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Las claves

El Consejo de Ministros ha dado este martes luz verde en primera vuelta a la Ley Orgánica de Integridad Pública, con la que el Gobierno pone en marcha su plan anticorrupción.

La iniciativa llega nueve meses después del estallido del caso Cerdán, que llevó a Pedro Sánchez a comparecer en el Congreso.

Ahí anunció un paquete de medidas que ahora empiezan a materializarse en este anteproyecto de ley.

En rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, ha defendido que se trata de una norma "ambiciosa".

Sus objetivos son reforzar la prevención, la investigación y la sanción de la corrupción. El texto prevé modificar 18 normas, incluidas seis leyes orgánicas.

Uno de los ejes de la ley es la creación de una Agencia Independiente de Integridad Pública, una de las exigencias de Sumar.

Según ha explicado Montero, aglutinará funciones hoy dispersas y será la responsable de coordinar la protección de los intereses financieros de la Unión Europea frente al fraude.

Otro elemento importante es que la norma endurece las sanciones contra las empresas que participen en tramas de corrupción, es decir, contra las empresas "corruptoras".

¿Cómo? Amplía de 15 a 20 años el periodo de inhabilitación para contratar con la Administración, recibir subvenciones o beneficiarse de incentivos fiscales.

El anteproyecto prevé además hacer público el registro de empresas con prohibición de contratar con el sector público.

El objetivo es reforzar los mecanismos de exclusión de compañías condenadas o sancionadas por estas prácticas corruptas.

La ley contempla también multas proporcionales al beneficio ilícito obtenido por las empresas corruptoras.

Auditorías externas

En el ámbito de los partidos políticos, la norma obliga a realizar auditorías externas sobre sus cuentas. Se endurece el régimen sancionador por infracciones contables y se amplían las exigencias de transparencia en la financiación.

Las donaciones privadas a los partidos deberán hacerse públicas a partir de los 2.500 euros, frente al umbral actual de 25.000. El Gobierno busca aumentar el control sobre la financiación privada de las formaciones políticas.

El anteproyecto refuerza además el control sobre las subvenciones públicas para gastos electorales y exige más rendición de cuentas a los partidos durante las campañas.

En el plano penal, la ley amplía los plazos de prescripción de los delitos de corrupción y refuerza la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos.  

El Estado podrá embargar bienes desde el inicio de la investigación y aplicar figuras como el "decomiso sin condena" para retirar patrimonio de origen presuntamente ilícito aunque todavía no haya una sentencia firme.

La norma busca, según Montero, "dedicar más tiempo a investigar delitos" al reforzar los instrumentos de incautación de bienes y de persecución patrimonial de los corruptos y de quienes se beneficien de la corrupción.

Calendario

El Ejecutivo prevé aprobar definitivamente el texto en Consejo de Ministros antes del verano, una vez recabados los informes de los órganos consultivos.

Después se iniciará su tramitación en el Congreso.

La entrada en vigor de la ley dependerá del calendario parlamentario y de la negociación con los grupos. 

En cualquier caso, el Gobierno confía en que la agencia anticorrupción y el nuevo marco sancionador estén operativos antes de que finalice la legislatura.