Las claves
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El Gobierno ha iniciado los trámites para la extinción de cuatro fundaciones franquistas: Fundación José Antonio Primo de Rivera, Fundación Blas Piñar, Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
La decisión se toma en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática y busca evitar la apología del franquismo, el menosprecio a las víctimas y la incitación al odio y la violencia.
El procedimiento sigue el mismo camino que el iniciado contra la Fundación Nacional Francisco Franco, apoyado en informes de la Abogacía General del Estado y testimonios de víctimas.
El ministro de Cultura destaca la importancia de la memoria democrática como deber cívico y ético, y anuncia avances en la recuperación de bienes incautados durante la dictadura.
El ministro de Cultura, Ernest Urtasun, ha anunciado este martes que el Gobierno va a iniciar las actuaciones previas para la extinción de otras cuatro fundaciones franquistas: la Fundación José Antonio Primo de Rivera, la Fundación Blas Piñar, la Fundación Privada Ramón Serrano Suñer y la Fundación Pro Infancia Gonzalo Queipo de Llano.
"Un Gobierno democrático no puede permitir que el odio se infiltre en la memoria colectiva, no debe eludir el respeto a las víctimas del franquismo y debe exigir, en todo momento, verdad, reparación y justicia. Y así lo hacemos y haremos, de la mano de la Ley", ha apuntado en su comparecencia en la Comisión de Cultura en el Congreso.
Esta decisión tiene lugar la semana en la que se cumplen 50 años de la muerte del dictador Franco.
El procedimiento para la extinción de estas cuatro fundaciones franquistas seguirá el mismo camino que el ya iniciado con la Fundación Nacional Francisco Franco el pasado 31 de octubre por apología del franquismo, menosprecio y humillación a las víctimas e incitación directa o indirecta al odio y la violencia.
Este proceso se encuentra en fase de alegaciones, que expira el 24 de noviembre, tras haber iniciado las actuaciones previas para su extinción en 2024 y acordado la apertura del procedimiento el pasado octubre.
Urtasun ha señalado que "la memoria impide que el pasado pase y arroja luz sobre el presente" y que esta es "un deber cívico y ético de toda administración y Gobierno" así como "un deber supremo para quienes sufrieron la muerte y la represión por la dictadura".
Por ello, ha recordado que en cumplimiento de la ley de Memoria Democrática, el Ministerio de Cultura fue el primero en crear en el plazo de un año un inventario de bienes incautados durante la guerra y la inmediata posguerra, que se ha puesto a disposición de la ciudadanía en un portal web.
También ha informado de que se han documentado más de 6.695 piezas en museos estatales de gestión directa, se ha actualizado el censo de archivos de España e Iberoamérica con las incautaciones y se ha digitalizado la información custodiada en archivos estatales y el archivo de la guerra.
Fruto de esta "ingente tarea", ha dicho, se han devuelto varios cuadros a la familia del que fuera alcalde de Madrid, Pedro Rico, nunca reintegrados por el franquismo a sus legítimos propietarios, y un cuadro de Giner de los Ríos niño que ahora está en manos de la familia.
Fundación Francisco Franco
Los trámites para solicitar la extinción de la Fundación Francisco Franco comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.
En concreto, Cultura pidió un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el Gobierno considera que la Fundación Francisco Franco incumple con la Ley de Fundaciones y con la Ley de Memoria Democrática.
Tras la recepción de estos informes, Cultura dio hace unas semanas un paso más, al comunicar oficialmente el 31 de octubre a esta entidad el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la Justicia.
En la resolución de 37 páginas, a la que tuvo acceso Efe, Cultura se basa fundamentalmente en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis sobre la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación.
Con todo este material, y tras analizar todo el contenido de la web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no persigue fines de interés general, que es uno de los motivos que pueden propiciar su extinción, ya que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo".
Pero, además, asegura que la Fundación Franco cumple con las otras premisas que pueden acabar con su extinción y que están recogidas en la Ley de Memoria Democrática: la apología del franquismo, el menosprecio y humillación a las víctimas y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.
Para ello, pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un "prisma negacionista" y que "niegan o aminoran el alcance de la represión", como uno titulado La mentira de los niños robados del franquismo.