Un correo de la secretaria de Estado de Migraciones ponía en jaque a la Dirección General de Infancia y Familias de Canarias este miércoles a mediodía. La comunicación, a la que tuvo acceso este diario, fue enviada a las 14:48 hora peninsular (13:48 en Canarias), ordena el traslado de 10 menores en un vuelo programado para las 7:20 horas del jueves.
En apenas 17 horas, y fuera del horario de trabajo de los funcionarios del Ejecutivo insular, se imponía tramitar los expedientes para el cambio de guarda y custodia.
Es decir, emitir los documentos, organizar el equipo de funcionarios, con nombre, apellido y DNI, que acompañarían a los chicos en el vuelo, comunicarlo a la Fiscalía, recibir el acuerdo y embarcar a los menores en un vuelo comercial ya cerrado, que despega de madrugada desde Gran Canaria.
Pero el horario de los funcionarios canarios es de 7:00 a 14:00 horas. Es decir, que el email llegó apenas 12 minutos antes de que terminara su jornada laboral.
Además, la comunicación incluye el número de vuelo comercial asignado. Una precisión que deja claro que el traslado no admite demoras.
Y el correo llegaba apenas un día después de la respuesta airada del Gobierno canario a Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones. El Gobierno de Fernando Clavijo rechazaba como "falsas" las alegaciones del Ministerio de que "Canarias no entrega los expedientes".
Demoras continuadas
En la reunión del martes, el Ministerio acusó a Canarias de no tener la responsabilidad en la demora de los traslados: en más de dos meses, sólo han salido 182 de los 946 menores previstos.
El Ejecutivo autonómico replicó que Moncloa dispone de "exactamente los mismos datos" que ellos, porque hasta que no se pactaron "expediente a expediente" los nombres de los 946 menores con derecho a asilo no comenzaron los envíos a la Península, el pasado 11 de agosto.
Las fuentes consultadas aseguran que es habitual que el Gobierno imponga plazos cortos, "de un día para otro".
Pero que en esta ocasión todo parece diseñado para justificar ante el Tribunal Supremo los retrasos acumulados. Cabe recordar que la primera orden de la Justicia data del 25 de marzo.
Efectivamente, la prisa en este caso rebasa lo cotidiano. La exigencia de gestionar toda la documentación, incluyendo las resoluciones de Fiscalía, choca con la realidad de la jornada administrativa.
Este periódico se puso en contacto con el Gobierno de Canarias, pero fuentes oficiales evitaron hacer comentario alguno sobre el contenido del email de la secretaria de Estado Cancela. Pero sí que manifestaron que las alegaciones del Ejecutivo central "vulneran los derechos" de los menores.
"Nuestro esfuerzo va enfocado a velar por el interés superior del menor", subrayan estas fuentes. Y recuerdan que "unos 200 ya han cumplido la mayoría de edad esperando la atención del Estado".
Es más, una portavoz añade que "quedan en Canarias ahora más de 1.000 chicos y chicas que han solicitado asilo", al tiempo que reclama la misma responsabilidad ante el bienestar infantil que la "generosidad y flexibilidad" que ha demostrado el Ejecutivo autonómico.
El Gobierno canario critica las "continuas manipulaciones de las cifras" como "una falta de respeto a los niños y a los canarios". Y pide a Moncloa que se reconduzca la situación y no persista en la imposición de plazos inexigibles.
Antecedentes
La tensión se enmarca en el mandato del Tribunal Supremo del pasado marzo. El Alto Tribunal ordenó al Estado asumir "en 10 días" la custodia de más de mil menores solicitantes de asilo. Desde entonces, solo 182 han salido de las islas tras siete meses de retrasos.
Las discrepancias absorben las reuniones semanales interadministrativas. En el último encuentro, ambas partes se enfrentaron por sus visiones.
La estrategia del Gobierno central parece pasar por blindar su gestión imponiendo plazos imposibles para poder argumentar ante el Tribunal Supremo que el retraso no le es achacable. Sino que se debe a los incumplimientos de Canarias, que se mantiene en que "las trabas" provienen de Moncloa.
La consejería prevé que los funcionarios no puedan cumplir los requerimientos a tiempo, y los trabajadores sociales advierten del riesgo de vulneración de derechos. La demora administrativa prolonga el "hacinamiento", reconocido como "evidente" por el Supremo, en centros provisionales.