Las claves
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El Senado aprueba una reforma integral de su Reglamento para reforzar el control al Gobierno, obligando a que un miembro del Ejecutivo comparezca cada seis meses ante la Comisión Constitucional.
La reforma moderniza más de 100 artículos, crea dos nuevas comisiones especializadas (Entidades Locales y Vigilancia de las contrataciones) y limita el tiempo de intervención de los ministros durante sus comparecencias.
El nuevo Reglamento permite a la Mesa del Senado rechazar vetos del Gobierno a proposiciones de ley si los motivos presupuestarios no son justificados, y amplía la transparencia exigiendo la publicación íntegra de rentas e intereses económicos de los senadores.
El Partido Popular impulsa esta reforma con el objetivo de fortalecer las instituciones y devolver al Senado su papel de control democrático frente a lo que considera abusos del Ejecutivo socialista.
El Senado aprobará una reforma integral de su Reglamento, en la que el Partido Popular busca reforzar "el control" al Gobierno, que "busca la eliminación" de la Cámara Alta, al ser "la única institución" que no controla el PSOE.
El nuevo sistema de control periódico al Gobierno será una novedad sin precedentes.
A partir de la aprobación de la norma, un miembro del Ejecutivo "deberá comparecer obligatoriamente ante la Comisión Constitucional al inicio de cada período de sesiones para rendir cuentas del cumplimiento de las mociones aprobadas" en el semestre anterior.
Es el mecanismo más efectivo para transformar el Senado en "una Cámara de verdadero control democrático", según fuentes consultadas en el Grupo Popular en el Senado.
La reforma moderniza más de 100 artículos del Reglamento y responde a una estrategia del PP para "fortalecer las instituciones" frente a lo que considera "un abuso Ejecutivo".
Antonio Silván, portavoz adjunto, subraya que se trata de un texto "que moderniza la Cámara Alta, refuerza su papel constitucional y devuelve la transparencia y el respeto institucional a la política". La iniciativa surge del convencimiento de que el Ejecutivo socialista ha gobernado con una lógica de "impunidad legislativa mediante decretos".
Medidas principales
Entre las medidas más significativas destaca la creación de dos nuevas comisiones especializadas.
La Comisión General de las Entidades Locales, configurada como comisión "reforzada" según el modelo de Comunidades Autónomas, dotará al Senado de mayores herramientas para supervisar la coordinación entre Administraciones.
Simultáneamente se constituye la Comisión de Vigilancia de las contrataciones de la Administración General del Estado y del sector público institucional estatal, un órgano de control que los populares consideran "crítico" para el examen democrático al gasto público y las adjudicaciones, en plena "oleada de corrupción sanchista".
El nuevo Reglamento incorpora un mecanismo de defensa institucional: la Mesa del Senado podrá rechazar el veto del Gobierno a proposiciones de ley o enmiendas "si considera que los motivos presupuestarios alegados carecen de fundamento".
Esta potestad "devuelve dignidad" a la Cámara territorial frente a los rechazos automáticos del Ejecutivo, afirman las fuentes. "Hoy decimos basta a los decretos exprés, al abuso y al desprecio al Senado", afirma Silván con determinación.
La reforma también establece que, a solicitud de un Grupo parlamentario, la Mesa del Senado podrá solicitar a otros órganos del Estado "la elaboración de informes sobre los proyectos y proposiciones de ley" remitidos por el Congreso.
Esta herramienta amplía significativamente la capacidad de análisis independiente de la Cámara Alta, y evita los "atajos" del PSOE presentando proyectos de ley como proposiciones parlamentarias para "puentear a las instituciones". Se trata de un instrumento de "transparencia institucional", afirma el PP.
Otras novedades
Además, se fijan límites precisos de tiempo para las intervenciones ministeriales durante comparecencias. Los turnos se dividen en 40 minutos en el primero, 30 en el segundo y 15 en el tercero, evitando así que los ministros dilaten sus respuestas indefinidamente.
La medida agiliza los debates y obliga a respuestas más directas y sustantivas sobre los asuntos controvertidos.
El texto también regula el voto telemático, moderniza procedimientos parlamentarios y, especialmente, exige la publicación íntegra de las rentas e intereses económicos de todos los senadores.
Para Silván, "la transparencia no es una moda, es respeto al ciudadano". El PP entiende que devolver al Senado su función constitucional como Cámara de representación territorial y equilibrio democrático es "fundamental" para la calidad institucional.
La reforma contrasta con la pasividad del PSOE, que no ha presentado enmienda alguna ni propuesta alternativa. El Gobierno socialista ha mantenido silencio institucional ante una iniciativa que Silván califica como "una respuesta necesaria a años de confundir mayoría con impunidad".
El Ejecutivo ha legislado, sostiene, "mediante decreto, ha vaciado debates y ha despreciado la función de control de la Cámara Alta".
El PP reafirma así su compromiso con el refuerzo institucional frente a quienes pretenden debilitar las instituciones o bloquear reformas necesarias, a pocas semanas de presentar su renovado Plan de Regeneración Institucional. "Cuando fortalecemos al Senado, fortalecemos nuestra democracia", resume Silván.