 8,5 millones de euros, superando el umbral del 10% considerado relevante en la normativa contractual.
El auditor concluía que este modificado carecía de base legal suficiente, al no responder a circunstancias imprevisibles, y que se había tramitado "prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido".
Las conclusiones del auditor coincidían con el criterio de la Intervención General del Gobierno de Navarra, que impugnó tal modificación al asegurar que el sobrecoste "no responde a los supuestos previstos" en la Ley Foral de Contratos, y "carece de base legal suficiente, porque responde a razones de conveniencia u oportunidad" y no a circunstancias "imprevisibles".
La Intervención General emitió en noviembre de 2025 un "reparo suspensivo" de la modificación que, según el auditor, a "fecha de emisión de este informe no consta que se haya resuelto definitivamente".
El auditor también señalaba "incoherencias" técnicas en las propuestas de la UTE -en la que estaba la empresa participada por Santos Cerdán-, como la utilización de un sistema de excavación distinto al previsto en el proyecto original, lo que apuntaba a un cambio sustancial en el contrato.
Respecto a estas salvedades, entre otras, el auditor asegura que el presidente de la Cámara de Cuentas las ha "omitido" y le acusa de obviar "cuestiones especialmente relevantes" que revelan anomalías en la ejecución del contrato.
El presidente justifica la decisión de eliminar información porque no aporta "evidencia relevante para la consecución de los objetivos de la fiscalización".
Explica también en sus alegaciones que la forma de actuar del auditor "genera inevitablemente un sesgo cognitivo que compromete la objetividad requerida en el análisis institucional y supone un incumplimiento de las normas técnicas de auditoría".
Además, reprocha al auditor haber realizado valoraciones que exceden el ámbito de la fiscalización, incluyendo juicios técnicos y jurídicos para los que, a su juicio, la Cámara de Cuentas no tiene competencia ni cualificación suficiente.
En este sentido, le acusa de "forzar" las salvedades en la ejecución de la obra y de utilizar "juicios de valor".
"Es obvio que el auditor ponente no atiende al contenido propio de la resolución, y va más allá del mismo realizando conjeturas impropias de una auditoría", enfatiza.
El presidente también rechaza la calificación de ilegalidad de determinadas resoluciones administrativas, calificándola de "mera invención", y asegura que las afirmaciones del auditor "no tienen soporte jurídico".
Aun así, cabe recordar que el Gobierno de María Chivite cesó al director general de Obras Públicas, Pedro López Vara, tras el reparo suspensivo que dictó la Intervención General al detectar las irregularidades que el auditor advertía.
El Partido Popular llegó a señalar en octubre del año pasado a López Vara como la "pieza angular" en el presunto amaño de la adjudicación del contrato, al considerar que fue clave en el procedimiento en el que, según la UCO, estaría involucrado Antxon Alonso, socio de Santos Cerdán.