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El Tribunal Supremo ha condenado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por revelación de secretos sobre la pareja de Isabel Díaz Ayuso.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha mostrado respeto por la sentencia pero ha manifestado que no la comparte, y ha anunciado que elegirá un nuevo fiscal general en los próximos días.
Sumar, socio del Ejecutivo, ha calificado la condena como un "golpe judicial" y un intento de desestabilizar al Gobierno, criticando la decisión del Tribunal Supremo.
La sentencia no fue unánime y ha generado fuertes discrepancias políticas y judiciales, siendo la primera vez que un fiscal general se sienta en el banquillo de los acusados en España.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha manifestado que se "muerde la lengua" tras conocerse la condena del Tribunal Supremo al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, a dos años de inhabilitación y una multa de 7.200 euros por un delito de revelación de secretos contra el novio de Ayuso, Alberto González Amador, a quien ordena indemnizar con 10.000 euros por daños morales.
En cualquier caso, el Ejecutivo ha expresado su "respeto a la decisión" aunque "no la comparte" y ha anunciado que pondrá en marcha su relevo en los próximos días.
El ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, fue el primer miembro del Gobierno que se ha pronunciado sobre la condena, ha sido, de momento,"Voy a morderme la lengua y ser prudente", ha afirmado a la salida de un acto, pidiendo tiempo para leerlo en profundidad antes de realizar más declaraciones.
Vídeo | Bolaños sostiene que el Gobierno tiene "el deber moral de decir que no compartimos" el fallo de la sentencia al fiscal general
Ya a las 16.30 de la tarde, el ministro de Justicia y Presidencia, Félix Bolaños, manifestó en una declaración institucional desde Moncloa que el "Gobierno tiene el deber legal de respetar" la condena pero tabién tiene el "deber moral de decir que no lo comparte".
"La discrepancia con esta sentencia no puede suponer una desconfianza generalizada con las instituciones", alegó.
Asegura que en los próximos días se pondrá en marcha el proceso de nombramiento de un nuevo o una nueva fiscal general del Estado, que garantiza que será una persona del máximo prestigio profesional en el ámbito del Derecho.
De la misma forma, el Gobierno ha expresado su reconocimiento a la labor desempeñada por García Ortiz "en defensa de la ley y la verdad" en su etapa al frente de la Fiscalía General del Estado.
El Ejecutivo, con Sánchez a la cabeza, y el PSOE siempre habían defendido la inocencia del fiscal general y habían asegurado que el tiempo le daría la razón y pondría las cosas en su sitio.
No obstante, había expresado en todo momento su respeto a la Justicia y que asumía la responsabilidad de sus manifestaciones en caso de que García Ortiz, como finalmente ha ocurrido, fuera condenado.
El propio Sánchez, afirmó en una entrevista el pasado 9 de noviembre, mientras se llevaba a cabo el juicio, que el fiscal es "inocente". "Y más aún tras lo visto en el juicio", señaló.
En la misma línea que el Gobierno, el PSOE ha expresado en un comunicado su respeto por la decisión del Supremo, aunque ha subrayado que no comparte el fallo. Además, desde Ferraz reconocen la labor de Álvaro García Ortiz al frente de la Fiscalía General del Estado, "su compromiso con la ley, con la verdad y con la independencia de las instituciones públicas".
Sumar denuncia un "golpe judicial"
Más contundente se ha mostrado Sumar, el socio minoritario del Ejecutivo de coalición, que ha arremetido contra la condena calificándola de "golpe judicial en toda regla" e intento de "desestabilizar" al Gobierno.
Para Sumar, esta condena es "la prueba más clara de que algunos sectores del poder judicial han decidido entrar en combate político contra el Gobierno".
Es más, ha recriminado que este fallo está basado "en indicios débiles y sin una sola prueba directa de filtración", como recogen las crónicas periodísticas del propio proceso, y "solo puede entenderse como un intento de interferir en la vida democrática" de España.
De hecho, ha alertado que esta causa está "construida sobre meras sospechas, inferencias sin sustento y contradicciones internas señaladas incluso en los votos particulares", por lo que la decisión del TS tiene "una gravedad institucional absoluta".
"No aceptaremos que el Estado de derecho se use para desestabilizar a un Gobierno legítimo", ha enfatizado Sumar para sostener que el jefe de gabinete de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, reconoció filtrar "un bulo" y sigue "impone".
"Fue el entorno de la presidenta de la Comunidad de Madrid quien difundió la primera versión falsa, mientras su pareja, procesado y con reconocimiento de delitos fiscales en sus comunicaciones, buscaba un pacto para evitar la cárcel. Hoy se ataca a quien desmintió una mentira, no a quienes la fabricaron", ha ahondado.
El fallo del Supremo no ha sido por unanimidad. Ha contado con el apoyo de cinco magistrados --Andrés Martínez Arrieta, Manuel Marchena, José Ramón Berdugo, Antonio del Moral y Carmen Lamela-- y con el voto discrepaste de las magistradas progresistas Ana Ferrer y Susana Polo.
El tribunal, de mayoría conservadora, ha fallado tan solo una semana después de que concluyera un juicio histórico porque ha sido la primera vez que un fiscal general del Estado se ha sentado en el banquillo de los acusados.
La condena se ha adelantado este jueves, comunicándoselo a las partes, pero no surtirá efectos hasta que se notifique formalmente la sentencia, que ni siquiera está aún redactada.