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Isabel Díaz Ayuso ha cesado por sorpresa al consejero de Educación, Emilio Viciana, y ha nombrado en su lugar a Mercedes Zarzalejo, hasta ahora viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia.
El relevo se produce en un momento de máxima tensión en la Consejería de Educación, con la futura Ley de Universidades madrileña pendiente de aprobación y tras varias rectificaciones en su articulado.
Mercedes Zarzalejo, con un perfil político destacado y experiencia como diputada y alcaldesa, asume la Consejería en pleno debate por la financiación universitaria y la situación económica de centros como la Complutense y la Rey Juan Carlos.
La nueva consejera gestionará un presupuesto histórico de casi 7.000 millones de euros y deberá pilotar tanto la reforma universitaria como el clima de conflictividad creciente en el ámbito académico madrileño.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha cesado por sorpresa al consejero de Educación, Emilio Viciana, este mismo lunes.
Tal y como han informado fuentes de la Puerta del Sol a EL ESPAÑOL, la líder de los populares madrileños ha nombrado en su lugar a la que hasta ahora era viceconsejera de Educación, Mercedes Zarzalejo.
El decreto con el relevo se publicará este martes en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid (BOCM).
Su llegada coincide con un momento de especial tensión dentro de la cartera de Educación, pues el Gobierno regional lleva años preparando la futura Ley de Enseñanzas Superiores, Universidades y Ciencia (Lesuc).
Este proyecto está llamado a redefinir el modelo universitario madrileño y acumula meses de retraso, especialmente en su capítulo más delicado: el de la financiación. Además, la propia consejería, hasta ahora liderada por Viciana, ha dado marcha atrás en varias ocasiones en su articulado cuando parecía casi cerrado.
Zarzalejo (Madrid, 1976) ejercía desde octubre de 2025 como viceconsejera de Universidades, Investigación y Ciencia y asume ahora la Consejería de Educación, Ciencia y Universidades en un momento especialmente delicado para el Gobierno regional. Su perfil, mucho más político, coincide en tiempo y forma con lo que necesita Ayuso.
El desembarco de la también diputada en la primera línea del Ejecutivo autonómico se produjo tras su etapa en las cortes regionales y haber sido alcaldesa de San Martín de Valdeiglesias.
En la Cámara regional fue una de las voces más duras del Grupo Popular en la comisión de investigación que el PP lideró sobre la Universidad Complutense de Madrid y en la que mandó comparecer a la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez.
Zarzalejo ejerció la portavocía de esa comisión, impulsó la citación de la esposa del presidente del Gobierno por su relación laboral con la Complutense y, como jurista, también redactó el pliego de cargos que acabó derivando en una sanción contra Rocío Monasterio, entonces líder de Vox, por votar dos veces en una misma iniciativa.
Ley de Universidades
El relevo se produce cuando la Consejería tiene entre manos una de las reformas más ambiciosas de la legislatura: la nueva ley de universidades madrileña.
El texto estaba previsto para presentarse antes de diciembre de 2025, pero sigue en fase de negociación con los rectores, sindicatos y el resto de la comunidad educativa y aún no ha llegado a la Asamblea.
En paralelo, colectivos estudiantiles ya preparan movilizaciones y una huelga contra el proyecto, pese a que el articulado definitivo no se ha hecho público.
La norma, además, ha sufrido importantes modificaciones desde su planteamiento inicial.
En un primer borrador se contemplaban medidas polémicas, como la posibilidad de establecer sanciones por manifestaciones en los campus o por la realización de escraches, planteamientos que finalmente han sido retirados en las versiones posteriores del texto tras la contestación política y académica.
También se retrocedió en lo relativo a financiación —ligada estrictamente al cumplimiento de objetivos por parte de cada centro—, que en un primer borrador podía llegar hasta el 30 % del presupuesto; y se sustituyó por un fondo anual de 10 millones de euros que se repartirá entre los campus que acuerden y cumplan metas negociadas con la Comunidad.
También se ha suavizado la obligación de que las universidades captasen recursos externos para acceder a estas ayudas, y el mapa de titulaciones, que inicialmente pretendía regular qué carreras podrían ofrecerse y dónde, pasará a ser orientativo y sin carácter obligatorio.
Además, se eliminaron las sanciones específicas por manifestaciones o escraches en los campus, previstas en las primeras versiones de la norma, y se modificó la forma de nombrar a los gerentes universitarios, que ahora serán designados por el rector con el visto bueno del Consejo Social, en lugar de hacerlo mediante concurrencia abierta.
Ramiro de Maeztu
Viciana, que había estado en la cuerda floja durante los dos primeros años de legislatura tras tener que rectificar iniciativas como la del colegio internacional del Ramiro de Maeztu, afrontaba ahora la recta final de la negociación de la norma universitaria.
Su salida se interpreta en el entorno político como un movimiento para reforzar el perfil político de la Consejería en un momento de máxima tensión.
A la ley de Universidades se suma la situación financiera de varias universidades públicas madrileñas. La Universidad Complutense de Madrid y la Universidad Rey Juan Carlos atraviesan dificultades económicas que han obligado a abrir conversaciones con el Ejecutivo autonómico.
En el caso de la Complutense, la Comunidad ha condicionado su apoyo financiero a un plan de ajuste que obligará al rector Joaquín Goyache a aplicar recortes, entre ellos en personal.
La nueva consejera asume así el mando de un departamento que en 2026 cuenta con un presupuesto histórico de 6.959 millones de euros —el 22,7% del total regional— y que deberá pilotar, además de la reforma universitaria, un clima de creciente conflictividad en el ámbito académico.