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Félix Bolaños comparecía este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros para celebrar la "histórica" aprobación de la nueva Ley Orgánica de Enjuiciamiento Criminal (Loecrim).

La norma llevaba casi 150 años en vigor "y han tenido que pasar 106 ministros de Justicia, cuatro reyes, una república y una larga dictadura" antes de que se apruebe una norma integral nueva. Pero la norma nace muerta políticamente.

El Congreso no la aprobará, y la ley deberá esperar al ministro 107.

Fuentes oficiales de Junts han confirmado a este diario que sus siete diputados votarán en contra, si es que unas elecciones anticipadas no cercenan el largo proceso de trámite parlamentario antes.

Alega Junts que es una norma "antidemocrática" y que ya avisaron al PSOE "hace meses". Aunque lo cierto es que cuando se negoció este asunto, Carles Puigdemont pidió, a cambio, un Consejo Judicial propio para Cataluña, y Bolaños se negó de plano.

Pero es que, además, el socio minoritario del Gobierno, Sumar, también la rechaza en parte, al menos, en uno de sus aspectos fundamentales: la práctica eliminación de la acusación popular.

Bolaños vendió su reforma con pompa en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. "Cuando se aprobó la actual LECrim en 1882", dijo, "aún reinaba Alfonso XII y presidía el Gobierno Práxedes Mateo Sagasta".

Bolaños destacaba que "finalmente" España tendría "la Ley de Enjuiciamiento Criminal de la Democracia, adaptada al siglo XXI".

Tres polémicas de la norma

La nueva LECrim contiene tres pilares que concentran toda la controversia política. En primer lugar, elimina de manera práctica la acusación popular. La institución, presente casi en exclusiva en España, según sus defensores, "democratiza la Justicia" al traducir el principio constitucional de que "la Justicia emana del pueblo".

Sumar rechaza frontalmente este recorte, considerando que la acusación popular se ha demostrado "imprescindible para que la sociedad civil controle los abusos del poder económico y político".

En segundo lugar, la reforma entrega la instrucción de los casos a la Fiscalía en lugar de a los jueces. El Gobierno argumenta que esto supone una "homogeneización" con lo vigente en casi todos los países europeos.

Sin embargo, desde la perspectiva de Junts y otros críticos, esta medida "concentra todo el poder en un Ministerio Fiscal que seguirá dependiendo del Ejecutivo", sin garantías reales de independencia.

La tercera pata pretende, aparentemente, solventar esta crítica. La reforma del Estatuto Fiscal amplía el mandato del fiscal general del Estado hasta los cinco años "para darle mayor independencia respecto del Gobierno".

Pero el Gobierno seguiría siendo quien designe al fiscal sin ningún otro filtro democrático, simplemente a dedo. Y esta práctica contradice explícitamente los "estándares europeos" exigidos por la Comisión Europea.

Bolaños "rompió" el Acuerdo de Bruselas

Junts reclama desde hace dos años la creación del Consejo del Poder Judicial propio para Cataluña.

Lo hace basándose en el Estatut "cercenado por el Tribunal Constitucional", basándose en el llamado Acuerdo de Bruselas que le dio la investidura a Pedro Sánchez, y como precio indispensable para apoyar la reforma judicial del Gobierno.

El PSOE, representado entonces por el hoy encarcelado Santos Cerdán, admitió en esas negociaciones que una de las vías para "profundizar en el autogobierno" catalán sería buscar "todas las vías legales" para recuperar los postulados del Estatuto de Autonomía de 2006.

Pero Bolaños se negó taxativamente a contemplar esta propuesta, el pasado julio. El ministro comunicó a Junts que esa "línea roja" que no sería traspasada. Y para Puigdemont, ésa fue una de las "rupturas" de lo comprometido y anula cualquier posibilidad de que los independentistas apoyen la reforma.

"Antidemocrática" y deficiencias técnicas

Junts rechaza la ley por considerarla "antidemocrática", elaborada sin consenso ni negociación con los grupos parlamentarios. Además, la califica de "técnicamente muy mal elaborada" porque no asume la realidad de los medios humanos y materiales disponibles en los juzgados españoles.

Fuentes cercanas al partido de Puigdemont plantean argumentos aún más graves.

"Una norma así no se puede sacar adelante con el fiscal, que va a asumir la instrucción de las causas, procesado por graves delitos como la revelación de secretos", señalan, en referencia al juicio que comienza el próximo lunes en el Tribunal Supremo.

Apuntan también "a la esposa del presidente imputada cinco veces por graves delitos" y "al hermano de Sánchez ya sentado en el banquillo por prevaricación administrativa y tráfico de influencias".

Junts critica, además, que "el PSOE sigue utilizando la acusación popular para personarse en causas contra miembros de la oposición del PP".

Sumar pone límites

Por otro lado, el socio minoritario del PSOE en el Gobierno, ha advertido públicamente que no apoyará la limitación de la acusación popular contenida en la llamada Loecrim.

El espacio liderado por Yolanda Díaz ha avisado de que trabajará "para el fortalecimiento" de esta figura y "para introducir más previsiones garantistas en la ley".

Sumar considera además que la nueva norma debe contener más mecanismos de protección de derechos fundamentales y facilitar el uso de las lenguas cooficiales del Estado en los procesos judiciales.

Su rechazo no es testimonial: sin los votos de Sumar, Bolaños quedaría aún más lejos de ser el ministro que aprobó la norma fundamental que sustituye a una de las más longevas de las aún vigentes en España.

"Un peligro para la democracia"

El Partido Popular, de su parte, ha entrado en batalla abierta contra la reforma. Su vicesecretaria de Regeneración Institucional, Cuca Gamarra, acusa al Gobierno de pretender "deconstruir ladrillo a ladrillo la arquitectura constitucional" y considera a Sánchez "un auténtico peligro democrático".

Gamarra defiende una alternativa del PP que busca "garantizar la separación de poderes, la independencia real del Ministerio Fiscal y el sometimiento del Gobierno a la ley".

Para los populares, "la Fiscalía ha dejado de ser independiente", y por ello, ha dejado de "servir a la ley" y lo hace "al poder". La Fiscalía al servicio del sanchismo, afirma, "no es una hipótesis, es la realidad que vive hoy España".

Gamarra critica que con esta reforma Sánchez y Bolaños quieren atribuir la instrucción de los procedimientos penales "a un Ministerio Fiscal dependiente del Gobierno" que sería el único que acusaría, lo que pone en juego "la integridad del Estado de derecho".

La nueva Loecrim, destinada a ser "histórica", no saldrá aprobada del Congreso. Sin los votos de Junts, sin el apoyo total de Sumar y bajo el fuego cerrado del PP, y con una legislatura bloqueada, si el Gobierno logra que se vote en el Parlamento, será derrotada.