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El Gobierno de Navarra reconoció este miércoles que se produjo una "agresión" a un menor en un centro tutelado por la Administración foral, tal y como adelantó el EL ESPAÑOL.

Los hechos tuvieron lugar el 17 de enero en un piso de menores gestionado por la Fundación Amigó en Mutilva, a cinco kilómetros de Pamplona. Un pequeño de 4 años fue agredido sexualmente por otro interno de 16.

Pese a reconocer el incidente, el Gobierno foral cerró filas en defensa de cómo ha gestionado el caso.

"El Gobierno protege a los menores y la actuación ha sido conforme a protocolo, que ha funcionado a la perfección", aseguró el vicepresidente navarro y portavoz del Ejecutivo, Javier Remírez, este miércoles en rueda de prensa. 

Pese a que todo funcionó "a la perfección", hay algunas circunstancias que contrastan con las explicaciones públicas que hasta ahora ha dado el Gobierno.

Por ejemplo, el mismo día que tuvo lugar el caso de presunta agresión sexual, el menor fue ingresado en el Hospital Universitario de Navarra para ser evaluado, pero la madre no fue informada de lo ocurrido hasta el día siguiente.

Además, desde el propio centro asumieron la "negligencia" de que un niño de esa edad "estuviera solo en la cocina" la noche de la agresión sexual, según ha podido saber este periódico.

El episodio se dio tan solo unos días antes de que la propia presidenta navarra, María Chivite, inaugurara en Pamplona el primer centro de atención integral para menores víctimas de abuso sexual en la Comunidad Foral.

Ese nuevo centro, bautizado como Barnahus, iniciará su actividad en febrero y busca "ofrecer una respuesta unificada y especializada" para las víctimas de violencia sexual. 

"A veces ocurren estas cosas"

Además de las educadoras del centro, las propias funcionarias de servicios sociales, es decir, las responsables de la tutela, admitieron a la madre que su hijo no debía estar en un centro de menores, tal y como informó este periódico. 

A la mujer se lo transmitió una representante del Servicio de Acogimiento Familiar de la Agencia Navarra de Autonomía y Desarrollo de las Personas, dependiente del Departamento de Derechos Sociales, en una reunión celebrada el pasado 23 de enero.

La madre, de 30 años, tiene la patria potestad suspendida. Su hijo pequeño se encuentra bajo la tutela del Gobierno navarro desde diciembre de 2024, después de que la Administración declarara su situación legal de desamparo.

"Nadie quiere ni espera que ocurran estas cosas, pero a veces ocurren", le dijo a la madre la representante de los servicios sociales en esa reunión.

La madre se quejó de que su hijo no tenía que estar en un piso tutelado y "mucho menos cuando hay tantos niños mayores". 

"Él es el más pequeño y no se pueden hacer cargo de él porque no le dan la atención que necesita para la edad que tiene", protestó.

Desde servicios sociales se trasladó a la progenitora que se había intentado encontrar una familia de acogida, pero que no había ninguna "disponible" en ese momento.

"Interés superior del menor"

En la rueda de prensa de este miércoles, el vicepresidente navarro evitó entrar en el fondo del asunto y alegó que el Gobierno no puede "pronunciarse" porque implica a menores.

"Prevalece el interés superior del menor y la confidencialidad de las actuaciones [...] para salvar su honor, intimidad y reputación", justificó.

Asimismo, el número dos de María Chivite cargó contra el uso político que está haciendo la oposición del caso. 

Y acusó a la "extrema derecha", en referencia a Vox, de difundir un "discurso falso que estigmatiza a los menores en función de su origen y nacionalidad".

También afeó al PP y UPN su actitud por "hacerse eco" de estas informaciones "sabiendo que se trata de un tema muy delicado".

Tras la información publicada por este periódico, Vox exigió la "dimisión inmediata" de la consejera de Derechos Sociales del Gobierno de Chivite, María del Carmen Maeztu.

Por su parte, Unión del Pueblo Navarro pidió "explicaciones públicas" al Ejecutivo por los "fallos en el sistema de tutela".