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Altos cargos policiales de la Unidad de Policía Nacional de Extranjería y Fronteras han alertado al Ministerio del Interior del "efecto llamada" que ha provocado el proceso de regularización masiva de migrantes que el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó el pasado mes de enero.

Los agentes han detectado un nuevo patrón de entrada irregular en territorio nacional: la denominada "ruta turca".

Según ha podido conocer EL ESPAÑOL en fuentes policiales, los migrantes, procedentes en su mayoría de Argelia, aunque también de Marruecos, están viajando en avión hasta Estambul (Turquía). Desde allí inician un recorrido por carretera que culmina en España.

Turquía es un territorio con amplias conexiones internacionales y al que resulta relativamente sencillo acceder. Una vez que aterrizan allí, los migrantes suelen optar por ir a Bulgaria, donde los controles fronterizos son menos estrictos.

Entonces, comienzan la ruta por carretera. La entrada en España se produce sobre todo por Irún (País Vasco) y La Junquera (Gerona), que se han convertido en los dos puntos más frecuentes de acceso.

El esquema descrito responde a una lógica distinta a la de las tradicionales rutas marítimas, pese a que también se sigue utilizando. Además, por la denominada "ruta turca" acceden con pasaporte.

Los agentes señalan que el número de casos no es cuantioso, pero sí evidencia del "efecto llamada", que el Gobierno se niega a reconocer.

En los últimos tres días se ha detectado la entrada irregular de una quincena de migrantes, procedentes en su mayoría de Argelia, que han utilizado este itinerario.

Aunque no pueden concretar un número exacto de entradas semanales, porque depende de factores diversos, los responsables de la Brigada advierten de que se trata de un "goteo continuo" que podría consolidarse si no se adaptan medidas preventivas.

Lo que están convencidos es de que la regularización final será mucho mayor que la estimada por el Ejecutivo. Así plantean, que podría superarse el millón y medio de personas legalizadas.

"Hay un claro riesgo de efecto llamada y lo hemos trasladado a Interior", sostienen las fuentes.

¿Y cómo se regularizan estos inmigrantes? Muchos de ellos obtienen tickets y facturas que las mafias ofrecen en algunas redes sociales para utilizarlos como "pruebas" que acrediten su estancia en España durante meses.

Ahora la situación amenaza con colapsar las unidades dedicadas a la lucha contra las redes de trata y la inmigración ilegal.

Los mandos policiales consideran que cualquier expectativa de regularización masiva puede ser interpretada en terceros países como una oportunidad para acceder a territorio español y obtener la nacionalidad.

También advierten de que esta práctica supone un enorme problema de inseguridad, pues puede acceder a territorio español todo tipo de perfiles. Además, alienta a las mafias dedicadas a la trata de personas a actuar.

El real decreto que tramitó el Gobierno de Pedro Sánchez para regularizar, dijo, a unos 500.000 migrantes, está diseñado en teoría para filtrar los antecedentes penales. Pero si el país de origen no contesta "en un mes" la solicitud de los antecedentes, bastará con que el solicitante firme una "declaración responsable" de inexistencia de antecedentes para que España dé por hecho que nunca delinquió.

Es decir, no se exige acreditación, ni se menciona un análisis caso por caso, como exige la UE.

A esto se suma, además, que desde hace dos meses el sistema automatizado de cruce de antecedentes de la base de datos Adextra, utilizada por las unidades de Extranjería, no funciona, lo que afecta al mecanismo de filtrado de antecedentes policiales.

Según explican los agentes, están "molestos" con el Ministerio del Interior por ignorar sus advertencias: "Cuando el Gobierno aprobó la regularización masiva de migrantes, nadie nos avisó. Tampoco nos solicitaron que hiciéramos informes sobre los riesgos que podría acarrear esto".