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El Gobierno de Murcia, tras pactar con Vox, cierra el centro de menores 'Rosa Peñas', transformándolo en un centro sociosanitario.
Los menores del centro clausurado han sido reubicados, y el cambio busca un modelo de acogida más familiar, siguiendo recomendaciones de la Comisión Europea y la ONU.
El acuerdo PP-Vox incluye el cierre de centros, pruebas de edad y reagrupación familiar, con el objetivo de replicar este modelo en otras regiones españolas.
En Murcia y Comunidad Valenciana, se impulsa un modelo de "viviendas unifamiliares" para menores, gestionadas por asociaciones, similar al modelo gallego.
El Gobierno de la Región de Murcia ha clausurado el primer centro de protección de menores tras sus acuerdos con Vox para aprobar los Presupuestos de 2026.
El cierre de las instalaciones 'Rosa Peñas', ubicadas en la pedanía murciana de Santa Cruz, era una exigencia expresa de la formación liderada por José Ángel Antelo.
Eso sí, fuentes del Ejecutivo de Fernando López Miras (PP) insisten en que se trataba de un centro de menores, "no de menas", pues convivían niños españoles y extranjeros.
Los chicos ya han sido reubicados, mientras la antigua sede se reconvertirá en un centro sociosanitario.
Un portavoz del Gobierno autonómico destaca que la medida forma parte de "la transición a un modelo de acogida" donde los menores vivan "en un entorno lo más parecido posible a una familia".
Un enfoque que "coincide", dicen, "con las recomendaciones de la Comisión Europea, la ONU y del propio Ministerio de Infancia".
El mismo esquema se está impulsando en el Gobierno de Carlos Mazón en la Comunidad Valenciana, la única del PP que también pactó sus cuentas con Vox. Fuentes de su Consell confirman el avance hacia viviendas unifamiliares para grupos reducidos de menores, gestionadas por asociaciones.
700 menores en 40 centros
El entorno de López Miras lamenta el "acoso" mediático y de seguidores de Vox contra los menores, tanto en el antiguo centro como en su nueva ubicación.
"Se plantan a coger imágenes de los críos saliendo al cole. Y eso es una barbaridad", denuncia un portavoz regional.
La clausura, en todo caso, figuraba en el acuerdo de investidura y en el pacto de presupuestos con Vox, pero el Gobierno aclara que "evidentemente, eso no significa que se deje de atender a los menores".
En toda la Región de Murcia existen 40 centros de protección de menores con alrededor de 700 niños y adolescentes. El Gobierno murciano defiende que con el nuevo modelo se ganará en calidad y cercanía.
Mientras, Vox sostiene que el cierre del 'Rosa Peñas' es "un ejemplo de lo que puede hacer la gestión autonómica ante la migración irregular". El partido de Santiago Abascal usa la medida como bandera para reclamar su réplica en otras regiones donde aspira a gobernar.
"Si López Miras entiende que se pueden cerrar los centros de menores y hacer pruebas de edad… ¿por qué no hacerlo en otras regiones?", argumentan.
Y añaden, de inmediato, el caso del centro de primera acogida de Hortaleza (en Madrid), donde un joven de 23 años "se hizo pasar por menor" antes de cometer una violación.
Isabel Pérez Moñino, portavoz nacional de Agenda España de Vox, plantea extrapolar el modelo murciano, primero en municipios con gobiernos de Vox y luego en otras zonas decisivas.
"El pacto firmado entre López Miras y Vox tiene tres actuaciones: cerrar centros, pruebas periciales de edad y acuerdos de reagrupación familiar", añade.
Menas de Canarias
Entretanto, los menores extranjeros no acompañados (menas) procedentes de Canarias ya comienzan a ser trasladados a la Península, provocando nuevos conflictos en estas CCAA.
El Gobierno central ya ha remitido expedientes al Ejecutivo murciano, que alega la "saturación" de sus centros para rechazar nuevas entradas, aunque reconoce que "la ley es la ley" y tendrá que aceptar a los chicos que lleguen "por humanidad".
Las fuentes murcianas, eso sí, recuerdan la reclamación al Ministerio de Inclusión y Migraciones de "los fondos prometidos para afrontar el reparto obligatorio de menores". De no recibirlos, sostienen, no podrían "mantenerlos en unas condiciones dignas".
En la Comunidad Valenciana, mientras, la situación es similar, con Vox exigiendo "no aceptar más" menas. El Consell ya ha recibido dos envíos recientes, de dos y cinco menores, en la última semana.
El Ejecutivo de Mazón defiende que sus centros "ya estaban sobresaturados" tras un verano "terrible" de llegadas. Según datos a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, entre junio y agosto llegaron 240 menas por diversas rutas.
El Gobierno valenciano pide al central que realice las pruebas de edad "en origen" y asuma la congestión en Canarias. Critican el abandono de menores por la falta de iniciativa estatal, que a su juicio "genera conflictos".
Modelo gallego
Este nuevo "modelo familiar" en Murcia y Comunidad Valenciana se inspira en el que lleva funcionando en un par de décadas, con viviendas unifamiliares para grupos reducidos. Allí los menores disponen de habitaciones, zonas de juegos y apoyo psicológico, gestionados por asociaciones.
En Murcia ya existen algunos centros piloto con piscina, barbacoa y espacios de estudio. El Ejecutivo regional subraya que "centros como el de Santa Cruz no son el mejor lugar para que un niño crezca".
Este proceso de transformación empezó hace cinco años y ahora se acelera, coincidiendo con las medidas migratorias anunciadas por el PP nacional. El objetivo es crear "hogares y centros seguros" con educadores y tatas que fomenten el desarrollo de los menores.
Con este giro, Murcia y Valencia se alinean con una política de protección basada en el cuidado individualizado. El PP quiere reforzar así su imagen de partido "firme en inmigración", pero comprometido con la dignidad de los menores.