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El Gobierno da los últimos pasos para ilegalizar la Fundación Francisco Franco. El Ministerio de Cultura ha abierto este viernes el procedimiento previo para instar a su ilegalización ante la Justicia por "apología del franquismo y humillación a las víctimas" y le ha notificado a esta entidad dicho expediente, así como la apertura del correspondiente periodo de alegaciones.

El Ejecutivo alega, además, que la Fundación Franco "no persigue fines de interés general", aunque será la Justicia quien tenga la última palabra.

El presidente de la Fundación Francisco Franco, Juan Chicharro, ha confirmado que presentará alegaciones y ha defendido que la permanencia de la entidad está amparada por la Constitución, que "garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión".

También ha denunciado que esta iniciativa es un "Francomodín" para tratar de desviar la atención de otros problemas

Los trámites para solicitar su extinción comenzaron en junio de 2024, cuando empezó a recopilar información el Ministerio de Cultura, de quien depende el Protectorado Estatal de Fundaciones.

En concreto, Cultura pidió un informe al registro de fundaciones y otro a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, ya que el Gobierno considera que la Fundación Francisco Franco incumple con la Ley de Fundaciones y con la Ley de Memoria Democrática.

Tras la recepción de estos informes, Cultura ha dado un paso más, al comunicar oficialmente este viernes a esta entidad el inicio del procedimiento para reclamar su extinción ante la Justicia.

Lo ha hecho a través de una resolución en la que explica, una a una, las causas por las que, en su opinión, debe ser extinguida la fundación, que a partir de ahora cuenta con un plazo de 10 días hábiles para presentar alegaciones ante el Ministerio.

Apología del franquismo

En la resolución de 37 páginas, a la que ha tenido acceso Efe, Cultura se basa fundamentalmente en el informe que emitió el pasado mes de mayo la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que aportó un informe de la Abogacía General del Estado, otro de un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo, además de un análisis sobre la presencia de la Fundación Francisco Franco en los medios de comunicación.

Con todo este material, y tras analizar todo el contenido de la web de la fundación, Cultura concluye que la entidad no persigue fines de interés general, que es uno de los motivos que pueden propiciar su extinción, ya que sus actividades "son incompatibles con lo que inspira la legislación vigente" y proporcionan una visión "inequívocamente positiva del franquismo".

Pero, además, asegura que la Fundación Francisco Franco cumple con las otras premisas que pueden acabar con su extinción y que están recogidas en la Ley de Memoria Democrática: la apología del franquismo, el menosprecio y humillación a las víctimas, y la incitación directa o indirecta al odio y la violencia.

Para ello, pone como ejemplo la publicación de artículos por parte de la Fundación con un "prisma negacionista" y que "niegan o aminoran el alcance de la represión", como uno titulado La mentira de los niños robados del franquismo.

Medidas cautelares

Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática consideran que han recopilado y aportado pruebas "suficientes y destacadas" para que el juez o jueza que lleve este proceso "no tenga más opción" que acordar la extinción de la entidad.

Añaden que su intención es acudir a la Justicia lo antes posible, sin necesidad de agotar el plazo de nueve meses con el que cuentan a partir de ahora, y que solicitarán medidas cautelares para limitar o interrumpir la actividad de la Fundación hasta que haya una decisión judicial sobre su extinción.

La Fundación Francisco Franco comentó en su momento que declarar su extinción sería contrario a la Constitución, pero fuentes de ambos Ministerios recalcan que una cosa es la libertad de expresión y otra la creación de una fundación, lo que posibilita entre otros aspectos beneficios fiscales, algo a lo que aseguran que esta entidad no debería tener derecho.

Reacción de la Fundación Franco

Y precisamente esa misma línea es la que ha seguido el presidente de la fundación Juan Chicharro. "En un Estado de derecho estaríamos tranquilos porque la Constitución Española garantiza la libertad de opinión, expresión y reunión", ha dicho este viernes a Efe.

En su opinión, esta iniciativa del Gobierno es un "Francomodín" para tratar de desviar la atención de la opinión pública de otros problemas y acusa además al Ejecutivo de "mala praxis democrática", al solicitar la extinción de la Fundación basándose en la Ley de Memoria Democrática, que ha sido recurrida ante el Tribunal Constitucional.



Por otro lado, ha señalado que la resolución del Ministerio de Cultura "parte de un supuesto falso", ya que toma como punto de partida unos estatutos de la Fundación Francisco Franco que no son vigentes porque "fueron modificados".

Y ha calificado de "ridículos" los argumentos que usa el Ministerio de Cultura para concluir que la Fundación Francisco Franco menosprecia y humilla a las víctimas del franquismo.



"Es nuestra versión de la historia con argumentos históricos", ha defendido.