La Línea Maginot del Gobierno y el PSOE para defenderse políticamente ante los escándalos y casos de corrupción se ha ido moviendo en función de cómo han avanzado las investigaciones judiciales.
En 2024, cuando estalló el escándalo, el PSOE intentó que la responsabilidad penal quedara en Koldo Aguirre, el peculiar asesor y persona para todo de José Luis Ábalos.
Pedro Sánchez se deshizo entonces de quien había sido su número dos en el Gobierno y en el partido, con el argumento de que era responsable político de lo que entonces se imputaba a Koldo García, la mano derecha del exministro.
Ningún socialista sostenía, al menos en público, que Ábalos pudiera ser partícipe de los hechos que investiga la Justicia, lo suyo era entonces responsabilidad política.
Más adelante, la investigación judicial avanzó y se empezó a ver una clara responsabilidad de quien fue ministro de Transportes y responsable de Organización del PSOE.
Entonces se movió la defensiva Línea Maginot y todo era ya responsabilidad de Ábalos y, por eso, se rompieron todas las líneas de contacto, salvo la discreta que sirve para controlar lo que votará en el Pleno del Congreso.
El pasado mes de julio, esa línea defensiva volvió a moverse cuando se conoció el informe de la UCO que mostraba la implicación de Santos Cerdán en la trama de corrupción. La tesis era que todo lo que afectaba al partido era responsabilidad de quien fue responsable de Organización y ahí se quedaba.
Esa línea de defensa está estas semanas en los argumentarios de los ministros y dirigentes socialistas en relación a las acusaciones de financiación ilegal del PSOE y, sobre todo, respecto a las relaciones de la llamada “fontanera” del partido Leire Díez con la sede de Ferraz.
“Ni el Gobierno ni el PSOE tenían relación con Leire Díez” es la frase que repiten estos días fuentes de Moncloa y de Ferraz. Y, significativamente, añaden que “lo que hiciera Santos eso no lo sabemos”.
Es decir, fuentes socialistas explican que la tesis ahora es que la “fontanera” no colaboraba con el partido sino, en todo caso, con Santos Cerdán.
De hecho, constan reuniones con el entonces secretario de Organización en las que Leire Díez le facilitó información. La última conocida fue el día que ella se dio de baja como militante y pidió ser recibida por Cerdán, entre otras cosas, para entregarle un pendrive con datos judiciales.
Los fiscales José Grinda e Ignacio Stampa denunciaron que el grupo al que pertenecía Leire Díez les había ofrecido favores a cambio de información comprometedora.
Y la Fiscalía atribuye a la “fontanera” liderar un grupo para desacreditar a las cúpulas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil y de la Fiscalía Anticorrupción, para ”anular” y “malbaratar” investigaciones que “afectan a políticos y empresarios”.
En esas denuncias se asegura que Díez se presentaba a las reuniones como representante del PSOE y hasta del presidente del Gobierno.
Moncloa rechaza esta versión, la atribuye a “fabulaciones” de la ahora investigada e intenta desligarse completamente de sus actividades.
La responsabilidad, en todo caso, sería de Cerdán a título particular, según la versión oficial del Gobierno y el PSOE.
Esa cápsula que el Gobierno quiere cerrar en Cerdán coincide con la posición de los socios de coalición y parlamentarios del PSOE, que no ocultan su incomodidad por estos casos y, sobre todo, por lo que pueda salir en el futuro.
Han encajado el encarcelamiento del ex responsable de Organización del PSOE, pero no están dispuestos a aguantar indicios de que Leire Díez era enviada del partido o la Moncloa y, sobre todo, que haya financiación ilegal, según explican.