Las claves
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El Consejo Escolar del Estado ha aprobado por unanimidad el anteproyecto de ley que reducirá el número máximo de alumnos por clase a 22 en Primaria y a 25 en Secundaria.
La nueva normativa también establece un tope de 23 horas lectivas semanales para docentes de Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 horas en Secundaria y Bachillerato.
Cada alumno con necesidades educativas especiales contará como dos plazas a efectos de ratio máxima, reforzando así el enfoque inclusivo en las aulas.
La bajada de ratios será progresiva y está previsto que esté completamente implantada en 2031, como parte de una reforma más amplia de la profesión docente.
La ministra de Educación, Milagros Tolón, acaba de obtener su primer éxito político a los mandos de su recién estrenada cartera.
El Consejo Escolar del Estado ha aprobado este jueves el dictamen favorable al anteproyecto de ley que reducirá las ratios en las aulas y fijará por ley un tope a la jornada lectiva del profesorado.
Lo hace convenciendo incluso a las comunidades autónomas del Partido Popular. Pues, como ha podido confirmar este diario, los más de 100 miembros del Consejo de Estado han aprobado por unanimidad el documento. Entre ellos, los consejos escolares autonómicos donde se ven representados los gobiernos regionales.
Fuentes regionales de la Comunidad de Madrid confirman a este diario que han dado su visto bueno al proyecto, pues las ratios escolares en la región son hasta más bajas que las que dicta el Ejecutivo de Pedro Sánchez.
Con todo ello, puntualizan que han hecho constar su disconformidad por las "formas" del texto, puesto que la futura ley no contempla una memoria económica y no ha pasado por la conferencia sectorial.
De otro lado, otros interlocutores del Consejo de Estado explican a este diario que se ha aprobado por unanimidad, pero "algún miembro del organismo ha podido presentar un voto particular desarrollando su valoración".
Empieza su tramitación
El texto, que todavía debe regresar al Consejo de Ministros en segunda vuelta antes de iniciar su tramitación parlamentaria, rebaja el número máximo de alumnos por clase a 22 en Primaria —frente a los 25 actuales— y a 25 en Educación Secundaria Obligatoria, donde hoy el límite es de 30.
Tolón, que ha participado por primera vez en el pleno del órgano consultivo desde que asumió el cargo en diciembre, ha defendido que la norma permitirá ofrecer una atención "más individualizada" al alumnado.
"Dispondrán de más tiempo para atender mejor al alumnado, especialmente cuando hay diversidad y necesidades distintas", ha asegurado.
En declaraciones previas a los medios, la ministra ha insistido en que el anteproyecto "no es algo cerrado" y que el Ejecutivo mantiene abierto el diálogo con la comunidad educativa y los sindicatos. "Venimos a trabajar conjuntamente", ha afirmado.
Tope a las horas lectivas
La reforma no solo afecta al número de alumnos por aula. El anteproyecto fija también un máximo de horas de docencia directa: 23 semanales en Infantil, Primaria y Educación Especial, y 18 en Secundaria, Bachillerato y el resto de enseñanzas.
El límite se refiere exclusivamente al tiempo de clase, ya que la jornada completa del profesorado seguirá siendo de 37,5 horas semanales e incluirá tutorías, coordinación, preparación de materiales y otras tareas. En la práctica, ese tope ya se aplica en la mayoría de comunidades autónomas, aunque no en todas.
Por ejemplo, en Madrid no se aplica esta jornada pese a que los sindicatos lo han intentado negociar muchas veces. Allí los profesores de Educación Primaria no han conseguido llegar a las 23 horas, aunque sí las 18 de los profes de la ESO.
La reducción de la carga lectiva fue una de las medidas adoptadas durante la crisis económica. Tolón ha recordado que las aulas "llegaron a estar prácticamente saturadas", al igual que los docentes, con horarios que "venían de una ley del Partido Popular".
Necesidades educativas
El texto incorpora además una medida con impacto directo en la organización de los centros: cada alumno con necesidades educativas especiales computará como dos plazas a efectos del cálculo de la ratio máxima en aulas ordinarias. Algo que han pedido desde los sindicatos de manera reiterada.
El objetivo es compensar la mayor dedicación que requieren estos estudiantes y reforzar el enfoque inclusivo del sistema.
La aplicación generalizada de la bajada de ratios será progresiva y no estará completamente implantada hasta 2031, según el calendario previsto por el Ministerio.
La iniciativa forma parte de la negociación más amplia para reformar la profesión docente, uno de los compromisos del Ejecutivo en esta legislatura.
Tolón ha subrayado que este anteproyecto es un paso "decidido e importante", pero no el último, ya que el diálogo con los agentes sociales "sigue abierto".
Tras el aval del Consejo Escolar del Estado, el texto volverá al Consejo de Ministros antes de su envío al Congreso, donde comenzará la negociación parlamentaria. El respaldo consultivo supone un primer espaldarazo político para la nueva ministra. Ahora la clave será convertirlo en mayoría legislativa.