La UE desautoriza las medidas de Sánchez para el control digital: ve "inviable" juzgar a directivos como Elon Musk

Las claves

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La Comisión Europea ha avisado este miércoles de que es "inviable" que los gobiernos puedan ir más allá del marco establecido por la Ley Europea de Servicios Digitales (DSA, por sus siglas en inglés) e imponer "medidas u obligaciones adicionales" a las grandes plataformas y a sus directivos.

Bruselas fundamenta su posición en que la normativa común busca un "efecto armonizador" en la protección de los menores en el uso de las redes sociales y centra la rendición de cuentas en las compañías y no en sus directivos.

"Tomar medidas o poner obligaciones adicionales a las plataformas es claramente inviable, porque ello está regulado por la DSA, con su efecto armonizador para proteger a 450 millones de ciudadanos. Porque no queremos proteger solo a los menores en España, queremos proteger a todo el mundo en Europa con la DSA", ha dicho en una rueda de prensa en Bruselas el portavoz comunitario de Seguridad Tecnológica, Thomas Regnier.

"No hay necesidad de pisarle el terreno a la DSA", ha insistido el portavoz, quien a preguntas sobre cuál es la valoración del Ejecutivo comunitario sobre las medidas anunciadas la víspera por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha querido aclarar que las iniciativas que pongan en marcha los Estados miembro en este sector deben encajar dentro de los límites de la DSA.

Sobre la propuesta en sí, Regnier ha indicado que Bruselas no puede valorar si es o no compatible con la DSA, porque por el momento no hay un texto legislativo que analizar.

"No hay un proyecto de ley, si (en su momento) la hay, probablemente, tendrá que ser notificada a la Comisión Europea y entonces la estudiaremos", ha añadido.

"¿Un CEO es responsable de lo que ustes publica en internet? ¿Soy yo responsable, como CEO, de lo que usted publica en línea? Es muy difícil, por esa razón precisamente la DSA no hace investigaciones penales. Con la DSA no atacamos a individuos, nos centramos en las plataformas", ha explicado Regnier.

Si un directivo "promueve algorítmicamente un partido político o reduce la visibilidad de otros, no resulta responsable de ello, es la plataforma la que es responsable", ha insistido.

El día anterior, de hecho, Regnier ya aplaudió que España "se una al club" de países europeos que ya trabajan para prohibir el acceso a redes sociales de menores de 16 años, por ejemplo Francia, Dinamarca, Grecia o Austria.

La potestad de establecer la edad mínima de acceso a las redes es competencia exclusiva de los Estados miembro, pero el control del cumplimiento por parte de las plataformas y las decisiones que puedan derivar corresponden a la Comisión Europea, aclaró.

También indicó entonces que estos países, incluido España, participan desde hace meses en el proyecto piloto de una aplicación comunitaria de verificación de edad para "ajustar" los parámetros a las especificidades de cada Estado miembro.

El objetivo es que la herramienta desarrollada por la Comisión Europea esté disponible en todas las App Store desde el próximo marzo, aunque no será obligatoria en todos los Estados miembro hasta final de año.

Para entonces, las plataformas deberán contar con una herramienta que permita verificar y validar la edad del usuario y, aunque no estarán obligadas a instalar la versión europea, sí deberán justificar que su alternativa ofrece garantías equivalentes de que con ella se cumplen las normativas nacionales y europeas.

Las medidas de España

El Gobierno pretende impulsar distintas modificaciones legislativas, algunas a través del Código Penal y otras con una Ley Orgánica específica, para regular distintos aspectos en torno a las redes sociales, como la prohibición para los menores de 16 años o la creación de nuevos delitos como la manipulación algorítmica.

Sánchez pretende que los directivos de las plataformas digitales puedan ser considerados "penalmente responsables" de las infracciones cometidas en sus respectivos servicios, especialmente cuando estos incumplan una orden de retirada de contenidos ilícitos.

Así, según fuentes del Gobierno, los altos ejecutivos de empresas tecnológicas podrían responder penalmente por la inacción deliberada ante este tipo de contenidos.

Igualmente, el ejecutivo quiere que sean nuevos delitos "la manipulación de algoritmos que facilite la amplificación deliberada de contenidos ilegales, y la alteración del funcionamiento de sistemas automatizados de procesamiento de datos", ya que estos contenidos no surgen de forma espontánea, sino que son "creados, impulsados y amplificados por actores concretos y por algoritmos diseñados para maximizar beneficios".

Tanto la propuesta para considerar penalmente responsables a los directivos de las redes sociales como el referido a la manipulación de los algoritmos se plasmará con una modificación del Código Penal y a través de un Proyecto de Ley Orgánica que el Gobierno pretende llevar al Parlamento.

Asimismo, España prohibirá el acceso a las redes sociales a menores de 16 años, pero ¿hay métodos fiables de verificación de edad para acceder y crear cuentas en las plataformas? Este es el nudo gordiano para un acceso seguro a los entornos digitales.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este martes esta medida dentro de un paquete de iniciativas para aumentar el control de las plataformas digitales. España se suma así a otros países que han aprobado leyes en la misma línea como Australia, Francia, Nueva Zelanda y Malasia.

Pero el nudo gordiano es encontrar un sistema fiable, pues el reconocimiento biométrico del rostro, el número de la tarjeta de crédito o el DNI no convencen por los riesgos para la protección de datos sensibles.

El Gobierno apuesta por su propia herramienta, presentada por el Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública en julio de 2024: la aplicación móvil Cartera Digital Beta, con la que participa en un proyecto piloto de la Comisión Europea.

Dicha aplicación está basada en la futura Cartera de Identidad Digital Europea. Esta herramienta permite verificar la mayoría de edad de forma anónima y sin revelar datos personales, garantizando la privacidad. La credencial caduca cada 30 días para evitar la trazabilidad del usuario entre distintas aplicaciones.

La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, informaba este martes al término del Consejo de Ministros de la modificación legal para poder implantar la prohibición: "España vuelve a liderar internacionalmente con una medida de progreso, para la que nos vamos a aliar con otros cinco países europeos, cuya primera reunión tendrá lugar en los próximos días".

A falta de concretar esa reunión, cabe recordar que la Comisión Europea seleccionó a España para liderar un proyecto piloto destinado a desarrollar una base común europea de verificación de edad, al considerar su herramienta la más avanzada técnicamente.

La Comisión Europea ha celebrado este mismo martes el anuncio de España, pero ha señalado que la legislación nacional no puede imponer a las plataformas "obligaciones adicionales" a las que prevé la ley de servicios digitales (DSA) de la Unión Europea.

Y es que, según este organismo europeo, el uso de la aplicación que se está testando en el programa piloto en el que participan España, Francia, Dinamarca, Italia y Grecia no puede tener carácter obligatorio, siempre y cuando las plataformas tengan sistemas de verificación de edad que sean eficaces.